13 Junio 2015
Condenan a un ex juez por su labor en la dictadura
Manlio Martínez se convirtió en el primer ex magistrado en recibir una sentencia por delitos durante el terrorismo de Estado. Según el fallo del TOF, fue autor de diversos delitos; entre ellos, abuso de autoridad y encubrimiento en la investigación de la matanza de cinco militantes de Montoneros. Durante sus palabras finales ante el Tribunal Oral, el ex magistrado pronunció una frase en latín que significa: “la suerte está echada”.
PENADO. El ex juez federal Manlio Martínez, bastón en mano y sentado en el banquillo, aguarda la sentencia del TOF. Finalmente, sería condenado. la gaceta / fotos de analía jaramillo
Hace 15 días, María Alejandra Romero Niklison, abogada querellante en la causa e hija de una de las víctimas, había mirado a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) y, durante su alegato, les había pedido “hacer historia”. Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón dictaron ayer un fallo inédito en la provincia y el país: condenaron a 16 años de prisión al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez por crímenes de lesa humanidad en el contexto del terrorismo de Estado. De acuerdo con la acusación, sus “acciones y omisiones” habían legitimado las ejecuciones de cinco personas y “asegurado” la impunidad de los asesinos.
Es la primera vez que un ex magistrado -lo fue entre 1974 y 1984- resulta condenado por su desempeño en un caso durante la dictadura. El ex juez Víctor Brusa, de Santa Fe, había sido hallado también culpable en 2014, pero era secretario al momento de los hechos.
Martínez es, además, el segundo civil en ser penado en Tucumán (en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” había sido condenado un ex agente de inteligencia).
La sala del TOF estuvo colmada. Las expectativas bulleron en los sectores donde se ubicaron sobrevivientes y familiares de víctimas, y allegados y parientes del imputado. A las 9, Martínez habló por última vez (ver: “Reiteró...”). Dos horas después, se supo el veredicto.
Los delitos
El entramado de imputaciones es complejo. Por un lado, Martínez fue encontrado responsable -como autor- de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento por su rol en la investigación de la “matanza” de los militantes de Montoneros Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen en mayo de 1976. Los jueces descartaron la acusación como partícipe de los homicidios.
Por otro lado, lo culparon por privación ilegal de la libertad, abuso de las funciones agravado (“por grave daño en la persona y la salud”), de abuso de autoridad y prevaricato en el caso del secuestro y posterior detención de Miguel Ángel Romano, dueño de la casa de la calle Azcuénaga 1.816/1.820, donde se produjeron los homicidios. Además, fue considerado coautor de asociación ilícita agravada.
El Tribunal dispuso mantener “provisionalmente” la prisión domiciliaria que Martínez cumple desde julio (sufre problemas cardíacos) y establecer que cada tres meses sea sometido a exámenes para determinar si está en condiciones de ser alojado en una cárcel.
Los fiscales Pablo Camuña, Diego Velasco y Agustín Chit habían requerido que Martínez dejara de gozar de una jubilación “especial” prevista por el régimen previsional vigente al momento de su retiro y cobrara una ordinaria. Al respecto, los jueces consignaron: “en función de lo solicitado y la irregularidad de la jubilación especial percibida en virtud de lo aquí resuelto, remitir a Anses copia de la sentencia y del acta de debate respectiva, a sus efectos”. Las partes anticiparon que esperarán la difusión los fundamentos del fallo (el viernes 19) para conocer los alcances de este punto. El TOF abrió además una puerta para que otros funcionarios judiciales sean investigados por los hechos, al ordenar que una serie de testimonios de víctimas sean remitidos a un juez federal.
Martínez tiene la chance de apelar el fallo en Casación. Sus defensores Vanessa Lucero, y Manuel Bonnin habían requerido que fuera absuelto al entender que no tenía competencia para actuar en el caso de los cinco crímenes, y que su desempeño en el caso Romano había sido ajustado a las normas y ratificado en instancias superiores.
El debate -había comenzado el 12 de marzo- es por una causa derivada de la conocida como “Romero Niklison” (2011), que sumó una pena más a perpetua a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz.
“Sin saber, le salvamos la vida a mi padre”
María Delina Romano - Querellante-víctima
Miguel Romano era el dueño de la casa en la que se produjeron las ejecuciones. Luego del violento hecho, se había presentado espontáneamente en el Juzgado. Quedó detenido por orden del ex juez Manlio Martínez por su posible relación con los militantes asesinados y fue llevado a la Jefatura, donde fue torturado. Su salud se deterioró porque sufría una enfermedad psiquiátrica y terminó internado. Fue absuelto años después. Sus hijas María Delina, Silvia y Lucía estuvieron en la sala. “Estamos aliviados. Llevamos años esperando un juicio justo para Martínez, como el que no tuvo mi padre”, afirmó Lucía llorando. María Delina recordó que junto a Silvia pudieron ver a su padre cuando era ingresado en la Jefatura: “sin saber, le salvamos la vida. Él estaba desaparecido y le avisamos a mi abuela dónde estaba. Hoy sería un desaparecido más”.
