03 Marzo 2014
BUENOS AIRES.- El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) advirtió ayer que los gobiernos que sucedan a la presidenta Cristina Fernández tendrán que pagarle a la empresa española Repsol “el 90%” de la compensación “por la estatización de YPF”, la petrolera argentina.
Idesa también señaló que “aunque se difundió como costo de la indemnización unos U$S 5.000 millones pagaderos en bonos, computando los altísimos intereses implícitos en esos títulos el costo superará los U$S 10 mil millones”.
Además de lo elevado del monto, el instituto señaló que “el grueso de los pagos serán afrontados por los futuros gobiernos” y eso será “otro testimonio de decisiones tomadas con criterios oportunistas y poco profesionales que hipotecan el bienestar de las futuras generaciones”.
Al cuestionar al gobierno, Idesa señaló que “forzado por el aislamiento internacional y la profundización de la crisis energética, con este acuerdo se trata de remendar la desprolijidad técnica y legal que caracterizó al proceso de estatización”. Y, apuntó que “en poco tiempo se pasó del triunfalismo expresado en discursos teñidos con provocaciones desafiantes y nacionalismo mal entendido a aceptar pasivamente las consecuencias de decisiones tomadas con falta de responsabilidad y muy poca profesionalidad”. La institución señaló que según documentos de Repsol se puede calcular que “entre 2014 y 2015 se pagará aproximadamente el 10% de esos bonos” y que “entre 2016 y 2019 se pagará el 32% y entre los años 2020 y 2023 otro 34”. Asimismo, indicó que entre “2024 y 2033 se pagará el restante 24% del valor final”.
De esa forma, sostuvo, el gobierno “sellará el acuerdo y determinará los futuros pagos, pero efectivizará apenas una porción menor de los compromisos que el país contrae”.
Idesa también señaló que “aunque se difundió como costo de la indemnización unos U$S 5.000 millones pagaderos en bonos, computando los altísimos intereses implícitos en esos títulos el costo superará los U$S 10 mil millones”.
Además de lo elevado del monto, el instituto señaló que “el grueso de los pagos serán afrontados por los futuros gobiernos” y eso será “otro testimonio de decisiones tomadas con criterios oportunistas y poco profesionales que hipotecan el bienestar de las futuras generaciones”.
Al cuestionar al gobierno, Idesa señaló que “forzado por el aislamiento internacional y la profundización de la crisis energética, con este acuerdo se trata de remendar la desprolijidad técnica y legal que caracterizó al proceso de estatización”. Y, apuntó que “en poco tiempo se pasó del triunfalismo expresado en discursos teñidos con provocaciones desafiantes y nacionalismo mal entendido a aceptar pasivamente las consecuencias de decisiones tomadas con falta de responsabilidad y muy poca profesionalidad”. La institución señaló que según documentos de Repsol se puede calcular que “entre 2014 y 2015 se pagará aproximadamente el 10% de esos bonos” y que “entre 2016 y 2019 se pagará el 32% y entre los años 2020 y 2023 otro 34”. Asimismo, indicó que entre “2024 y 2033 se pagará el restante 24% del valor final”.
De esa forma, sostuvo, el gobierno “sellará el acuerdo y determinará los futuros pagos, pero efectivizará apenas una porción menor de los compromisos que el país contrae”.
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