18 Diciembre 2013
Siete declaraciones para dar con los “cabecillas”
La Justicia había dispuesto la aprehensión de siete policías (uno de ellos retirado), ayer a la madrugada. Tras ser indagados por dos fiscales, fueron liberados, y no quedaron imputados en la causa por presunta sedición y otros delitos. Pero sí aportaron pistas con sus dichos
A DAR SU VERSIÓN. En la sede penal de Tribunales, los policías fueron llevados a declarar. A la tarde los liberaron. PRENSA Y DIFUSIÓN
“No puedo hablar. Todavía tengo una cosa acá...”
Llevándose la mano a la garganta, como si estuviese soportando un trago amargo, el policía se excusaba de hacer declaraciones a LA GACETA. Eran las 15, y el suboficial ya estaba en libertad, parado a la puerta de la sede penal de Tribunales, en avenida Sarmiento al 400. Horas antes, había sido arrestado junto a otros seis integrantes de la fuerza, en el marco de la causa por presunta sedición y otros delitos que investigan los fiscales Diego López Ávila (de la IV° Nominación) y Adriana Giannoni (de la VIII° Nominación).
Ninguno de los aprehendidos quedó imputado, relataron fuentes del caso a LA GACETA, pero todos prestaron declaración informativa, o “al solo fin”. Según pudo averiguar este diario, los siete habrían participado de las protestas salariales en la Subjefatura, en los primeros días de la semana pasada, y habrían sido identificados en un acta redactada por personal del Comando Radioeléctrico.
Tras escuchar los testimonios de boca de los “señalados”, los investigadores determinaron que el grupo no tuvo una participación determinante en ese reclamo, que precedió a la ola de saqueos y de violencia que azotó a la provincia. Pero los detalles que aportaron con sus dichos sobre aquella movilización podrían ser útiles en la tarea por identificar a los presuntos “cabecillas”.
Ese es uno de los puntos que el Poder Ejecutivo (PE) espera que se resuelva cuanto antes. La denuncia que inicia la causa, realizada por el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, lleva ese objetivo. “Hubo siete detenciones más de los policías autoacuartelados”, anunció en rueda de prensa, ayer a la mañana, el gobernador, José Alperovich, según consta en el sitio web oficial de la Provincia.
Horas más tarde, cuando los fiscales López Ávila y Giannoni decidieron no solicitar la detención formal de los aprehendidos, hubo voces de sorpresa en la Casa de Gobierno.
Los investigadores explicaron que la situación de este grupo liberado (uno es policía retirado) es diferente a la de los siete apresados desde el viernes pasado.
En aquella ocasión, se realizaron también allanamientos y se arrestó al ex comisario Miguel Ángel Toledo; el ex suboficial Diego Alberto Herrera; Eugenio Alejandro Mamaní (de la seccional 5a); Fanny Elizabeth Ávila (del Programa de Integración a la Comunidad de Lastenia); Flavia María Belén Bedmar (de la comisaría de San Andrés); Federico Antonio Castro (de la seccional 5a) y Omar Hogas (911). Está prófugo el ex policía Ángel Chaile. Resta resolver la situación procesal de un noveno integrante de la fuerza.
Los fiscales deben decidir si solicitan que estos siete sospechosos continúen procesados bajo prisión preventiva.
Hechos graves
Los testimonios de los siete policías aprehendidos y liberados ayer son parte de la evidencia que van reuniendo López Ávila y Giannoni.
Según averiguó LA GACETA, los investigadores están analizando no sólo la presunta sedición, sino también otros delitos perpetrados entre el lunes y el miércoles, cuando hubo saqueos, homicidios y otros incidentes graves en diferentes puntos de la provincia.
En ese sentido, una hipótesis indica que algunos policías podrían ser considerados supuestos autores mediatos de algunos de esos hechos, ya que en esos días no se brindó el servicio de vigilancia.
Hay otras medidas en carpeta con ese objetivo. Por ejemplo, se están revisando las filmaciones de las cámaras de seguridad del centro y otros documentos audiovisuales agregados al caso; además, se analiza el recorrido (por el sistema de GPS) que efectuaron en esas jornadas trágicas los autos y las motos de la Policía. En los Tribunales destacan que estas medidas llevarán tiempo, y difícilmente se obtenga datos en lo inmediato. Pero aclararon que este tipo de tareas serán más complejas cuando termine el año, y la causa seguramente continuará su curso como asunto de feria.
En la primera quincena de enero de 2014, la responsable de investigar todos los casos penales en el fuero Capital será María de las Mercedes Carrizo, fiscala de Instrucción de la IX° Nominación. En la segunda parte de ese mes será el turno de Guillermo Herrera, fiscal de la X° Nominación.
Las pérdidas
Todavía no se han podido mensurar con precisión los daños y las pérdidas por los saqueos. En lo material, el gobernador anunció que se realiza un relevamiento de los comercios que fueron saqueados; la intención, según dijo, es elaborar un proyecto de ley que los ayude a retomar la actividad normal. “Va a haber distintas alternativas según el negocio”, expresó Alperovich. La iniciativa contemplaría cuatro opciones: exenciones impositivas; subsidiar la tasa de interés a créditos que otorgará el Banco del Tucumán; subsidios directos; líneas de crédito de la Caja Popular de Ahorros.