“Sienta un precedente sobre las complicidades”
“Miguel Armando Romano fue víctima y hoy se lo reconoce. Él hubiese deseado esto. Falleció hace cinco años y la Justicia, tras 39 años, declara su privación ilegal de la libertad, el abuso de autoridad y el prevaricado por su caso en el contexto de lesa humanidad”. Bernardo Lobo Bugeau, querellante en representación del Estado nacional y de la familia Romano junto al letrado Pablo Gargiullo, remarcó que el fallo sienta un valioso precedente para el juzgamiento de las llamadas “complicidades civiles” durante el terrorismo de Estado. Afirmó que analizarán los fundamentos para estudiar si piden la revisión de algún aspecto del dictamen. “Una sentencia de este tipo, tras un debate de tres meses y con jueces de distintas jurisdicciones (son de Córdoba y de Capital Federal) es de máxima importancia para analizar el rol de las instituciones civiles”, concluyó.
La Fiscalía trabajará en nuevos casos
Diego Velasco - Fiscal general ante el TOF
Los fiscales Diego Velasco, Pablo Camuña (N°2, a cargo de la oficina local de crímenes contra la humanidad) y Agustín Chit (ad hoc) llevaron adelante la acusación. Celebraron la condena, pero expresaron que estudiarán los fundamentos para analizar si apelan algunos aspectos del fallo. “Estamos contentos en términos generales. Habíamos solicitado que fuera condenado por participación secundaria en los cinco homicidio y no se consideró. Pese a ello, el número de años es importante y cercano a los 25 años que habíamos pedido”, afirmó Velasco. Valoró que se revise la salud del imputado periódicamente. Chit, por su parte, recordó que el aporte del condenado al accionar represivo fue tanto por “omisión como por acción”. Consignó que ya se encuentran trabajando en casos que se plantearon durante el debate.
“Sentimos una alegría muy grande porque uno deja mucho en esto, más allá de lo jurídico, dejamos parte del corazón en el juicio”. María Alejandra Romero Niklison escuchó la sentencia con la foto de su madre sobre su escritorio. La abogada querellante es hija de Alejandra Niklison, una de las víctimas de la “matanza” de la calle Azcuénaga. Emocionada, expresó estar conforme con la sentencia, aunque adelantó que apelarán porque esperaban una pena mayor (junto a su colega Emilio Guagnini habían requerido 25 años). “Estoy conforme con que se hayan brindado las garantías al imputado y que haya tenido las posibilidades de decir lo que pensaba y sostener su verdad. Sus abogados hicieron una labor muy intensa. Fue un juicio muy movido en lo jurídico. Nadie puede decir que cuando se sentó ya estaba condenado”, afirmó.
Martínez reiteró su inocencia, estuvo inmutable y salió sonriente
“Alea jacta est” (la suerte está echada). Con esa frase latina del emperador romano Julio César el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez cerró ayer sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal (TOF). Dos horas después, fue condenado por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en su desempeño como magistrado durante la dictadura.
El abogado (69 años) llegó temprano al edificio, ubicado en calle Chacabuco y Crisóstomo Álvarez. Permaneció en la sala aún vacía, sentado o caminando para estirar las piernas con la ayuda de un bastón.
Pasadas las 9, fue convocado por el presidente del TOF, Hugo Cataldi, para expresarse antes de la sentencia. Martínez había declarado varias veces durante el juicio. En todas las ocasiones, había brindado su versión de los hechos, cuestionado la investigación fiscal y sostenido su inocencia. Ayer no fue la excepción. “Una sola causa se ha puesto a disposición para juzgar mi conducta en 10 años de juez federal (...). Hay que reconocer que tanto el requerimiento de instrucción, la elevación a juicio y la sentencia de la Cámara tienen mucho de Borges porque son puro cuento. El ‘no hacer’ que me imputan es un argumento portentosamente delirante”, criticó.
Aseguró que no tenía competencia para intervenir en el caso de las ejecuciones, dado que debía hacerlo la Justicia militar. Rechazó una vez más, la imputación por asociación ilícita. Consignó que los represores de los que lo acusan de ser “socio” lo amenazaron y pusieron una bomba en su casa. “Actué dentro de la ley, hice lo que pude y lo que me dejaban. La Justicia fue privada de la espada y se le dejó sólo la balanza. Con esa balanza trate de que fuera equilibrada y justa”, consignó. Escuchó la sentencia sin inmutarse.
