23 Mayo 2015
DECRETO. Los pagos de la propiedad intelectual serían con la semilla. archivo
El Gobierno nacional laudó en el conflicto que estaba planteado en torno al pago de la biotecnología contenida en la semilla, que últimamente se acentuó por el planteo de Monsanto de que se realizaran inspecciones en los cargamentos de soja para detectar la presencia de flamante desarrollo biotecnológico Intacta RR2-PRO.
A esos efectos se dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para establecer que los derechos que asistan a los semilleros deberán cobrarse “en la semilla” y no sobre el grano en proceso de comercialización. O sea, quedarían descartadas las intervenciones de inspección de las cargas.
Monsanto, a través de un comunicado posterior, expresó su beneplácito por las manifestaciones públicas del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, “respecto de la decisión del Gobierno nacional de promover la biotecnología como política de Estado, y de reafirmar que las biotecnologías patentadas deben contar con un adecuado reconocimiento a la propiedad intelectual”.
Sin embargo, confirmó que seguirá adelante con su estrategia actual para el cobro del canon por la tecnología Intacta.
Reunión
En este contexto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, y el jefe de Gabinete se reunieron esta semana con representantes de la cadena productiva para efectuar ese anuncio.
Fernández adelantó que el Gobierno nacional emitirá ese decreto (DNU) “que fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio”, que determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de “bolsa blanca”, según se especificó en el sitio web oficial del Ministerio de Agricultura.
El DNU del Poder Ejecutivo nacional excluirá del pago a los pequeños agricultores y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país, a través del cobro de un canon tecnológico.
De la reunión participaron también representantes de acopios, exportadoras, cadenas, semilleros y entidades técnicas y de productores.
Entre los anuncios se informó que habrá que pagar un canon tecnológico a un fideicomiso público-privado para fomentar la biotecnología. Lo harían quienes hagan uso propio a partir de una escala aún no definida.
El Gobierno prevé que pagarán esa regalía unos 2.000 productores considerados “grandes”, que representan el 80% de la producción de soja.
En el encuentro, el jefe de Gabinete prometió que el Gobierno nacional buscará normalizar el mercado de semillas ante la fuerte ilegalidad. Pero ante la pregunta de un asistente por la cláusula Monsanto, fue categórico: “estamos en contra”.
A esos efectos se dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para establecer que los derechos que asistan a los semilleros deberán cobrarse “en la semilla” y no sobre el grano en proceso de comercialización. O sea, quedarían descartadas las intervenciones de inspección de las cargas.
Monsanto, a través de un comunicado posterior, expresó su beneplácito por las manifestaciones públicas del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, “respecto de la decisión del Gobierno nacional de promover la biotecnología como política de Estado, y de reafirmar que las biotecnologías patentadas deben contar con un adecuado reconocimiento a la propiedad intelectual”.
Sin embargo, confirmó que seguirá adelante con su estrategia actual para el cobro del canon por la tecnología Intacta.
Reunión
En este contexto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, y el jefe de Gabinete se reunieron esta semana con representantes de la cadena productiva para efectuar ese anuncio.
Fernández adelantó que el Gobierno nacional emitirá ese decreto (DNU) “que fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio”, que determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de “bolsa blanca”, según se especificó en el sitio web oficial del Ministerio de Agricultura.
El DNU del Poder Ejecutivo nacional excluirá del pago a los pequeños agricultores y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país, a través del cobro de un canon tecnológico.
De la reunión participaron también representantes de acopios, exportadoras, cadenas, semilleros y entidades técnicas y de productores.
Entre los anuncios se informó que habrá que pagar un canon tecnológico a un fideicomiso público-privado para fomentar la biotecnología. Lo harían quienes hagan uso propio a partir de una escala aún no definida.
El Gobierno prevé que pagarán esa regalía unos 2.000 productores considerados “grandes”, que representan el 80% de la producción de soja.
En el encuentro, el jefe de Gabinete prometió que el Gobierno nacional buscará normalizar el mercado de semillas ante la fuerte ilegalidad. Pero ante la pregunta de un asistente por la cláusula Monsanto, fue categórico: “estamos en contra”.
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