14 Febrero 2013
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Estado argentino que tome medidas urgentes para proteger a la comunidad indígena El Nogalito, en el departamento Lules.
La medida dispuesta por la CIDH responde a una presentación formulada por la organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
Andhes acudió al organismo internacional para dar a conocer la situación que enfrentan las comunidades indígenas que habitan en Tucumán. En el documento que se remitió a la CIDH se detallan los continuos desalojos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios en los últimos años.
"Está en vigencia una ley de orden público que prohibe estos desalojos. Además, las comunidades y sus referentes son víctimas de permanentes amenazas y hostigamientos. Esto es una evidencia de que el Estado no llevó adelante las acciones necesarias para evitar estos actos de violencia", remarca el documento.
"Por lo contrario, las acciones en perjuicio de esta comunidad contaron con el aval directo de un amplio sector del Poder Judicial y las policías locales. Sumado a la indiferencia de los poderes ejecutivos locales y federales", continúa el informe.
Los derechos de propiedad de las comunidades indígenas del país sobre sus territorios comunitarios ancestrales no provienen, en general, del otorgamiento estatal de un título de propiedad; sino del reconocimiento Constitucional de su preexistencia al Estado Nacional. Por esto, el Estado argentino deberá cumplir con la medida cautelar interpuesta por la CIDH que busca garantizar el bienestar de este pueblo.
La comunidad de El Nogalito está instalada en Lules, en una localidad aledaña a la ruta 341.
La medida dispuesta por la CIDH responde a una presentación formulada por la organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
Andhes acudió al organismo internacional para dar a conocer la situación que enfrentan las comunidades indígenas que habitan en Tucumán. En el documento que se remitió a la CIDH se detallan los continuos desalojos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios en los últimos años.
"Está en vigencia una ley de orden público que prohibe estos desalojos. Además, las comunidades y sus referentes son víctimas de permanentes amenazas y hostigamientos. Esto es una evidencia de que el Estado no llevó adelante las acciones necesarias para evitar estos actos de violencia", remarca el documento.
"Por lo contrario, las acciones en perjuicio de esta comunidad contaron con el aval directo de un amplio sector del Poder Judicial y las policías locales. Sumado a la indiferencia de los poderes ejecutivos locales y federales", continúa el informe.
Los derechos de propiedad de las comunidades indígenas del país sobre sus territorios comunitarios ancestrales no provienen, en general, del otorgamiento estatal de un título de propiedad; sino del reconocimiento Constitucional de su preexistencia al Estado Nacional. Por esto, el Estado argentino deberá cumplir con la medida cautelar interpuesta por la CIDH que busca garantizar el bienestar de este pueblo.
La comunidad de El Nogalito está instalada en Lules, en una localidad aledaña a la ruta 341.
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