Tras el veredicto, sus familiares y amigos lo aplaudieron y le dieron ánimo en su camino hacia la unidad de traslado. Martínez se fue sonriendo.
El condenado fue juez entre 1974 y 1984. Luego, fue docente en la UNT y ejerció su profesión. También incursionó en política en el Partido Justicialista, el FAP y Acción por la República.
Es la primera vez que un ex magistrado -lo fue entre 1974 y 1984- resulta condenado por su desempeño en un caso durante la dictadura. El ex juez Víctor Brusa, de Santa Fe, había sido hallado también culpable en 2014, pero era secretario al momento de los hechos.
Martínez es, además, el segundo civil en ser penado en Tucumán (en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” había sido condenado un ex agente de inteligencia).
La sala del TOF estuvo colmada. Las expectativas bulleron en los sectores donde se ubicaron sobrevivientes y familiares de víctimas, y allegados y parientes del imputado. A las 9, Martínez habló por última vez (ver: “Reiteró...”). Dos horas después, se supo el veredicto.
Los delitos
El entramado de imputaciones es complejo. Por un lado, Martínez fue encontrado responsable -como autor- de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento por su rol en la investigación de la “matanza” de los militantes de Montoneros Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen en mayo de 1976. Los jueces descartaron la acusación como partícipe de los homicidios.
Por otro lado, lo culparon por privación ilegal de la libertad, abuso de las funciones agravado (“por grave daño en la persona y la salud”), de abuso de autoridad y prevaricato en el caso del secuestro y posterior detención de Miguel Ángel Romano, dueño de la casa de la calle Azcuénaga 1.816/1.820, donde se produjeron los homicidios. Además, fue considerado coautor de asociación ilícita agravada.
El Tribunal dispuso mantener “provisionalmente” la prisión domiciliaria que Martínez cumple desde julio (sufre problemas cardíacos) y establecer que cada tres meses sea sometido a exámenes para determinar si está en condiciones de ser alojado en una cárcel.
Los fiscales Pablo Camuña, Diego Velasco y Agustín Chit habían requerido que Martínez dejara de gozar de una jubilación “especial” prevista por el régimen previsional vigente al momento de su retiro y cobrara una ordinaria. Al respecto, los jueces consignaron: “en función de lo solicitado y la irregularidad de la jubilación especial percibida en virtud de lo aquí resuelto, remitir a Anses copia de la sentencia y del acta de debate respectiva, a sus efectos”. Las partes anticiparon que esperarán la difusión los fundamentos del fallo (el viernes 19) para conocer los alcances de este punto. El TOF abrió además una puerta para que otros funcionarios judiciales sean investigados por los hechos, al ordenar que una serie de testimonios de víctimas sean remitidos a un juez federal.
Martínez tiene la chance de apelar el fallo en Casación. Sus defensores Vanessa Lucero, y Manuel Bonnin habían requerido que fuera absuelto al entender que no tenía competencia para actuar en el caso de los cinco crímenes, y que su desempeño en el caso Romano había sido ajustado a las normas y ratificado en instancias superiores.
El debate -había comenzado el 12 de marzo- es por una causa derivada de la conocida como “Romero Niklison” (2011), que sumó una pena más a perpetua a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz.
“Sin saber, le salvamos la vida a mi padre”
María Delina Romano - Querellante-víctima
Miguel Romano era el dueño de la casa en la que se produjeron las ejecuciones. Luego del violento hecho, se había presentado espontáneamente en el Juzgado. Quedó detenido por orden del ex juez Manlio Martínez por su posible relación con los militantes asesinados y fue llevado a la Jefatura, donde fue torturado. Su salud se deterioró porque sufría una enfermedad psiquiátrica y terminó internado. Fue absuelto años después. Sus hijas María Delina, Silvia y Lucía estuvieron en la sala. “Estamos aliviados. Llevamos años esperando un juicio justo para Martínez, como el que no tuvo mi padre”, afirmó Lucía llorando. María Delina recordó que junto a Silvia pudieron ver a su padre cuando era ingresado en la Jefatura: “sin saber, le salvamos la vida. Él estaba desaparecido y le avisamos a mi abuela dónde estaba. Hoy sería un desaparecido más”.
