Por un préstamo al Noar, la Bancaria reclama $ 55 millones

En 1994 la Caja Popular de Ahorros (CPA) le prestó U$S 2 millones al Banco Noar para financiar la construcción de la nueva terminal de ómnibus. Pero ese dinero nunca volvió a las arcas de la entidad, según el dirigente nacional de La Bancaria, Carlos Cisneros. El monto actualizado de esa deuda, según él, asciende a $ 55 millones, cuando se lo calcula con la cotización actual del dólar. "Ese dinero le vendría muy bien a la Provincia pero el gobernador (José) Alperovich nunca hizo nada para ejecutar esa deuda", remarcó.

Según el dirigente, debido al incumplimiento del pago de esa deuda la CPA se podría haber quedado con más de un 30% de las instalaciones de la nueva terminal e incluso con locales comerciales. "De esta manera se le hubiera devuelto el dinero a la Caja", ejemplificó. En la documentación que exhibe Cisneros, hay una resolución fechada el 26 de mayo de 1994 donde figura que la CPA depositó U$S 1 millón en plazo fijo en el Banco Noar y que suscribió cinco pagares por la suma de U$S 215.711, cada uno, a favor de esta misma entidad financiera. "Ese documento fue firmado por Alperovich y por su cuñado Carlos Rojkés", afirmó el dirigente. En ese año, el actual gobernador de Tucumán era presidente del banco, mientras que Rojkés era el secretario.

La posterior quiebra del Banco Noar derivó en una denuncia penal, en la que se acusa por presunta estafa a la mesa directiva. Esa presentación se radicó en la Fiscalía II, a cargo de Carlos Albaca. Ahora, la Bancaria busca reflotar esta causa. "No podemos resignar tanto dinero. Haremos todo lo que este a nuestro alcance para continuar con este proceso judicial", adelantó Cisneros.

La intervención a la Caja
En 2003, el gobernador ordenó la intervención de la CPA. La semana pasada asumió como nuevo interventor el legislador en uso de licencia Armando "Cacho" Cortalezzi luego de que las tensiones con la Bancaria hicieran que Alperovich le pidiera la renuncia a Eduardo El Éter.

"No tenemos problemas con los interventores. Ellos sólo hacen lo que Alperovich les ordena. Por eso se hicieron tantos malos negocios, como fueron la venta de dos guarderías de autos que le pertenecían a la Caja. El martes se cumplen nueve años desde que se intervino la entidad. Sólo pedimos que se nombre un nuevo directorio", explicó Cisneros.

El dirigente de la Bancaria desestimó las declaraciones del gobernador, quien afirmó que la disputa por los $ 170 millones de la sustitución de garantías del Departamento Seguros, a cambio de Letras de Tesorería, es una pelea política. "Defiendo los intereses de los empleados bancarios", respondió Cisneros.

En este sentido, advirtió que la ley promulgada para usar estos fondos pone en riesgo a la CPA. "Queremos que devuelvan el dinero y que revean la ley porque no se especifica que el uso del Fondo de Garantías sea por única vez. Esto habilita al gobierno a que, luego de devolver la plata a fin de año, pueda pegar otro manotazo cuando quiera. Por esto, no queremos discutir con sus empleados sino con Alperovich para saber qué quiere hacer con la Caja", concluyó Cisneros.

LA GACETA buscó a Cortalezzi para tener una respuesta oficial sobre los planteos de Cisneros, pero el interventor no respondió los llamados de este diario.