“La experiencia en otras provincias ha resultado nefasta”

Estadísticas. Conceptos empíricos. Interpretaciones jurídicas. A decenas de argumentos de distinta naturaleza acudió el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez para expresar su total desacuerdo con el plan oficialista de pasar las causas de drogas al menudeo del fuero de la Justicia federal al provincial.

En una nota que envió a LA GACETA, el jefe de los fiscales federales resumió en siete puntos cifras de la droga en Tucumán, bajo el apartado “elementos para el diagnóstico”. “1) La cantidad total de causas por drogas, tenencia, etc.- no superan las 400 por año, según las estadísticas oficiales de los dos juzgados federales durante 2012. 2) La cantidad total de causas por drogas que terminan archivadas o sobreseidas supera el 70% del total ingresado. 3) La cantidad total de juicios orales hechos en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán vinculados a las causas de drogas no supera el 3% del total de las causas ingresadas a los dos juzgados federales”, indica el escrito. “La primera conclusión es que la cantidad de causas penales que se transferirían a la Provincia no superarían las 350 por año, si es que nos referimos a la tenencia de estupefacientes prevista por el artículo 14 de la Ley Nacional N° 23.737. En esa misma transferencia -artículo 34- deberían incluirse: a) los casos de dealers (...); b) los casos de siembra para consumo (...); c) la falsificación de recetas médicas; d) todo lo referido a la fabricación de medicamentos (...)”, enunció. Y aseguró que, de esta manera, “sólo quedarían para ingresar en sede federal no más de 30 causas por año entre los dos juzgados federales”.

En el siguiente apartado de su texto, el fiscal federal Gómez argumentó el “porqué no a una transferencia inconveniente”. “La Justicia provincial tiene un ingreso anual de 60.000 causas, contra 1.200 causas ingresadas que se tiene en sede federal”, agregó. Y detalló que los investigadores del fuero al que pertenece cuentan con la Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval. “A ello debe sumarse la Digedrop”, indicó, sobre el cuerpo de la fuerza provincial que responde exclusivamente a los jueces federales.

Apuntó luego que los Tribunales locales no cuentan con “un cromatógrafo gaseoso con columnas de comparación para los distintos tipos de estupefacientes, un requisito sine qua non para el juzgamiento de este delito”. Gómez recordó que “ha sido creado un Juzgado Federal más en Tucumán”, y que eso permitirá descomprimir las oficinas en 2015. “La división de jurisdicción entre federal y provincial impedirá la investigación de las redes de narcotráfico. La gran mayoría de causas que se inician investigando una red para llegar a los proveedores mayoristas comienzan en un dealer (...). Si este delito es investigado por la Justicia provincial, en algún momento la investigación deberá pasar a la sede federal por incompetencia. Se producirá un quiebre en la investigación y la experiencia de la provincia de Buenos Aires y Córdoba ha resultado nefasta. Aumentó exponencialmente el consumo de estupefacientes”, argumentó el fiscal.

El investigador apuntó luego que “trajo graves prejuicios” a adictos y a familiares el fallo “Arriola”, que la Corte de la Nación dictó en 2009. “Buscaban en la Justicia Federal el espacio para convencer a los adictos de la necesidad de su recuperación”, explicó. Recordó luego un informe realizado por el ex procurador general de la Nación, Esteban Righi, al Congreso de la Nación. “Los antecedentes empíricos traídos ilustran sobre la innecesidad de dictar sentencias de inconstitucionalidad cuando nunca se condenó a nadie, y por lo tanto no existe la tan mentada ‘criminalización’”, dijo. Y agregó: “las medidas curativas dependen de un sistema de salud provincial muy precario, que carece de lugares para una atención especializada”. “Abandonar la postura (...) de la ley 23.737 (contra Estupefacientes) es desconocer la magnitud del negocio del tráfico ilegal de sustancias y sus consecuencias, dejando librada al azar la integridad de la sociedad”, señaló Gómez.

Voces en la previa

Sospechas.- El diputado radical José Cano, referente del Acuerdo Cívico y Social, criticó el proyecto para adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes. “Los que venden y producen drogas en los barrios están amparados por dirigentes del oficialismo y por una estructura oficial complaciente con los delincuentes. El gobernador (José Alperovich) dice que sabe quiénes son. Que los denuncie sería un buen primer paso para empezar a cambiar en serio. Tenemos demasiados elementos para sospechar que esta medida buscan asegurar impunidad para los verdaderos ‘patrones del mal’ que operan en la provincia”, dijo.

Un peronista pide rinoscopías.- El peronista disidente Enrique Romero envió una nota al secretario de Prevención y Asistencia de Adicciones, Lucas Haurigot Posse, para pedir que todos los funcionarios del PE se realicen rinoscopías. “Las personas que consumen tienden a proteger el negocio del tráfico de drogas”, aseguró el dirigente.