16 Septiembre 2015
CUESTIONADO. Hererra era investigado por otro fiscal por distintas causas. LA GACETA
Guillermo Herrera presentó la renuncia a la Fiscalía X y el gobernador José Alperovich ya se la aceptó. Esta decisión permitirá a Herrera acceder al beneficio de la jubilación con el 82% móvil y, a la vez, librarse del sumario administrativo que se cernía sobre su cabeza desde mayo de este año por orden de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Esa investigación interna estaba en manos de la fiscala Juana Prieto, pero en cuatro meses no hubo novedades.
Herrera enfrenta múltiples denuncias en sede penal y acumula tres pedidos de investigación jurisdiccional. Como con la dimisión caen los privilegios constitucionales que lo protegían, el ex fiscal será investigado como un ciudadano común. Por lo pronto, el fiscal Diego López Ávila (IV) advirtió la posible comisión de delitos en la conducta de Herrera respecto de las causas "Jorrat", "Rigourd" y "Teves". En este último caso, el fiscal López Ávila incluso pidió la investigación del testimonio de Roxana Teves que involucra a los letrados Alfredo Falú, Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez. El primero es hijo del ex ministro público Ricardo Falú mientras que los otros dos son hijos del actual ministro público Edmundo Jiménez.
El comportamiento de Herrera había sido controvertido por el Colegio de Abogados de la Capital y otros particulares. Tales ataques colocaron al Poder Judicial en una crisis que incluyó un conflicto entre el ministro público Jiménez y la Corte por el control de los expedientes "Teves", "Rigourd", "Valdez" y "Jorrat".
Como consecuencia de una auditoría que reveló abundantes anomalías en el trámite de dichos casos, Herrera acusó a Antonio Gandur, presidente de la Corte, de manejar una "Gestapo" judicial en referencia al Cuerpo de Auditores que practicó la fiscalización. En paralelo, la Asociación de Magistrados de Tucumán interpuso una denuncia inédita contra Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales. Antes del receso de invierno, Herrera se "autodenunció" ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, pero tal presentación -también inédita- fue archivada, junto con otro pedido de destitución articulado por Walter Fabián Delgado, que acusó a Herrera de otorgar indebidamente un lote al club San Martín.
Herrera enfrenta múltiples denuncias en sede penal y acumula tres pedidos de investigación jurisdiccional. Como con la dimisión caen los privilegios constitucionales que lo protegían, el ex fiscal será investigado como un ciudadano común. Por lo pronto, el fiscal Diego López Ávila (IV) advirtió la posible comisión de delitos en la conducta de Herrera respecto de las causas "Jorrat", "Rigourd" y "Teves". En este último caso, el fiscal López Ávila incluso pidió la investigación del testimonio de Roxana Teves que involucra a los letrados Alfredo Falú, Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez. El primero es hijo del ex ministro público Ricardo Falú mientras que los otros dos son hijos del actual ministro público Edmundo Jiménez.
El comportamiento de Herrera había sido controvertido por el Colegio de Abogados de la Capital y otros particulares. Tales ataques colocaron al Poder Judicial en una crisis que incluyó un conflicto entre el ministro público Jiménez y la Corte por el control de los expedientes "Teves", "Rigourd", "Valdez" y "Jorrat".
Como consecuencia de una auditoría que reveló abundantes anomalías en el trámite de dichos casos, Herrera acusó a Antonio Gandur, presidente de la Corte, de manejar una "Gestapo" judicial en referencia al Cuerpo de Auditores que practicó la fiscalización. En paralelo, la Asociación de Magistrados de Tucumán interpuso una denuncia inédita contra Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales. Antes del receso de invierno, Herrera se "autodenunció" ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, pero tal presentación -también inédita- fue archivada, junto con otro pedido de destitución articulado por Walter Fabián Delgado, que acusó a Herrera de otorgar indebidamente un lote al club San Martín.