Por Roberto Delgado
18 Julio 2015
De golpe estalló la violencia en Tafí del Valle, en un lugar muy apetecible, muy cerca de la rotonda de ingreso a la villa turística. Allí llovieron las balas y las piedras entre los hombres del empresario Bruno Petech y miembros de la comunidad indígena diaguita. De golpe estalló la violencia para la luz pública, pero el conflicto ya venía incubándose desde hace mucho, y así se lo ve en el video del incidente grabado por José Enrique Choqui, publicado en LA GACETA del martes pasado. En este caso particular, los tafinistos le reclaman a Petech que quiere apropiarse de un predio enorme para construir su estación de servicio (en el km 60, junto a Vialidad) y él dice que tiene los papeles de la compra del terreno. El comisario Dardo Romano, de la comisaría de Tafí del Valle, reconoció que Petech mostró documentación sobre la propiedad de 15 hectáreas, pero los lugareños dicen que el hombre iba a alambrar mucho más. Del incidente resultaron 15 heridos, le allanaron casas a Petech y su compañia cementera en Lules, le secuestraron cinco armas, se detuvo a dos de sus empleados y hay orden de captura en su contra y la de su hermano Rodolfo.
De prepo
Este incidente es la cara más dramática de los conflictos de las comunidades indígenas: la de la posesión de la tierra, que les ha reconocido la Constitución nacional de 1994 y la ley 26.160, pero que en los hechos ha generado incidentes dramáticos por muchas partes de la provincia en los últimos años, ninguno de los cuales ha sido resuelto. La fiscala Mónica García de Targa, de Monteros, dice que en abril estuvo en Buenos Aires ante las autoridades del INAI (Instituto de asuntos indígenas) y del Inadi (instituto contra la discriminación), las cuales “deben resolver el relevamiento de las comunidades (indígenas) y otorgar las personerías jurídicas (...) para que se defina cuáles son las tierras sobre las que tienen posesión. Pero como estos trámites todavía no se resolvieron, tenemos que lamentar este enfrentamiento”. Petech afirma que según el INAI esas tierras no forman parte de la comunidad. El cacique de Tafí, Santos Pastrana, que ya presentó tres denuncias contra el empresario, replica: “Ellos nos amenazan e intentan tomar las tierras de prepo”.
De O’Brien a Chocobar
Como el caso de Petech hubo muchos. Primero fueron aislados, como el del sicario Eduardo O’Brien en Anfama en 1989, muerto en medio de una pueblada, y después fueron indicentes que se repitieron y fueron aumentando en violencia. El más dramático ha sido el del cacique Javier Chocobar, asesinado el 12 de octubre de 2009 en una discusión por tierras de Chuscha. Por esta muerte están acusados Darío Amín y los ex policías José Valdivieso (emparentado con el ex jefe de Policía Hugo Sánchez) y Luis “El Niño” Gómez, sindicado como ex integrante del tenebroso Comando Atila en los años 80. El caso ha sido enviado a juicio en 2011 pero con sucesivas apelaciones se espera que la sala IV sustancie el proceso oral este año. “El problema son los terratenientes. La justicia penal los protege”, dice Carlos Garmendia, abogado querellante en el caso Chocobar. Otros incidentes: la toma de tierras en 2012 en la Estancia Riarte (Trancas) por parte de una comunidad Indio Colalao, resuelta con una orden de desalojo del juez Francisco Pisa y ejecutada por el fiscal Guillermo Herrera con 250 policías. Uno de los que pidieron el desalojo, Jorge Posse, dio uno de los argumentos fundamentales de los dueños de las tierras: “jamás hubo comunidades indígenas en el campo”, definió. En otro caso, fue quemada en junio de 2013 la casa de la Comunidad Indígena de El Nogalito. El caso fue llevado por la organización Andhes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exhortó al Estado provincial a que “convoque al diálogo con los principales representantes de sus órganos competentes y las partes en conflicto”. Nada se ha hecho en este sentido. En 2010, en las Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, los investigadores Gustavo Landi y Clara y Milagros Aprea de la Universidad Nacional de La Plata expusieron que a pesar de que la ley 26.160 impide que se ejecuten desalojos de indígenas, “en el último tiempo se han venido llevando a cabo una serie de desalojos en Colalao del Valle”, prácticas que hacen ineficiente la ley.
Intereses económicos
Colalao del Valle está en la punta norte del sector que podría corresponder a la comunidad Quilmes. El defensor del pueblo, Hugo Cabral, explica que el relevamiento que se ha hecho -establecido por la ley 26.160- indica que hay que estudiar qué parte del territorio entre Colalao del Valle y Catamarca, a lo largo de la ruta 40, quedará para esa comunidad, que en los últimos tiempos ha estado envuielta en violentas disputas de poder entre los caciques Francisco Chaile y Juan Santiago Santos. A Chaile -expulsado de la Ciudad Sagrada de Quilmes y detenido desde hace un mes y medio por haber entrado en una incursión armada al predio- lo apoyan el INAI, la Comundiad indígena Quilmes y Andhes. Estos dicen que a Santos lo apoya Héctor Cruz, ex cacique que desde 1992 estuvo como concesionario de las ruinas de Quilmes por autorización del gobierno de Ramón Ortega y Sisto Terán. Fue desalojado por el Gobierno 16 años después. Cruz también en los 90 fue noticia por incidentes en sus peleas con otro cacique. En uno de esos episodios le incendiaron a Cruz un tractor, en cuyo interior estaba un adolescente que casi terminó muerto. Volviendo al cacique Chaile, ya a comienzos de 2014 Andhes había pedido un amparo para que se le restituya el predio de la Ciudad Sagrada pero nunca se dio la orden para desalojar a Santos.