Por otra parte, el PE indicó que la cifra oficial de fallecidos debido a los incidentes de la semana pasada es de seis personas. Esto se contrapone a un relevamiento que realizó LA GACETA en centros asistenciales, oficinas judiciales y policiales, y familiares de víctimas; estas consultas indican que se produjeron ocho muertes.
Llevándose la mano a la garganta, como si estuviese soportando un trago amargo, el policía se excusaba de hacer declaraciones a LA GACETA. Eran las 15, y el suboficial ya estaba en libertad, parado a la puerta de la sede penal de Tribunales, en avenida Sarmiento al 400. Horas antes, había sido arrestado junto a otros seis integrantes de la fuerza, en el marco de la causa por presunta sedición y otros delitos que investigan los fiscales Diego López Ávila (de la IV° Nominación) y Adriana Giannoni (de la VIII° Nominación).
Ninguno de los aprehendidos quedó imputado, relataron fuentes del caso a LA GACETA, pero todos prestaron declaración informativa, o “al solo fin”. Según pudo averiguar este diario, los siete habrían participado de las protestas salariales en la Subjefatura, en los primeros días de la semana pasada, y habrían sido identificados en un acta redactada por personal del Comando Radioeléctrico.
Tras escuchar los testimonios de boca de los “señalados”, los investigadores determinaron que el grupo no tuvo una participación determinante en ese reclamo, que precedió a la ola de saqueos y de violencia que azotó a la provincia. Pero los detalles que aportaron con sus dichos sobre aquella movilización podrían ser útiles en la tarea por identificar a los presuntos “cabecillas”.
Ese es uno de los puntos que el Poder Ejecutivo (PE) espera que se resuelva cuanto antes. La denuncia que inicia la causa, realizada por el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, lleva ese objetivo. “Hubo siete detenciones más de los policías autoacuartelados”, anunció en rueda de prensa, ayer a la mañana, el gobernador, José Alperovich, según consta en el sitio web oficial de la Provincia.
Horas más tarde, cuando los fiscales López Ávila y Giannoni decidieron no solicitar la detención formal de los aprehendidos, hubo voces de sorpresa en la Casa de Gobierno.
Los investigadores explicaron que la situación de este grupo liberado (uno es policía retirado) es diferente a la de los siete apresados desde el viernes pasado.
En aquella ocasión, se realizaron también allanamientos y se arrestó al ex comisario Miguel Ángel Toledo; el ex suboficial Diego Alberto Herrera; Eugenio Alejandro Mamaní (de la seccional 5a); Fanny Elizabeth Ávila (del Programa de Integración a la Comunidad de Lastenia); Flavia María Belén Bedmar (de la comisaría de San Andrés); Federico Antonio Castro (de la seccional 5a) y Omar Hogas (911). Está prófugo el ex policía Ángel Chaile. Resta resolver la situación procesal de un noveno integrante de la fuerza.
Los fiscales deben decidir si solicitan que estos siete sospechosos continúen procesados bajo prisión preventiva.
Hechos graves
Los testimonios de los siete policías aprehendidos y liberados ayer son parte de la evidencia que van reuniendo López Ávila y Giannoni.
Según averiguó LA GACETA, los investigadores están analizando no sólo la presunta sedición, sino también otros delitos perpetrados entre el lunes y el miércoles, cuando hubo saqueos, homicidios y otros incidentes graves en diferentes puntos de la provincia.
En ese sentido, una hipótesis indica que algunos policías podrían ser considerados supuestos autores mediatos de algunos de esos hechos, ya que en esos días no se brindó el servicio de vigilancia.
Hay otras medidas en carpeta con ese objetivo. Por ejemplo, se están revisando las filmaciones de las cámaras de seguridad del centro y otros documentos audiovisuales agregados al caso; además, se analiza el recorrido (por el sistema de GPS) que efectuaron en esas jornadas trágicas los autos y las motos de la Policía. En los Tribunales destacan que estas medidas llevarán tiempo, y difícilmente se obtenga datos en lo inmediato. Pero aclararon que este tipo de tareas serán más complejas cuando termine el año, y la causa seguramente continuará su curso como asunto de feria.
En la primera quincena de enero de 2014, la responsable de investigar todos los casos penales en el fuero Capital será María de las Mercedes Carrizo, fiscala de Instrucción de la IX° Nominación. En la segunda parte de ese mes será el turno de Guillermo Herrera, fiscal de la X° Nominación.
Las pérdidas
Todavía no se han podido mensurar con precisión los daños y las pérdidas por los saqueos. En lo material, el gobernador anunció que se realiza un relevamiento de los comercios que fueron saqueados; la intención, según dijo, es elaborar un proyecto de ley que los ayude a retomar la actividad normal. “Va a haber distintas alternativas según el negocio”, expresó Alperovich. La iniciativa contemplaría cuatro opciones: exenciones impositivas; subsidiar la tasa de interés a créditos que otorgará el Banco del Tucumán; subsidios directos; líneas de crédito de la Caja Popular de Ahorros.
Por otra parte, el PE indicó que la cifra oficial de fallecidos debido a los incidentes de la semana pasada es de seis personas. Esto se contrapone a un relevamiento que realizó LA GACETA en centros asistenciales, oficinas judiciales y policiales, y familiares de víctimas; estas consultas indican que se produjeron ocho muertes.
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