08 Febrero 2015
DANIEL POSSE
Como es costumbre, Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, tiene el antedespacho lleno de peticionarios que quieren robarle “cinco minutos” por las más diversas cuestiones. “Esto es siempre así”, define resignado el también presidente de un Jurado de Enjuiciamiento creado por los convencionales constituyentes de 2006 que exhibe el récord -curioso- de no haber removido nunca a ningún magistrado.
Aquello no cambió durante 2014, pese a que Posse confirma que los miembros del Jurado cumplieron los dos objetivos que se habían trazado: reunirse regularmente cada 15 días y reformar la Ley 8.199, que regula el procedimiento de remoción. El aspecto sobresaliente de dicha enmienda legislativa es que restringe los plazos que el magistrado con pedido de destitución dispone para renunciar a su cargo y conseguir, por ejemplo, la jubilación con el 82% móvil. En 2014, este salvoconducto permitió a Carlos Albaca, ex fiscal del caso “Lebbos”, evitar el enjuiciamiento aunque en un primer momento no reunía los requisitos para jubilarse. Pese a este cambio, Posse es pesimista e insiste en que el Jurado necesita de una reforma constitucional. Eso sí, rescata las instituciones que el alperovichismo incorporó a la Carta Magna en 2006. “Ahora hay que dar el salto de calidad”, propone.
-¿Qué alternativas concretas abre la reforma de la ley que pauta el funcionamiento del Jurado?
-Nos da la posibilidad de hacer algo parecido a lo que concretó el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Pretendo conversar sobre ello con Juan Antonio Ruiz Olivares (secretario de la Legislatura) durante la semana que viene. Me parece a mí que un órgano burocrático enorme es insensato si no tiene actividad, pero sí hay que cumplir con lo que establece la Constitución de Tucumán y edificar una institución extrapoder que sea dotada de presupuesto, que de hecho ya lo tiene...
-¿A cuánto asciende?
-No me acuerdo... Creo que a un millón de pesos. Arrancamos con $ 200.000 y la Legislatura nos fue ayudando. Pero considero que debemos armar una estructura mínima. Si eventualmente aumenta la conflictividad, tendrá que acomodarse. Pero no creo que el Jurado logre el mismo nivel de actividad que el CAM. De hecho, yo soy el primer presidente del instituto y nunca enjuiciamos a nadie. En este momento estoy cumpliendo mi mandato de dos años, pero supongo que la Corte lo prorrogará hasta la renovación de autoridades de octubre (N. de la R.: durante ese mes, el alto tribunal ha de elegir a su presidente; a los titulares del CAM y del Jurado, y al representante ante la Junta Federal de Cortes).
-¿Y le gustaría quedarse en el Jurado?
-No, para nada. Yo llegué forzado aquí: no había a quién mandar (N. de la R.: el Gobierno instó la constitución del Jurado a fines de 2012, cuando Susana Trimarco, mamá de “Marita” Verón, denunció a los ex jueces Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina, y al camarista Eduardo Romero Lascano). Estoy evaluando otras posibilidades, pero ellas dependen de mis colegas de la Corte.
-Pero en definitiva el Jurado sigue siendo un órgano constitucional cuya actuación está atada a un comité reglamentario de la Legislatura (la comisión de Juicio Político decide si abre o no el proceso de destitución)...
-Sí, sí. En una futura reforma constitucional, la función del Jurado y de la comisión de Juicio Político tendrían que ser asumidas por el CAM. O bien, volver al sistema anterior y que el asunto quede en manos de los legisladores. Lo mejor que hizo el alperovichismo fue incorporar ciertos entes a la Constitución, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el CAM y el Jurado: quizá eso no sea valorado ahora, pero seguro lo será en el futuro.
-¿El Jurado designará a su “staff”por concurso?
-Al comienzo yo apoyaba la designación discrecional. Pero no es un tema cerrado. Quiero privilegiar el consenso porque ello evita conflictos innecesarios.
-En privado, ciertos jueces dicen que usted no tuteló los intereses de la magistratura en la reforma de la Ley 8.199...
-El Jurado evalúa la responsabilidad política: no defiendo intereses corporativos. Si el magistrado denunciado incurrió en mal desempeño o recibió “coimas” o tiene su despacho atrasadísimo, es problema de él: yo no voy a protegerlo.
-¿Por qué la Asociación de Magistrados no participó en el proceso de reforma de esa norma?
-Ni ellos se acercaron al Jurado ni nosotros los llamamos a involucrarse. Simplemente nos pusimos a trabajar en forma abierta en este tema. Luego y sobre la hora, yo mismo di a la Asociación una copia del proyecto de enmienda. Tal vez hubo una falla de comunicación, pero desde luego no picardía.
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