Por Álvaro José Aurane
17 Mayo 2014
Aunque los debates de las disciplinas humanistas prometen infinitud respecto del significado de normal, los orígenes del vocablo enseñan profunda sencillez. Revela Joan Corominas (Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico) que, en el latín tardío, normalis sólo era un término geométrico. Normal era aquello que se ajustaba a la norma de la proporcionalidad. Y lo contrario era no sólo lo anormal, sino también lo anómalo. Por lo mismo, también lo enorme. De allí que la construcción “enorme anormalidad”, técnicamente, sería una redundancia. Salvo en Tucumán. Aquí, la expresión se aplica acabadamente. Es más, esta semana, las anomalías institucionales fueron tan enormemente desproporcionadas que se tornaron violentas. En la más violenta literalidad.
La desproporción
La más evidente (pero no la más grave) de las anormalidades institucionales de estos días ha sido la brutal represión contra trabajadores bancarios y dirigentes de su sindicato. La salvaje golpiza que les propinaron en la plaza Independencia es un elogio de la desproporción, cuestionada en las más distintas instancias, por dirigentes de las más diversas ideologías y por las más variadas instituciones. Los repudios contra la “saña injustificable” fueron plasmados en una propuesta de resolución en Diputados por radicales, socialistas, macristas, massistas y parlamentarios de la izquierda. Y, en Tucumán, por ediles del amayismo y el Partido Obrero. En el orden nacional por el filokirchnerista Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y a nivel internacional por UNI American Finanzas Global Union, que nuclea a los trabajadores bancarios del continente.
La carencia
Tanta pluralidad patentiza el exceso por parte del Estado alperovichista. Es cierto que este es otro capítulo del enfrentamiento siempre virulento entre el Gobierno provincial y la Asociación Bancaria. Una pelea donde la violencia estuvo siempre presente, y de ambos lados, en forma de persecuciones personales y panfletarias campañas de desprestigio, que afectaron no sólo a las facciones en pugna, sino también a trabajadores estatales y privados, a medios de prensa. A eso se suma que la Caja Popular de Ahorros sostiene que su personal no inició las agresiones, que terminaron con destrozos materiales y empleados heridos -lo llamativo es que no respalden estas afirmaciones con las filmaciones de las incontables cámaras de seguridad de la institución-. Pero aún asumiendo que puede haber sido así, nada de ello justifica la feroz manera en que apalearon y dispararon (con postas de goma) a los manifestantes. Porque existe una Policía que proteja a los particulares de otros particulares, pero no hay una Policía que proteja de la Policía. Mucho menos de esta Policía, que cuando se acuarteló en diciembre para conseguir una suba salarial hizo que, durante días y noches, todo Tucumán careciera de una Policía que lo protegiese de los saqueadores.
Los caníbales
Resulta asombroso oír a alperovichistas -de todo tipo de cargo e ideología- justificar los desmanes policiales, aduciendo que antes hubo desmanes de la Bancaria. ¿Cuál es la filosofía del oficialismo: denunciar a los caníbales y luego comérselos? Al responder la violencia con más violencia, el alperovichismo no es mejor que aquellos a los que dice enfrentar. Ni siquiera es igual: es peor. Porque del Estado se espera mucho más que de cualquier ciudadano. Por empezar, que cumpla con las obligaciones, los derechos y las garantías que prescribe la Constitución que lo constituye. Un Gobierno que se llena la boca con los derechos humanos debería saber que cada vez que el Estado asumió la misma conducta que los particulares, sólo sobrevinieron criminales catástrofes humanas.
El llamado
Llevado al plano de la política, lo difícil es determinar qué más hace falta para que el gobernador de esta provincia asuma que es momento de hacer un balance de su política de mano dura en la Caja. El resultado más evidente es que la Argentina ha soportado dos paros nacionales en nueve meses sólo por un conflicto alperovichista. Pero hay otras consecuencias más serias y menos publicitadas. Como la llamada del gravitante secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, tras los incidentes del martes 13. En el palacio admiten que “El Chino” imprecó en castellano barrial, “pero -aclaran- no nos pidió nada”. Relatos como ese tornan al alperovichismo en un fenómeno político indescifrable. No solamente no se dan cuenta de que a Zannini no le hacía falta pedir algo: además, creen que todo se redujo a que el kirchnerismo sólo llamó para retarlos.
La lectura
La llamada se dio luego del encuentro que en la Casa Rosada mantuvieron el titular de la Bancaria nacional, Sergio Palazzo, y el jefe de la Bancaria tucumana, Carlos Cisneros, con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. El gobernador chaqueño en abuso de licencia pidió a los sindicalistas que levantaran el paro del miércoles. Le contestaron que eso debía pedírselo a José Alperovich. Tomada, por caso, recordó que el año pasado su cartera ya se había expedido en favor de que reincorporaran a los trabajadores que la Caja dejó sin contratos. La lectura del funcionariado nacional fue que paraban los bancos de todo el país por 36 designaciones discontinuadas en Tucumán.
