Alperovich: "Se vivió una verdadera extorsión de la Policía"

Después de 48 horas ininterrumpidas de caos, saqueos, hechos delictivos y descontrol en las calles, el acuerdo entre el Gobierno de la provincia y los policías acuartelados llegó en la tarde noche de ayer y trajo algo de alivio para los tucumanos. Los efectivos de la fuerza local terminaron aceptando el ofrecimiento salarial del Poder Ejecutivo (PE) que el gobernador, José Alperovich, materializó a través de un decreto. Desde enero, ningún uniformado cobrará menos de $ 8.700 de bolsillo. En tanto que el salario básico para el agente que recién se inicia en la actividad superará los $ 4.900.

Tucumán amaneció consternado luego de la ola de saqueos y robos que se cometieron en simultáneo en supermercados y comercios de la capital y municipios del Gran San Miguel de Tucumán. Las expectativas sobre un posible arreglo entre el PE y los uniformados rebeldes creció con el paso de las horas. Cerca del mediodía, Alperovich brindó una conferencia de prensa -acompañado de ministros, concejales, legisladores e intendentes- para anunciar que no había posibilidades económicas de mejorar el ofrecimiento realizado durante la noche anterior: $ 8.500 de salario de bolsillo para todos los efectivos que ingresan a la fuerza provincial. Luego de más de 24 horas de no realizar declaraciones, el mandatario anunció que había solicitado, por vía judicial, el desalojo de los uniformados que permanecían acuartelados en la sede de la Subjefatura de Policía, emplazada en calle Chile al 1.800.

La falta de un rápido acuerdo generó temor en los vecinos, quienes comenzaron a colocar barricadas en las calles para impedir el posible acceso a sus viviendas de delincuentes motorizados. Mientras tanto, los policías acuartelados anunciaban que no aceptaban el incremento salarial y que resistirían “hasta las últimas consecuencias” la llegada de Gendarmería nacional.

Para intentar atemperar el conflicto, el arzobispo de Tucumán, monseñor Alfredo Zecca, medió entre el PE y los uniformados. En dos oportunidades, el prelado se acercó a dialogar con los manifestantes. Pasadas las 18, una comisión de policías acuartelados, encabezada por Diego Herrera (había sido cesanteado por el PE), se reunieron con el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer y el jefe de Policía, Jorge Racedo. A las 19, los efectivos amotinados decidieron aceptar el incremento salarial. “Le pedimos disculpas a la comunidad, queremos que sepan que para llegar a un acuerdo dejamos de lado muchos ítems; lo único que nos interesaba en estos momentos era destrabar el conflicto y que esto llegue a buen puerto. El sueldo de bolsillo para el cargo de agente será de $ 8.700 (a partir de enero”, anunció Herrera a LA GACETA, cuando terminó la reunión con las autoridades del Gobierno. “Además, se acordó la vuelta de los cesanteados, entre los que estoy incluido”, agregó. ¿Realizarán alguna autocrítica respecto a la medida de fuerza?, se le consultó. “Sí, nos tenemos que replantear muchas cosas. Lamentablemente, como no tenemos sindicato, la única forma de hacernos escuchar es a través de la protesta. Esta vez el Ministerio (de Seguridad) nos dijo que el diálogo será más fluido, y pensamos que se trabajará de otra manera”. ¿Se hacen cargo de todo lo sucedido?, se le insistió. “Lamentablemente, no te podés hacer cargo del 100%, pero sí tenemos responsabilidad, como todos; no te podés lavar las manos por lo que pasó, y hay mucho para rever para el futuro. Ya están todos los compañeros en la calle trabajando para restablecer el orden. Monseñor Zecca fue clave, y teníamos todas las pretensiones de arreglar el conflicto”, sostuvo el policía que encabezó las negociaciones.

El titular de la cartera de Seguridad también habló con los periodistas que esperaban respuestas en la Casa de Gobierno. “La policía ya está trabajando normalmente. Sólo quedaban unas 150 personas que permanecían en actitud de paro. Ahora ese grupo firmó el acta acuerdo. La policía del interior nunca estuvo de paro”, explicó el encargado de la seguridad en Tucumán.

