Un destino irregular para las viviendas sociales

Una auditoría del Poder Ejecutivo llevada a cabo en el vasto complejo de viviendas Lomas de Tafí, pudo detectar anomalías en unas 1.500 unidades, o sea un tercio de las existentes. Las irregularidades son de diversa índole y abarcan tanto construcciones que se hallan deshabitadas, como la existencia de inquilinos o de personas distintas a las adjudicatarias instaladas en las viviendas.

Es conocido que las normas fijadas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, prescriben que estas casas sociales deben ser ocupadas por sus adjudicatarios dentro de los 90 días de producida la entrega. Además, no pueden ser negociadas hasta después de tres años –los plazos cambian de acuerdo al plan- de obtenido el beneficio.

De acuerdo a nuestra información, la auditoría se habría ordenado a raíz de numerosas denuncias recibidas en la Casa de Gobierno. Es decir que, en concreto, una apreciable cantidad de viviendas está en posesión de gente que, o no las ocupa, o las utiliza para obtener una renta. Puesto que se trata de construcciones erigidas para satisfacer necesidades premiosas, resulta inadmisible que los que las recibieron les estén dando un destino ubicado en las antípodas de los fines que se tuvieron en mira al entregárselas.

Suena a indignante que, mientras el problema del techo para vivir aqueja realmente a tantas familias de la provincia, existan quienes se conducen de la manera descripta. Bien hace el Estado de intervenir con urgencia. El jefe del Ejecutivo advirtió que ha dado instrucciones de atacar a fondo el asunto. “Acá se han hecho mal las cosas. Hay que quitar las casas y dárselas a quien las necesitan”, declaró el gobernador. Y el Fiscal de Estado expresó que se abocará a examinar las casas deshabitadas, porque “alguien que no fue a vivir aún, es porque no necesita la casa y no debería tenerla”.

El deprimente hecho no es nuevo. Con mucha frecuencia, las viviendas sociales caen en manos de quienes no las merecen, porque no los aquejan las condiciones de necesidad que falsamente invocaron. El caso que aparece ahora, ofrece la ocasión de corregir, por una vez, prácticas a todas luces lesivas de la ley y de la justicia. Nos parece que, además de una investigación que detecte absolutamente todas las irregularidades, es preciso revisar a fondo el mecanismo de las adjudicaciones, para que responda verdaderamente a los fines que tiene la construcción de estos barrios. Resulta obvio que, quien se presenta al Instituto como candidato para una vivienda social, debe someterse a una rigurosa indagación que compruebe el cuadro de carencia que está argumentando.

No debe olvidarse que la raíz de muchas anomalías legales, se encuentra en normas defectuosas y fáciles de burlar. Deben colocarse, así, todos los cerrojos necesarios en la reglamentación, de manera que se haga imposible desnaturalizarla con manejos de esta índole.

Creemos que, asimismo, la investigación debe ser lo suficientemente publicitada en cuanto a su marcha, sus conclusiones y las medidas que raíz de ellas dicte el Estado. Para que quede claro a la población que las viviendas sociales son para los que necesiten realmente un techo, y no para beneficiar para quienes no están en esa circunstancia y la aparentan mañosamente. De ese modo, la adjudicación estará rodeada de la respetabilidad que debe enmarcar toda operación del Estado, sin margen para suspicacias.