El juez de Monteros Mario Velázquez, que pidió que el conflicto por las Ruinas de Quilmes llegue a juicio lo antes posible, justificó que el cacique esté preso porque -dice- está acusado por un ataque con robo agravado y amenazas. Independientemente del conflicto entre los caciques -explicó- nadie puede tomar armas y hacer justicia por mano propia. Y advierte: “El Estado debe hacerse cargo. Cada vez hay más violencia. ¿Qué estamos esperando? En estos asuntos hay intereses económicos fuertes”.
14 comunidades
¿Cómo saber de quién es la tierra? Aunque la fiscala García de Targa dice que aún no se resolvió el problema de la posesión de la tierra, el defensor del pueblo replica que desde hace dos años está listo el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que ha tenido su propia y complicada historia. Primero, en 2008, se le encargó a la UNT, pero en 2012 la Auditoría General de la Nación denunció que no se había hecho ni el 5% del rastreo poblacional y que la Universidad no había rendido cuentas del 1,1 millón de pesos recibido para ello. Tras la polémica, el estudio pasó a la Defesoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos, que lo terminaron en diciembre de 2013. Se determinó que hay 14 comunidades en Tucumán, dos de las cuales no pudieron ser relevadas por problemas internos: la de El Rincón (camino a Las Carreras, desde El Mollar) y la de Indio Colalao (Trancas), en la que hay un enfrentamiento entre el Consejo de Ancianos y la cacica, según relata Hugo Cabral. “Hace dos años está listo el informe de Tucumán. Ahora la Nación debe decidir y acordar con las comunidades qué tierras corresponden y qué se hará, si comprar o expropiar”, explicó Cabral.
Crecimiento veloz
Mientras tanto, el crecimiento de infraestructura y de emprendimientos económicos en los Valles se consolida a toda velocidad y el incidente de Petech y los diaguitas muestra lo que puede repetirse con frecuencia. El Estado, presionado por la gran cantidad de interses en juego, prefiere mirar para otro lado y espera que el problema siga invisible y se resuelva por sí solo. Y se resuelve de la peor manera, a los tiros, o se extiende en conflictos interminables, como pasa en Quilmes. Los intereses y la falta de acciones convierten todo en la ley de la selva. “¿No habéis oído la palabra salvaje, que anda revoloteando sobre nuestras cabezas? De eso se trata, de ser o no ser salvajes”, dice Sarmiento en el Facundo, cuyo subtítulo es “civilización y barbarie”. En esta situación de salvajismo, no se sabe dónde termina la civilización y dónde empieza la barbarie.
De prepo
Este incidente es la cara más dramática de los conflictos de las comunidades indígenas: la de la posesión de la tierra, que les ha reconocido la Constitución nacional de 1994 y la ley 26.160, pero que en los hechos ha generado incidentes dramáticos por muchas partes de la provincia en los últimos años, ninguno de los cuales ha sido resuelto. La fiscala Mónica García de Targa, de Monteros, dice que en abril estuvo en Buenos Aires ante las autoridades del INAI (Instituto de asuntos indígenas) y del Inadi (instituto contra la discriminación), las cuales “deben resolver el relevamiento de las comunidades (indígenas) y otorgar las personerías jurídicas (...) para que se defina cuáles son las tierras sobre las que tienen posesión. Pero como estos trámites todavía no se resolvieron, tenemos que lamentar este enfrentamiento”. Petech afirma que según el INAI esas tierras no forman parte de la comunidad. El cacique de Tafí, Santos Pastrana, que ya presentó tres denuncias contra el empresario, replica: “Ellos nos amenazan e intentan tomar las tierras de prepo”.