“Sienta un precedente sobre las complicidades”
Bernardo Lobo Bugeau - Querellante-Secretaría DDHH de la Nación
“Miguel Armando Romano fue víctima y hoy se lo reconoce. Él hubiese deseado esto. Falleció hace cinco años y la Justicia, tras 39 años, declara su privación ilegal de la libertad, el abuso de autoridad y el prevaricado por su caso en el contexto de lesa humanidad”. Bernardo Lobo Bugeau, querellante en representación del Estado nacional y de la familia Romano junto al letrado Pablo Gargiullo, remarcó que el fallo sienta un valioso precedente para el juzgamiento de las llamadas “complicidades civiles” durante el terrorismo de Estado. Afirmó que analizarán los fundamentos para estudiar si piden la revisión de algún aspecto del dictamen. “Una sentencia de este tipo, tras un debate de tres meses y con jueces de distintas jurisdicciones (son de Córdoba y de Capital Federal) es de máxima importancia para analizar el rol de las instituciones civiles”, concluyó.
La Fiscalía trabajará en nuevos casos
Diego Velasco - Fiscal general ante el TOF
Los fiscales Diego Velasco, Pablo Camuña (N°2, a cargo de la oficina local de crímenes contra la humanidad) y Agustín Chit (ad hoc) llevaron adelante la acusación. Celebraron la condena, pero expresaron que estudiarán los fundamentos para analizar si apelan algunos aspectos del fallo. “Estamos contentos en términos generales. Habíamos solicitado que fuera condenado por participación secundaria en los cinco homicidio y no se consideró. Pese a ello, el número de años es importante y cercano a los 25 años que habíamos pedido”, afirmó Velasco. Valoró que se revise la salud del imputado periódicamente. Chit, por su parte, recordó que el aporte del condenado al accionar represivo fue tanto por “omisión como por acción”. Consignó que ya se encuentran trabajando en casos que se plantearon durante el debate.
“Dejamos parte del corazón en el juicio”
Alejandra Romero Niklison - Abogada querellante-víctima “Sentimos una alegría muy grande porque uno deja mucho en esto, más allá de lo jurídico, dejamos parte del corazón en el juicio”. María Alejandra Romero Niklison escuchó la sentencia con la foto de su madre sobre su escritorio. La abogada querellante es hija de Alejandra Niklison, una de las víctimas de la “matanza” de la calle Azcuénaga. Emocionada, expresó estar conforme con la sentencia, aunque adelantó que apelarán porque esperaban una pena mayor (junto a su colega Emilio Guagnini habían requerido 25 años). “Estoy conforme con que se hayan brindado las garantías al imputado y que haya tenido las posibilidades de decir lo que pensaba y sostener su verdad. Sus abogados hicieron una labor muy intensa. Fue un juicio muy movido en lo jurídico. Nadie puede decir que cuando se sentó ya estaba condenado”, afirmó.
Martínez reiteró su inocencia, estuvo inmutable y salió sonriente
“Alea jacta est” (la suerte está echada). Con esa frase latina del emperador romano Julio César el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez cerró ayer sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal (TOF). Dos horas después, fue condenado por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en su desempeño como magistrado durante la dictadura.
El abogado (69 años) llegó temprano al edificio, ubicado en calle Chacabuco y Crisóstomo Álvarez. Permaneció en la sala aún vacía, sentado o caminando para estirar las piernas con la ayuda de un bastón.
Pasadas las 9, fue convocado por el presidente del TOF, Hugo Cataldi, para expresarse antes de la sentencia. Martínez había declarado varias veces durante el juicio. En todas las ocasiones, había brindado su versión de los hechos, cuestionado la investigación fiscal y sostenido su inocencia. Ayer no fue la excepción. “Una sola causa se ha puesto a disposición para juzgar mi conducta en 10 años de juez federal (...). Hay que reconocer que tanto el requerimiento de instrucción, la elevación a juicio y la sentencia de la Cámara tienen mucho de Borges porque son puro cuento. El ‘no hacer’ que me imputan es un argumento portentosamente delirante”, criticó.
Aseguró que no tenía competencia para intervenir en el caso de las ejecuciones, dado que debía hacerlo la Justicia militar. Rechazó una vez más, la imputación por asociación ilícita. Consignó que los represores de los que lo acusan de ser “socio” lo amenazaron y pusieron una bomba en su casa. “Actué dentro de la ley, hice lo que pude y lo que me dejaban. La Justicia fue privada de la espada y se le dejó sólo la balanza. Con esa balanza trate de que fuera equilibrada y justa”, consignó. Escuchó la sentencia sin inmutarse.
Tras el veredicto, sus familiares y amigos lo aplaudieron y le dieron ánimo en su camino hacia la unidad de traslado. Martínez se fue sonriendo.
El condenado fue juez entre 1974 y 1984. Luego, fue docente en la UNT y ejerció su profesión. También incursionó en política en el Partido Justicialista, el FAP y Acción por la República.
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