El jueves
El próximo capítulo será el jueves, cuando la Asociación Bancaria realice un plenario nacional en esta mismísima provincia, para profundizar las acciones en repudio a la política alperovichista. La movilización será el prólogo de la su asunción de Palazzo como presidente de UNI American Finanzas Global Union, el próximo 6 de junio...
Lo peor
¿Que puede ser más grave que el hecho de que los tucumanos necesiten una Policía que los proteja de la Policía? Que esta provincia carezca de una Legislatura donde la vida y el honor de los tucumanos sea prioritaria.
La víctima
Paulina Lebbos era hija, madre, estudiante y trabajadora municipal. Desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cuerpo sin vida y ferozmente mutilado apareció el 11 de marzo siguiente. Tirado en un descampado de Tapia. La mataron por asfixia mediante estrangulamiento manual, según la primera autopsia. Su crimen sigue impune, ocho años después. Y el todavía fiscal Carlos Albaca, que tuvo la causa durante siete años, manifestó por escrito que acaso no hubo un asesinato y que tal vez ella se mató ingiriendo sustancias indebidas o manteniendo relaciones de manera peligrosa. Porque, en ese documento, Paulina no es víctima sino una mujer con “tendencia a las relaciones sexuales casuales (...), en ocasiones era ‘intrépida’ (...) y capaz de emprender acciones temerarias”.
El sumario
Esas desconsideraciones de Albaca, que para la camarista Liliana Vitar equivalen a que a Paulina la volvieron a matar, componen el descargo del funcionario en el marco de un sumario. La instructora, la fiscala de cámara Marta Jerez, determinó que el fiscal de la II Nominación asumió un rol pasivo en la investigación, que no estudió los elementos que le aportó la Policía, que no tomó medidas al respecto y que fue diligente en la búsqueda de la verdad. Al respecto, el ministro fiscal, Luis de Mitri, cambió de opinión respecto de enero de 2013, cuando dijo que la causa Lebbos estaba demorada por cuestiones técnicas y no por mal desempeño de Albaca, y dictaminó que Albaca sí incurrió en mal desempeño, en incumplimiento de deberes y en menoscabo de la Justicia.
La confirmación
Esta semana, la Corte Suprema de Tucumán por fin se dio cuenta de que “Albaca incurrió, en el desarrollo investigativo de la causa, en reiteradas irregularidades, retrasos inexplicables, inacción infundada, etcétera, que afectaron en forma esencial la adecuada resolución de los hechos del caso”. Así que (aunque no por unanimidad) requirió a un juez penal que investigue si el fiscal cometió delitos durante la investigación del homicidio.
La legalidad
Al alperovichismo parlamentario todo esto poco le importa. La comisión de Juicio Político, donde 11 de los 12 miembros son oficialistas, no avanza sobre Albaca. Primero, archivó los pedidos de destitución formulados por el diputado Cano (UCR) y el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO). ¿La razón? El fiscal había presentado una renuncia. Pero era una dimisión condicionada a una jubilación a la que, según confirmó la propia Corte, Albaca no puede acceder. Así que el cuestionado funcionario siguió en el cargo. Por eso, Colombres Garmendia volvió a pedir el juicio político (la semana próxima, el Colegio de Abogados promoverá el suyo). Y la comisión alperovichista volvió a arropar a Albaca. El pedido del legislador Ricardo Bussi (h) para que se acepte el expediente del PRO terminó muriendo como dictamen de minoría en la comisión. La mayoría resolvió que, como Albaca tiene turno en la Anses el 20 para insistir con su retiro con 82% móvil, van a esperar. Esa es la legalidad de la democracia pavimentadora: un trámite previsional importa más que la Constitución.
La demanda
Por todas estas maniobras, los descendientes de los funcionarios públicos en ejercicio de esta provincia deberían iniciar una demanda conjunta contra los poderes políticos tucumanos. Ya casi no quedan tucumanos que no estén persuadidos de que la pista a seguir para esclarecer el crimen es la que Albaca denominó “los hijos del poder”.
