17 Octubre 2012
Los referentes opositores de la provincia no quieren que las denuncias públicas por el presunto espionaje político del Gobierno caigan en saco roto. Por ese motivo, en la Justicia Federal se acumulan los planteos para que se investigue el supuesto sistema de información oficial que se ocuparía de espiar organizaciones populares.
A principios de septiembre, el diario La Nación publicó un informe con las denuncias de tres comisarios retirados -no se consignaron sus nombres- referidas a que el Departamento de Inteligencia Policial (D2) realiza tareas de espionaje político. El medio también citó críticas del senador José Cano (UCR). De inmediato, el Partido Obrero (PO) concurrió a los tribunales federales. Luego, el gremio La Bancaria presentó un recurso de hábeas corpus por la supuesta persecución contra su titular, Eduardo Bourlé.
Esta vez, el peronista disidente Enrique Romero acudió a la Justicia Federal y denunció al gobernador, José Alperovich, y al ministro de Seguridad, Mario López Herrera, por violación a las leyes nacionales 24.059 y 25.520 (de Inteligencia y Seguridad Interior), que les prohíben a las fuerzas de seguridad realizar este tipo de actividades. El titular del partido Perón aseguró que desde 2003 el Ministerio de Seguridad realiza tareas de inteligencia, espionaje y persecución sobre empresarios, gremialistas y dirigentes sociales y políticos.
Romero recordó la firma del decreto 344/1 de noviembre de 2003, mediante el que Alperovich contrató en forma directa a la empresa Security and Inteligence Addvising (SIA), con sede central en Israel. "Argumentó que era necesario implementar medidas de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo tendientes a garantizar la reserva y privacidad del accionar de las autoridades", afirmó Romero.
El dirigente opositor, en su presentación judicial, sostiene que SIA es una "organización paramilitar internacional conformada por agentes del Mossad (el Servicio Secreto del Estado Israelí)".
A principios de septiembre, el diario La Nación publicó un informe con las denuncias de tres comisarios retirados -no se consignaron sus nombres- referidas a que el Departamento de Inteligencia Policial (D2) realiza tareas de espionaje político. El medio también citó críticas del senador José Cano (UCR). De inmediato, el Partido Obrero (PO) concurrió a los tribunales federales. Luego, el gremio La Bancaria presentó un recurso de hábeas corpus por la supuesta persecución contra su titular, Eduardo Bourlé.
Esta vez, el peronista disidente Enrique Romero acudió a la Justicia Federal y denunció al gobernador, José Alperovich, y al ministro de Seguridad, Mario López Herrera, por violación a las leyes nacionales 24.059 y 25.520 (de Inteligencia y Seguridad Interior), que les prohíben a las fuerzas de seguridad realizar este tipo de actividades. El titular del partido Perón aseguró que desde 2003 el Ministerio de Seguridad realiza tareas de inteligencia, espionaje y persecución sobre empresarios, gremialistas y dirigentes sociales y políticos.
Romero recordó la firma del decreto 344/1 de noviembre de 2003, mediante el que Alperovich contrató en forma directa a la empresa Security and Inteligence Addvising (SIA), con sede central en Israel. "Argumentó que era necesario implementar medidas de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo tendientes a garantizar la reserva y privacidad del accionar de las autoridades", afirmó Romero.
El dirigente opositor, en su presentación judicial, sostiene que SIA es una "organización paramilitar internacional conformada por agentes del Mossad (el Servicio Secreto del Estado Israelí)".
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