De O’Brien a Chocobar
Como el caso de Petech hubo muchos. Primero fueron aislados, como el del sicario Eduardo O’Brien en Anfama en 1989, muerto en medio de una pueblada, y después fueron indicentes que se repitieron y fueron aumentando en violencia. El más dramático ha sido el del cacique Javier Chocobar, asesinado el 12 de octubre de 2009 en una discusión por tierras de Chuscha. Por esta muerte están acusados Darío Amín y los ex policías José Valdivieso (emparentado con el ex jefe de Policía Hugo Sánchez) y Luis “El Niño” Gómez, sindicado como ex integrante del tenebroso Comando Atila en los años 80. El caso ha sido enviado a juicio en 2011 pero con sucesivas apelaciones se espera que la sala IV sustancie el proceso oral este año. “El problema son los terratenientes. La justicia penal los protege”, dice Carlos Garmendia, abogado querellante en el caso Chocobar. Otros incidentes: la toma de tierras en 2012 en la Estancia Riarte (Trancas) por parte de una comunidad Indio Colalao, resuelta con una orden de desalojo del juez Francisco Pisa y ejecutada por el fiscal Guillermo Herrera con 250 policías. Uno de los que pidieron el desalojo, Jorge Posse, dio uno de los argumentos fundamentales de los dueños de las tierras: “jamás hubo comunidades indígenas en el campo”, definió. En otro caso, fue quemada en junio de 2013 la casa de la Comunidad Indígena de El Nogalito. El caso fue llevado por la organización Andhes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exhortó al Estado provincial a que “convoque al diálogo con los principales representantes de sus órganos competentes y las partes en conflicto”. Nada se ha hecho en este sentido. En 2010, en las Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, los investigadores Gustavo Landi y Clara y Milagros Aprea de la Universidad Nacional de La Plata expusieron que a pesar de que la ley 26.160 impide que se ejecuten desalojos de indígenas, “en el último tiempo se han venido llevando a cabo una serie de desalojos en Colalao del Valle”, prácticas que hacen ineficiente la ley.
Intereses económicos
Colalao del Valle está en la punta norte del sector que podría corresponder a la comunidad Quilmes. El defensor del pueblo, Hugo Cabral, explica que el relevamiento que se ha hecho -establecido por la ley 26.160- indica que hay que estudiar qué parte del territorio entre Colalao del Valle y Catamarca, a lo largo de la ruta 40, quedará para esa comunidad, que en los últimos tiempos ha estado envuielta en violentas disputas de poder entre los caciques Francisco Chaile y Juan Santiago Santos. A Chaile -expulsado de la Ciudad Sagrada de Quilmes y detenido desde hace un mes y medio por haber entrado en una incursión armada al predio- lo apoyan el INAI, la Comundiad indígena Quilmes y Andhes. Estos dicen que a Santos lo apoya Héctor Cruz, ex cacique que desde 1992 estuvo como concesionario de las ruinas de Quilmes por autorización del gobierno de Ramón Ortega y Sisto Terán. Fue desalojado por el Gobierno 16 años después. Cruz también en los 90 fue noticia por incidentes en sus peleas con otro cacique. En uno de esos episodios le incendiaron a Cruz un tractor, en cuyo interior estaba un adolescente que casi terminó muerto. Volviendo al cacique Chaile, ya a comienzos de 2014 Andhes había pedido un amparo para que se le restituya el predio de la Ciudad Sagrada pero nunca se dio la orden para desalojar a Santos.
El juez de Monteros Mario Velázquez, que pidió que el conflicto por las Ruinas de Quilmes llegue a juicio lo antes posible, justificó que el cacique esté preso porque -dice- está acusado por un ataque con robo agravado y amenazas. Independientemente del conflicto entre los caciques -explicó- nadie puede tomar armas y hacer justicia por mano propia. Y advierte: “El Estado debe hacerse cargo. Cada vez hay más violencia. ¿Qué estamos esperando? En estos asuntos hay intereses económicos fuertes”.
14 comunidades
¿Cómo saber de quién es la tierra? Aunque la fiscala García de Targa dice que aún no se resolvió el problema de la posesión de la tierra, el defensor del pueblo replica que desde hace dos años está listo el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que ha tenido su propia y complicada historia. Primero, en 2008, se le encargó a la UNT, pero en 2012 la Auditoría General de la Nación denunció que no se había hecho ni el 5% del rastreo poblacional y que la Universidad no había rendido cuentas del 1,1 millón de pesos recibido para ello. Tras la polémica, el estudio pasó a la Defesoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos, que lo terminaron en diciembre de 2013. Se determinó que hay 14 comunidades en Tucumán, dos de las cuales no pudieron ser relevadas por problemas internos: la de El Rincón (camino a Las Carreras, desde El Mollar) y la de Indio Colalao (Trancas), en la que hay un enfrentamiento entre el Consejo de Ancianos y la cacica, según relata Hugo Cabral. “Hace dos años está listo el informe de Tucumán. Ahora la Nación debe decidir y acordar con las comunidades qué tierras corresponden y qué se hará, si comprar o expropiar”, explicó Cabral.
Crecimiento veloz
Mientras tanto, el crecimiento de infraestructura y de emprendimientos económicos en los Valles se consolida a toda velocidad y el incidente de Petech y los diaguitas muestra lo que puede repetirse con frecuencia. El Estado, presionado por la gran cantidad de interses en juego, prefiere mirar para otro lado y espera que el problema siga invisible y se resuelva por sí solo. Y se resuelve de la peor manera, a los tiros, o se extiende en conflictos interminables, como pasa en Quilmes. Los intereses y la falta de acciones convierten todo en la ley de la selva. “¿No habéis oído la palabra salvaje, que anda revoloteando sobre nuestras cabezas? De eso se trata, de ser o no ser salvajes”, dice Sarmiento en el Facundo, cuyo subtítulo es “civilización y barbarie”. En esta situación de salvajismo, no se sabe dónde termina la civilización y dónde empieza la barbarie.
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