El ejemplo
Frente a tan enorme anomalía, es Alberto Lebbos quien aporta cordura. “Ojalá el juez que intervenga esté a la altura de las circunstancias. Y espero que los integrantes de la comisión de Juicio Político llamen a declarar al fiscal”, manifestó el papá de Paulina. El hombre que, cuando condenaron a policías por falsificar documentos vinculados con la causa, se declaró triste, porque los hijos de esos agentes volvían a sus casas sin sus padres, como le ocurrió a su nieta. Lebbos no quiere revanchas ni venganzas, sino justicia. En una provincia donde el Estado asume las peores conductas de los particulares, un hombre se comporta como en realidad debería portarse el Estado. Si los normales no están en el Gobierno, ¿quiénes están gobernando?
La desproporción
La más evidente (pero no la más grave) de las anormalidades institucionales de estos días ha sido la brutal represión contra trabajadores bancarios y dirigentes de su sindicato. La salvaje golpiza que les propinaron en la plaza Independencia es un elogio de la desproporción, cuestionada en las más distintas instancias, por dirigentes de las más diversas ideologías y por las más variadas instituciones. Los repudios contra la “saña injustificable” fueron plasmados en una propuesta de resolución en Diputados por radicales, socialistas, macristas, massistas y parlamentarios de la izquierda. Y, en Tucumán, por ediles del amayismo y el Partido Obrero. En el orden nacional por el filokirchnerista Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y a nivel internacional por UNI American Finanzas Global Union, que nuclea a los trabajadores bancarios del continente.
La carencia
Tanta pluralidad patentiza el exceso por parte del Estado alperovichista. Es cierto que este es otro capítulo del enfrentamiento siempre virulento entre el Gobierno provincial y la Asociación Bancaria. Una pelea donde la violencia estuvo siempre presente, y de ambos lados, en forma de persecuciones personales y panfletarias campañas de desprestigio, que afectaron no sólo a las facciones en pugna, sino también a trabajadores estatales y privados, a medios de prensa. A eso se suma que la Caja Popular de Ahorros sostiene que su personal no inició las agresiones, que terminaron con destrozos materiales y empleados heridos -lo llamativo es que no respalden estas afirmaciones con las filmaciones de las incontables cámaras de seguridad de la institución-. Pero aún asumiendo que puede haber sido así, nada de ello justifica la feroz manera en que apalearon y dispararon (con postas de goma) a los manifestantes. Porque existe una Policía que proteja a los particulares de otros particulares, pero no hay una Policía que proteja de la Policía. Mucho menos de esta Policía, que cuando se acuarteló en diciembre para conseguir una suba salarial hizo que, durante días y noches, todo Tucumán careciera de una Policía que lo protegiese de los saqueadores.
Los caníbales
Resulta asombroso oír a alperovichistas -de todo tipo de cargo e ideología- justificar los desmanes policiales, aduciendo que antes hubo desmanes de la Bancaria. ¿Cuál es la filosofía del oficialismo: denunciar a los caníbales y luego comérselos? Al responder la violencia con más violencia, el alperovichismo no es mejor que aquellos a los que dice enfrentar. Ni siquiera es igual: es peor. Porque del Estado se espera mucho más que de cualquier ciudadano. Por empezar, que cumpla con las obligaciones, los derechos y las garantías que prescribe la Constitución que lo constituye. Un Gobierno que se llena la boca con los derechos humanos debería saber que cada vez que el Estado asumió la misma conducta que los particulares, sólo sobrevinieron criminales catástrofes humanas.
El llamado
Llevado al plano de la política, lo difícil es determinar qué más hace falta para que el gobernador de esta provincia asuma que es momento de hacer un balance de su política de mano dura en la Caja. El resultado más evidente es que la Argentina ha soportado dos paros nacionales en nueve meses sólo por un conflicto alperovichista. Pero hay otras consecuencias más serias y menos publicitadas. Como la llamada del gravitante secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, tras los incidentes del martes 13. En el palacio admiten que “El Chino” imprecó en castellano barrial, “pero -aclaran- no nos pidió nada”. Relatos como ese tornan al alperovichismo en un fenómeno político indescifrable. No solamente no se dan cuenta de que a Zannini no le hacía falta pedir algo: además, creen que todo se redujo a que el kirchnerismo sólo llamó para retarlos.
La lectura
La llamada se dio luego del encuentro que en la Casa Rosada mantuvieron el titular de la Bancaria nacional, Sergio Palazzo, y el jefe de la Bancaria tucumana, Carlos Cisneros, con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. El gobernador chaqueño en abuso de licencia pidió a los sindicalistas que levantaran el paro del miércoles. Le contestaron que eso debía pedírselo a José Alperovich. Tomada, por caso, recordó que el año pasado su cartera ya se había expedido en favor de que reincorporaran a los trabajadores que la Caja dejó sin contratos. La lectura del funcionariado nacional fue que paraban los bancos de todo el país por 36 designaciones discontinuadas en Tucumán.
