La Corte hizo lugar a un hábeas corpus y emplazó al Gobierno a sacar a los presos de las comisarías

Existe superpoblación carcelaria. Así lo habían planteado los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, y no lo habían negado las autoridades del Poder Ejecutivo. Ayer, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que la situación es crítica por dos realidades que eclosionaron: “por un lado, el aumento de personas privadas de su libertad y, por el otro, la falta de inversión pública para ampliar la capacidad de las unidades del servicio penitenciario o crear nuevas y para acondicionar las dependencias policiales”.

El máximo tribunal hizo lugar ayer al hábeas corpus que habían presentado López Ávila y Giannoni y fijó plazos para que los presos sean sacados de las comisarías y trasladados a establecimientos del servicio penitenciario. Además, dispuso que sea personal de esta última dependencia la que se ocupe de la custodia de los detenidos en dependencias policiales, entre otros puntos.

La presentación del hábeas corpus colectivo había sido realizada luego de la muerte durante un motín de dos presos que estaban alojados en la Brigada Norte. El fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa había respondido que había un plan para ampliar la capacidad en Villa Urquiza, e informó que había 676 personas privadas de su libertad por delitos en calabozos de la Policía.

Admisión tácita

El Gobierno aceptó tácitamente que hay superpoblación carcelaria, según consideraron los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán, René Goane, Daniel Posse y Claudia Sbdar (esta última votó en disidencia parcial, pero también hizo lugar al hábeas corpus).

“En efecto, no se puso en discusión en autos la superpoblación de personas privadas de su libertad, tanto en las instalaciones del servicio penitenciario, como en las dependencias policiales provinciales. Particularmente, se admitió que en dichas dependencias pueden hallarse a detenidos, procesados con prisión preventiva, condenada y contraventora. De hecho, el reconocimiento llegó a tal punto que -para paliar la situación comentada- se anunciaron diversas obras en los lugares de detención, traslados de detenidos en dependencias policiales a unidades penitenciarias y la incorporación de personal penitenciario”, sostuvo la Corte.

“No caben dudas de que el Estado provincial incumple con las condiciones de trato reconocidas a las personas privadas de su libertad por el estándar normativo y jurisprudencial antes definido”, agregaron los vocales en sus considerandos.

La Corte dispuso que en un plazo máximo de 15 días corridos, contados desde ayer, el Gobierno debe trasladar a 200 detenidos. Este plazo se cumplirá el 28 de agosto, pero las autoridades ya habían anunciado que han trasladado a 150 presos y prevé hacerlo con otros 50 en los próximos meses. De esta manera, estarían cerca de cumplir con la primera etapa.

El segundo plazo es de 90 días contados desde que termine el primer período (es decir hasta el 26 de noviembre) y contempla el traslado de otras 150 personas privadas de su libertad. Finalmente, el 24 de mayo del año que viene (180 días corridos desde la última fecha), no debería haber más presos en las comisarías.

Las obras

En el fallo, el máximo tribunal incluyó las obras que se había comprometido a realizar la Provincia. Así, la Corte dispuso que se construya la alcaidía con capacidad para 400 personas, dentro del complejo penitenciario de Villa Urquiza, “otorgándole absoluta prioridad a la obra y fijando un preciso plazo para su culminación”.

También ordenó que se concluya en las unidades “1” (penados) y “2” (procesados) “los baños, la red cloacal, la iluminación y la perforación de agua potable en 15 días corridos a contar desde la presente decisión” y en las unidades “3” (Concepción), “4” (mujeres) y “5” (jóvenes adultos) deben estar listas las mejoras en la infraestructura el 11 de diciembre (120 días corridos).

Mientras tanto, las dependencias policiales tendrán que ser areggladas para mejorar las condiciones de detención. En las comisarías, la custodia de los presos tendrá que estar a cargo de personal del servicio penitenciario, relevando a los policías de esa función.

En total, serán 285 días corridos (poco más de nueve meses) los que otorgó la Corte para que los presos sean sacados de las comisarías. Sbdar, en su voto en disidencia, había fijado un sólo período de 270 días corridos.

Control

Hasta que concluya todo el proceso, la Corte Suprema delegó en López Ávila y en Giannoni el control del cumplimiento de los plazos establecidos. Los fiscales deberán elevar cada 20 días informes “pormenorizados respecto del progreso de dichos traslados, de las obras que deben ejecutarse y de la regularización de la situación de las personas detenidas por causas contravencionales”.

