01 Julio 2014
ARNOLDO SUASNABÁR. ARCHIVO LA GACETA
En 79 páginas, el fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnábar, resumió las presuntas irregularidades que cometió Miguel Ángel Brito al frente de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) entre los años 2009 y 2012. Unos 40 expedientes referidos a obras públicas plagados de anomalías; la contratación de supuestas empresas “fantasma”, una de las cuales facturó $ 3,6 millones en menos de 24 meses; y la aplicación de una ley que habilita a eludir licitaciones con la aparente finalidad de defraudar al Estado, son algunas de las maniobras que el magistrado le imputa al ex funcionario alperovichista, que hoy en día se desempeña como asesor del senador oficialista Sergio Mansilla (FpV).
El requerimiento de elevación a juicio elaborado por Suasnábar ya está en manos de la jueza de Instrucción de la V° Nominación, Mirta Lenis de Vera, quien además recibió un planteo para el sobreseimiento de Brito de parte del abogado Arnaldo Ahumada.
El ex funcionario alperovichista es acusado de los presuntos delitos de fraude al Estado, en concurso ideal con negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. La pena máxima prevista, en caso de llegar a juicio, es de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Brito renunció a su cargo en agosto de 2012, luego de que LA GACETA publicara un informe sobre la base de un control preventivo realizado por el Tribunal de Cuentas (TC) que había detectado aparentes sobreprecios en un proyecto para restaurar la fachada de la casa de Gobierno. A los pocos días, la entonces legisladora Silvia Elías de Pérez (hoy senadora) denunció a Brito en la Justicia.
Según el requerimiento de elevación a juicio, Brito “perjudicó evidentemente a la administración pública con sumas millonarias de dinero”. Entre las maniobras que, según el fiscal, perpetró el asesor de Mansilla, está la contratación de una empresa que sería “fantasma”. Se trata de DC Construcciones. “La misma no posee ni corralón para acopio ni empleados, surgiendo (sic) evidente que sólo se inscribió (en AFIP) para efectuar los trabajos con la DAU”, indicó Suasnábar en su informe. También se le cuestionó el faltante de rampas para discapacitados, la ciclovía del Camino de Sirga y supuestas maniobras para eludir las licitaciones públicas. Así, el ex legislador por Fuerza Republicana -en 2009 se acercó definitivamente al alperovichismo- podría convertirse en el primer dirigente de la actual gestión en llegar a juicio oral y público por presunta corrupción.
El requerimiento de elevación a juicio elaborado por Suasnábar ya está en manos de la jueza de Instrucción de la V° Nominación, Mirta Lenis de Vera, quien además recibió un planteo para el sobreseimiento de Brito de parte del abogado Arnaldo Ahumada.
El ex funcionario alperovichista es acusado de los presuntos delitos de fraude al Estado, en concurso ideal con negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. La pena máxima prevista, en caso de llegar a juicio, es de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Brito renunció a su cargo en agosto de 2012, luego de que LA GACETA publicara un informe sobre la base de un control preventivo realizado por el Tribunal de Cuentas (TC) que había detectado aparentes sobreprecios en un proyecto para restaurar la fachada de la casa de Gobierno. A los pocos días, la entonces legisladora Silvia Elías de Pérez (hoy senadora) denunció a Brito en la Justicia.
Según el requerimiento de elevación a juicio, Brito “perjudicó evidentemente a la administración pública con sumas millonarias de dinero”. Entre las maniobras que, según el fiscal, perpetró el asesor de Mansilla, está la contratación de una empresa que sería “fantasma”. Se trata de DC Construcciones. “La misma no posee ni corralón para acopio ni empleados, surgiendo (sic) evidente que sólo se inscribió (en AFIP) para efectuar los trabajos con la DAU”, indicó Suasnábar en su informe. También se le cuestionó el faltante de rampas para discapacitados, la ciclovía del Camino de Sirga y supuestas maniobras para eludir las licitaciones públicas. Así, el ex legislador por Fuerza Republicana -en 2009 se acercó definitivamente al alperovichismo- podría convertirse en el primer dirigente de la actual gestión en llegar a juicio oral y público por presunta corrupción.
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