06 Noviembre 2013
El juicio por jurados no estaba previsto originalmente en el fallido plan piloto diseñado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ese proyecto, cuya frustración dio pie a la Legislatura para constituir una comisión especial encargada de elaborar una propuesta de reforma procesal penal, se concentraba exclusivamente en modificar la investigación previa al juicio oral. Pero el comité quiere ir más allá y debatir la conveniencia de incorporar alguna versión del juicio por jurados, instituto incluido en la Constitución Nacional de 1853, y adoptado en provincias como Córdoba y Buenos Aires.
Esta novedad es el último punto del temario para el quinto encuentro de la comisión compuesta por representantes de los tres poderes del Estado, y de la abogacía de la capital y del sur. Dicho orden del día, que fue elaborado por el legislador Marcelo Caponio (FpV), presidente del comité, será desarrollado el próximo lunes a partir de las 17, en la sede de la Legislatura.
Previamente los miembros del comité analizarán un proyecto de reglamento para la audiencia pública que el cuerpo ad hoc se propone convocar. Esa audiencia, cuyo objetivo es dar participación a los ciudadanos y organismos interesados en la materia procesal penal, tendría un formato similar a la que el Congreso de la Nación celebró el año pasado en la provincia con motivo del proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial.
Cuestiones metodológicas
El temario del encuentro del lunes incluye asimismo la invitación a definir los alcances que tendrá la propuesta de reforma y la metodología que empleará la comisión para producir el texto que finalmente elevará al Poder Legislativo. El comité discutirá asimismo los principios generales que regirán los cambios sugeridos, subtítulo en el que entra, por ejemplo, la posibilidad de dotar de autonomía al Ministerio Público y de separar la acusación (fiscal) de la defensa (en el presente, ambas funciones están unidas en la misma institución).
En la última reunión, los representantes del Poder Judicial insistieron sobre la necesidad de “oralizar” -mediante audiencias públicas- el proceso previo al juicio; de romper la lógica del expediente que incentiva el planteo de nulidades formales; de adoptar salidas alternativas como la conciliación y de establecer un criterio para investigar sólo los casos relevantes para la política criminal (principio de oportunidad). Las críticas expresadas por los jueces fueron luego refrendadas por Ángel Fara y Sergio Faiad, representantes del Colegio de Abogados del Sur. Esos letrados se quejaron de la burocracia; de la imposibilidad de consultar el expediente durante la pesquisa y de la lentitud de un sistema que no respeta los plazos procesales.
Esta novedad es el último punto del temario para el quinto encuentro de la comisión compuesta por representantes de los tres poderes del Estado, y de la abogacía de la capital y del sur. Dicho orden del día, que fue elaborado por el legislador Marcelo Caponio (FpV), presidente del comité, será desarrollado el próximo lunes a partir de las 17, en la sede de la Legislatura.
Previamente los miembros del comité analizarán un proyecto de reglamento para la audiencia pública que el cuerpo ad hoc se propone convocar. Esa audiencia, cuyo objetivo es dar participación a los ciudadanos y organismos interesados en la materia procesal penal, tendría un formato similar a la que el Congreso de la Nación celebró el año pasado en la provincia con motivo del proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial.
Cuestiones metodológicas
El temario del encuentro del lunes incluye asimismo la invitación a definir los alcances que tendrá la propuesta de reforma y la metodología que empleará la comisión para producir el texto que finalmente elevará al Poder Legislativo. El comité discutirá asimismo los principios generales que regirán los cambios sugeridos, subtítulo en el que entra, por ejemplo, la posibilidad de dotar de autonomía al Ministerio Público y de separar la acusación (fiscal) de la defensa (en el presente, ambas funciones están unidas en la misma institución).
En la última reunión, los representantes del Poder Judicial insistieron sobre la necesidad de “oralizar” -mediante audiencias públicas- el proceso previo al juicio; de romper la lógica del expediente que incentiva el planteo de nulidades formales; de adoptar salidas alternativas como la conciliación y de establecer un criterio para investigar sólo los casos relevantes para la política criminal (principio de oportunidad). Las críticas expresadas por los jueces fueron luego refrendadas por Ángel Fara y Sergio Faiad, representantes del Colegio de Abogados del Sur. Esos letrados se quejaron de la burocracia; de la imposibilidad de consultar el expediente durante la pesquisa y de la lentitud de un sistema que no respeta los plazos procesales.
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