El jueves
El próximo capítulo será el jueves, cuando la Asociación Bancaria realice un plenario nacional en esta mismísima provincia, para profundizar las acciones en repudio a la política alperovichista. La movilización será el prólogo de la su asunción de Palazzo como presidente de UNI American Finanzas Global Union, el próximo 6 de junio...
Lo peor
¿Que puede ser más grave que el hecho de que los tucumanos necesiten una Policía que los proteja de la Policía? Que esta provincia carezca de una Legislatura donde la vida y el honor de los tucumanos sea prioritaria.
La víctima
Paulina Lebbos era hija, madre, estudiante y trabajadora municipal. Desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cuerpo sin vida y ferozmente mutilado apareció el 11 de marzo siguiente. Tirado en un descampado de Tapia. La mataron por asfixia mediante estrangulamiento manual, según la primera autopsia. Su crimen sigue impune, ocho años después. Y el todavía fiscal Carlos Albaca, que tuvo la causa durante siete años, manifestó por escrito que acaso no hubo un asesinato y que tal vez ella se mató ingiriendo sustancias indebidas o manteniendo relaciones de manera peligrosa. Porque, en ese documento, Paulina no es víctima sino una mujer con “tendencia a las relaciones sexuales casuales (...), en ocasiones era ‘intrépida’ (...) y capaz de emprender acciones temerarias”.
El sumario
Esas desconsideraciones de Albaca, que para la camarista Liliana Vitar equivalen a que a Paulina la volvieron a matar, componen el descargo del funcionario en el marco de un sumario. La instructora, la fiscala de cámara Marta Jerez, determinó que el fiscal de la II Nominación asumió un rol pasivo en la investigación, que no estudió los elementos que le aportó la Policía, que no tomó medidas al respecto y que fue diligente en la búsqueda de la verdad. Al respecto, el ministro fiscal, Luis de Mitri, cambió de opinión respecto de enero de 2013, cuando dijo que la causa Lebbos estaba demorada por cuestiones técnicas y no por mal desempeño de Albaca, y dictaminó que Albaca sí incurrió en mal desempeño, en incumplimiento de deberes y en menoscabo de la Justicia.
La confirmación
Esta semana, la Corte Suprema de Tucumán por fin se dio cuenta de que “Albaca incurrió, en el desarrollo investigativo de la causa, en reiteradas irregularidades, retrasos inexplicables, inacción infundada, etcétera, que afectaron en forma esencial la adecuada resolución de los hechos del caso”. Así que (aunque no por unanimidad) requirió a un juez penal que investigue si el fiscal cometió delitos durante la investigación del homicidio.
La legalidad
Al alperovichismo parlamentario todo esto poco le importa. La comisión de Juicio Político, donde 11 de los 12 miembros son oficialistas, no avanza sobre Albaca. Primero, archivó los pedidos de destitución formulados por el diputado Cano (UCR) y el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO). ¿La razón? El fiscal había presentado una renuncia. Pero era una dimisión condicionada a una jubilación a la que, según confirmó la propia Corte, Albaca no puede acceder. Así que el cuestionado funcionario siguió en el cargo. Por eso, Colombres Garmendia volvió a pedir el juicio político (la semana próxima, el Colegio de Abogados promoverá el suyo). Y la comisión alperovichista volvió a arropar a Albaca. El pedido del legislador Ricardo Bussi (h) para que se acepte el expediente del PRO terminó muriendo como dictamen de minoría en la comisión. La mayoría resolvió que, como Albaca tiene turno en la Anses el 20 para insistir con su retiro con 82% móvil, van a esperar. Esa es la legalidad de la democracia pavimentadora: un trámite previsional importa más que la Constitución.
La demanda
Por todas estas maniobras, los descendientes de los funcionarios públicos en ejercicio de esta provincia deberían iniciar una demanda conjunta contra los poderes políticos tucumanos. Ya casi no quedan tucumanos que no estén persuadidos de que la pista a seguir para esclarecer el crimen es la que Albaca denominó “los hijos del poder”.
El ejemplo
Frente a tan enorme anomalía, es Alberto Lebbos quien aporta cordura. “Ojalá el juez que intervenga esté a la altura de las circunstancias. Y espero que los integrantes de la comisión de Juicio Político llamen a declarar al fiscal”, manifestó el papá de Paulina. El hombre que, cuando condenaron a policías por falsificar documentos vinculados con la causa, se declaró triste, porque los hijos de esos agentes volvían a sus casas sin sus padres, como le ocurrió a su nieta. Lebbos no quiere revanchas ni venganzas, sino justicia. En una provincia donde el Estado asume las peores conductas de los particulares, un hombre se comporta como en realidad debería portarse el Estado. Si los normales no están en el Gobierno, ¿quiénes están gobernando?
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