11 Enero 2014
No pudieron explicar por qué los informes telefónicos no llegaron a tribunales. María Sofía Nougués, supervisora del Centro de Atención de Movistar, y Zulema Valenzuela, gerente Regional de la empresa, declararon ayer en la Fiscalía de Instrucción de la IX° Nominación por la causa en la que se investigan las amenazas que recibió Alberto Lebbos y los fiscales Adriana Gianonni y Diego López Ávila.
Las amenazas de muerte habían sido realizadas mediante mensajes de texto el viernes de la semana pasada a la noche, y todas fueron enviadas desde el mismo número de teléfono celular. El sábado 4 de enero, Lebbos y Gianonni realizaron la denuncia ante la fiscala de Feria, María de las Mercedes Carrizo.
Aunque López Ávila no recibió ningún mensaje de texto, su nombre fue incluido en las amenazas que recibió Gianonni. El periodista de LA GACETA Roberto Delgado también sufrió intimidaciones por la misma mía. El lunes a la mañana, se sumó Adolfo Ángel “El Mono” Ale, quien denunció el hecho en tribunales.
Carrizo había solicitado a la empresa “Movistar”, adonde pertenece la línea desde la que se hicieron las amenazas, un informe en el que se detalle quién es el titular de la misma, qué antenas captaron la señal en el momento en el que los mensajes fueron enviados, y cuáles fueron los números con los que tuvo comunicación.
Por la fuerza
El miércoles, a la fiscalía había llegado solamente el informe relacionado con la denuncia que había realizado “El Mono”. Carrizo intimó a la empresa para que entregara los informes restantes a la brevedad, bajo la advertencia de que los acusaría por desobediencia judicial.
Ayer a la mañana, como los informes no habían llegado a la fiscalía, Carrizo ordenó a la Policía que buscara a las autoridades de la empresa y que las llevara a su despacho.
Alrededor de las 10, Nougués y Valenzuela, acompañadas por la abogada Luciana Budeguer, llegaron a tribunales. Las mujeres explicaron cómo es el circuito para dar trámite a los pedidos judiciales, y aseguraron que los informes habían sido enviados dos días atrás. Sin embargo, no pudieron responder por qué solamente había llegado el referente a las amenazas de Ale, y no a las de Gianonni y Lebbos.
La fiscala no descarta citar a la gerente de Requerimientos Judiciales de Movistar, Gloria Bellaroni, quien reside en Buenos Aires. Carrizo, informaron fuentes judiciales, quiere determinar quién fue el responsable de que los informes no hayan llegado.
Las dos representantes que declararon ayer enviaron por correo electrónico lo que había requerido la Justicia, aunque una fuente comentó que se encontraban incompletos. Por otra parte, el periodista Adrián Intile denunció al mediodía que también recibió un mensaje intimidatorio el mismo día y desde el mismo teléfono del que se hicieron las otras amenazas.
Una vez que los informes sean analizados, las medidas que decidirá la fiscala serán ejecutadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la misma que actuó en los últimos meses en la investigación del crimen de Paulina Lebbos.
Las amenazas de muerte habían sido realizadas mediante mensajes de texto el viernes de la semana pasada a la noche, y todas fueron enviadas desde el mismo número de teléfono celular. El sábado 4 de enero, Lebbos y Gianonni realizaron la denuncia ante la fiscala de Feria, María de las Mercedes Carrizo.
Aunque López Ávila no recibió ningún mensaje de texto, su nombre fue incluido en las amenazas que recibió Gianonni. El periodista de LA GACETA Roberto Delgado también sufrió intimidaciones por la misma mía. El lunes a la mañana, se sumó Adolfo Ángel “El Mono” Ale, quien denunció el hecho en tribunales.
Carrizo había solicitado a la empresa “Movistar”, adonde pertenece la línea desde la que se hicieron las amenazas, un informe en el que se detalle quién es el titular de la misma, qué antenas captaron la señal en el momento en el que los mensajes fueron enviados, y cuáles fueron los números con los que tuvo comunicación.
Por la fuerza
El miércoles, a la fiscalía había llegado solamente el informe relacionado con la denuncia que había realizado “El Mono”. Carrizo intimó a la empresa para que entregara los informes restantes a la brevedad, bajo la advertencia de que los acusaría por desobediencia judicial.
Ayer a la mañana, como los informes no habían llegado a la fiscalía, Carrizo ordenó a la Policía que buscara a las autoridades de la empresa y que las llevara a su despacho.
Alrededor de las 10, Nougués y Valenzuela, acompañadas por la abogada Luciana Budeguer, llegaron a tribunales. Las mujeres explicaron cómo es el circuito para dar trámite a los pedidos judiciales, y aseguraron que los informes habían sido enviados dos días atrás. Sin embargo, no pudieron responder por qué solamente había llegado el referente a las amenazas de Ale, y no a las de Gianonni y Lebbos.
La fiscala no descarta citar a la gerente de Requerimientos Judiciales de Movistar, Gloria Bellaroni, quien reside en Buenos Aires. Carrizo, informaron fuentes judiciales, quiere determinar quién fue el responsable de que los informes no hayan llegado.
Las dos representantes que declararon ayer enviaron por correo electrónico lo que había requerido la Justicia, aunque una fuente comentó que se encontraban incompletos. Por otra parte, el periodista Adrián Intile denunció al mediodía que también recibió un mensaje intimidatorio el mismo día y desde el mismo teléfono del que se hicieron las otras amenazas.
Una vez que los informes sean analizados, las medidas que decidirá la fiscala serán ejecutadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la misma que actuó en los últimos meses en la investigación del crimen de Paulina Lebbos.
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