De esta manera, los representantes del Ministerio Público habrían quedado facultados para realizar inspecciones en las comisarías y en el penal de Villa Urquiza, de manera de controlar las condiciones en las que se encuentran los detenidos, ya sea por causas penales o por contravenciones.

El voto de la vocal Sbdar también difirió en este punto. La magistrada había considerado que era el Poder Ejecutivo el que debía presentar los informes cada 20 días sobre el traslado de presos, pero no sobre el avance de las obras.

La voz de una vecina

Entre los fundamentos del fallo, la Corte Suprema mencionó la presentación que había realizado una vecina de la Brigada de Investigaciones Norte, en Yerba Buena. “Resultan alarmantes los riesgos a los que estuvimos expuestos todos los vecinos colindantes (a la Brigada Norte), véase que se produjo un incendio que terminó con la vida de dos detenidos y afectó la salud de los demás que tuvieron que ser internados. Sin embargo, nadie reparó en la posibilidad de que el fuego hubiera avanzado sobre las casas vecinas, en las cuales viven también menores de edad”, sostuvo María Carolina Cuenya. La vecina recordó que en fugas anteriores, los presos escaparon por los techos. “Podrían haber ingresado y tomado de rehén a algunos de los residentes con el fin de lograr su cometido”, había opinado Cuenya.

Reforma de una ley objetada

Exhortó al poder ejecutivo para que modifique el proceso de detención de los contraventores

La Corte Suprema también resolvió la situación de los detenidos por contravenciones, proceso que ya había declarado inconstitucional en el fallo “Núñez, José Gerardo s/ Infracción al art. 15 inc. 4 L.C.P. Recurso de Apelación. Incidente de inconstitucionalidad”. Por ello, exhortó al Ejecutivo a regularizar la situación de todos los detenidos por contravenciones a través de la intervención de un defensor o letrado particular en cada uno de los casos, la comunicación inmediata al juez de la situación procesal de contraventores y que la conversión de la multa a días cárcel no puede realizarse sino luego de que la autoridad policial haya agotado los medios extra judiciales y judiciales para su pago. También exhortó al Poder Legislativo a reformar la ley de Contravenciones.

La comisión que no se creó

Incitó al Gobierno a crear la comisión de prevención de la tortura y tratos crueles

El máximo tribunal también exhortó al Poder Ejecutivo a crear la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes como órgano de aplicación en la Provincia de Tucumán del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que había sido creado por ley provincial. En septiembre del año pasado, cuando se conoció un video de policías que golpeaban a un preso mientras le exigían que imite sonidos de un animal, el gobernador José Alperovich anunció que le pediría al secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava, la creación de la comisión. Pasaron 11 meses desde aquel anunció, pero aún no fue concretado.

Información sobre detenidos

Pidió al Ministerio Público Fiscal que se haga cargo de la elaboración de un registro

Los datos que había proporcionado el Poder Ejecutivo ante la presentación del hábeas corpus, impidió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia deducir con claridad y precisión la situación procesal en la que actualmente se encuentran las personas privadas de su libertad que fueron alojadas en dependencias policiales. Por ello, el máximo tribunal recordó que el Código Procesal Constitucional ordenó la creación del “Registro Provincial de Personas detenidas, privadas o restringidas de su libertad física”. Una acordada de la Corte de 2007 había delegado esa creación en el Ministerio Público Fiscal. Además, la responsabilidad de informar la situación de los detenidos había recaído en el ministerio de Seguridad de la Provincia.

Cronología del hábeas corpus

MOTÍN Y MUERTE.- El 29 de junio, cerca del mediodía, se produjo un motín en el calabozo de la Brigada de Investigaciones Norte. Los presos se habrían resistido a una requisa, y en protesta prendieron fuego a un colchón. Dos detenidos fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Esa misma tarde, los fiscales de Instrucción Diego López Ávila y Adriana Giannoni presentaron el hábeas corpus colectivo contra el Poder Ejecutivo.

RESPUESTA.- Dos días después, la Provincia respondió el hábeas corpus, informando que había 676 presos por causas penales en comisarías y que estaba en marcha un plan para ampliar la capacidad de Villa Urquiza. El 14 de julio se realizó una audiencia con representantes del Poder Judicial y del Gobierno.

Adhesión.- Entre el viernes y el martes, tres organizaciones se presentaron como “amicus curiae” (amigos del tribunal) y acompañaron sus argumentos para que se dé lugar al hábeas corpus. Entre ellos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había pedido a la Corte que resuelva de forma urgente la situación.