Pese al acuerdo alcanzado, Gassenbauer confirmó que Gendarmería continuará hoy patrullando las calles, en forma conjunta con la Policía. “Vamos a ser duros con aquellos que estén saqueando. La realidad es que no hay ningún motivo. Si uno revisa las filmaciones, es realmente aberrante la gente y la calidad de gente que estaba saqueando. Los vecinos saqueando sus almacenes. Habrá que replantear qué es lo que nos está pasando como sociedad”, reflexionó Gassenbauer. ¿Qué pasará con los comerciantes y particulares que resultaron perjudicados con los saqueos?, se le preguntó. “Todavía no se pensó en eso pero seguramente se le dará una respuesta”, confirmó. ¿Se subestimó a la Policía?, se le insistió. “No se subestimó. Tampoco vi en otras provincias que la población haya salido (a saquear) como en Tucumán. Hay una responsabilidad muy grande de la Policía pero también es increíble ver lo que pasó con la ciudadanía de Tucumán”, espetó. A las 20, los policías acuartelados ya habían abandonado la sede de la Subjefatura.

Tras la tensa negociación salarial con la Policía, y el arribo a un acuerdo vía un decreto firmado de su puño y letra, el gobernador José Alperovich salió a hablar sobre las jornadas de saqueos y terror que se vivieron en Tucumán. En una rueda de prensa que duró poco más de tres minutos, el titular del Poder Ejecutivo (PE) adelantó que se tomarán medidas contra los responsables de los atracos.

- Gobernador, ¿hubo un arreglo?

- Sí, se llegó a un acuerdo con la Policía de Tucumán. Se acordó el decreto que habíamos firmado hoy (por ayer). La verdad que la provincia de Tucumán vivió una verdadera extorsión por parte de las fuerzas policiales, que en todo momento tendría que haber estado cuidando o velando por los intereses de la gente, y no pasar esta tremenda cosa que hemos vivido estas 24 horas. Pero hoy la Policía está en la calle. Hemos hablado permanentemente con Gendarmería, donde vamos a apostar como 900 o 1.000 gendarmes más, en la noche está llegando un (avión) Hércules. (...) También es cierto que no les podemos perdonar a delincuentes que han ido a atacar casas de familias, negocios; vamos a usar todo lo que esté a nuestra disposición, cámaras que hubo, para tratar de pelear fuerte. Y bueno, la verdad innecesariamente es lo que pasó en Tucumán: porque siempre este Gobierno habló y estuvo dispuesto al diálogo. Pero lo que siempre digo: una cosa era defender salarialmente, con lo que estoy de acuerdo, y otra no defender los intereses de la gente; y acá, lamentablemente, no se puede tolerar lo que existió. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Esperemos que se vuelva a la normalidad todo. La Policía ya está en la calle, ya debería cumplir la misión, que es cuidar los intereses (de los ciudadanos).

- ¿Hay detenidos?

- Hay muchos detenidos

- Gobernador, ¿qué pasará con los comerciantes? ¿Habrá ayuda?

- Todo lo que esté a nuestro alcance, como ustedes han visto, siempre hemos tratado de ayudar. Pero acá lo importante era terminar esto. La verdad, lo que ha pasado el pueblo tucumano, sentir ese sentido de indefensión, salir por sus propios medios a defenderse, hacer piquetes en todos lados, realmente no tenía ningún sentido, porque si usted me dice cuál era el problema... ¿No se podía haber negociado? Seguramente que sí, como lo hicimos siempre

- La Policía hizo su autocrítica, ¿hace la suya el Gobierno?

- Y... no sé cuáles son los errores. Si yo he cometido errores, también hago la misma autocrítica.

Zecca hizo de intermediador

“Se ha roto la amistad social; no podemos vivir en una ciudad con gente armada y con miedo”

El arzobispo de Tucumán, monseñor Alfredo Zecca, ofició de intermediario entre los policías en huelga y las autoridades provinciales. “Esto es un desborde, hay gente armada y asustada”, planteó en un principio el prelado. En Casa de Gobierno, Zecca se entrevistó con el gobernador, José Alperovich. Luego, con los referentes de los uniformados. “Estoy muy preocupado por este desborde. Ha salido gente a robar que no es el ladrón común, tampoco gente con hambre, y eso es un signo de que se ha roto la amistad social”, señaló el arzobispo. Las situaciones de violencia en los barrios también alcanzaron a los reeligiosos. “Me llamó un párroco para contarme que había vecinos armados que fueron a refugiarse a la parroquia, con miedo, porque vieron una camioneta que merodeaba por el barrio. No podemos vivir en una ciudad con gente armada y con miedo, en una lucha de pobres contra pobres”, reflexionó. El religioso consideró que, más allá de las razones coyunturales -“la inflación y los salarios que no alcanzan, eso es innegable”, dijo- el fundamento último, la raíz de la crisis es que “hemos sacado a Dios de nuestras vidas”.