16 Octubre 2012
De la mano del radicalismo, los dirigentes bancarios de Tucumán nacionalizarán la denuncia por persecución policial en contra del Gobierno provincial.
Ayer, en la sede del gremio, el senador y presidente de la UCR, José Cano, y la legisladora Silvia Elías de Pérez, mantuvieron una reunión con el dirigente nacional de La Bancaria, Carlos Cisneros, y el secretario general del sindicato local, Eduardo Bourlé. Desde que estalló el conflicto con el oficialismo por la tenencia del club Caja Popular (el PE pretendió expropiarlo y La Bancaria se opuso), los sindicalistas denuncian que el Gobierno los persigue mediante el Departamento de Inteligencia Policial (D2).
"El senador Cano nos acompañará con presentaciones nacionales", precisó Bourlé. El gremio también pretende que se extienda el rechazo a la ley que autoriza al PE a tomar recursos del Fondo de Garantía de la Caja Popular de Ahorros y entregar, a cambio, Letras del Tesoro.
"Nos queda la vía judicial, porque la operatoria viola normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Es un arrebato, porque las normas dicen que del Fondo de Garantía no se puede afectar más de un 20%", añadió.
"Hay dos cosas que no dejaremos pasar por alto. Primero, la irrupción de la Policía y la persecución del D2. Y segundo, el futuro de la Caja. Haremos una presentación judicial en Buenos Aires contra Juan Bontempo, que es el interventor de la Superintendencia de Seguros, porque con el permiso precario que le dio a la Provincia para que use fondos de la Caja está faltando a sus deberes de funcionario público", amplió Cisneros.
El senador Cano reiteró el repudio de la UCR a la toma de recursos de la Caja. "El Ejecutivo tendría que explicar por qué le está faltando plata cuando tiene un presupuesto superavitario. Los buenos negocios siempre son para los socios del gobernador, como Jorge Brito del Banco Macro, y las pérdidas se las hacen pagar a la Caja, que es de los tucumanos", denunció.
El presidente de la junta de gobierno radical también cuestionó el uso de recursos policiales para espiar dirigentes políticos y gremiales. "Están usando una fuerza creada por la dictadura para perseguir a los opositores", remarcó Cano, en alusión al trabajo del Departamento de Inteligencia de la Policía.
Ayer, en la sede del gremio, el senador y presidente de la UCR, José Cano, y la legisladora Silvia Elías de Pérez, mantuvieron una reunión con el dirigente nacional de La Bancaria, Carlos Cisneros, y el secretario general del sindicato local, Eduardo Bourlé. Desde que estalló el conflicto con el oficialismo por la tenencia del club Caja Popular (el PE pretendió expropiarlo y La Bancaria se opuso), los sindicalistas denuncian que el Gobierno los persigue mediante el Departamento de Inteligencia Policial (D2).
"El senador Cano nos acompañará con presentaciones nacionales", precisó Bourlé. El gremio también pretende que se extienda el rechazo a la ley que autoriza al PE a tomar recursos del Fondo de Garantía de la Caja Popular de Ahorros y entregar, a cambio, Letras del Tesoro.
"Nos queda la vía judicial, porque la operatoria viola normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Es un arrebato, porque las normas dicen que del Fondo de Garantía no se puede afectar más de un 20%", añadió.
"Hay dos cosas que no dejaremos pasar por alto. Primero, la irrupción de la Policía y la persecución del D2. Y segundo, el futuro de la Caja. Haremos una presentación judicial en Buenos Aires contra Juan Bontempo, que es el interventor de la Superintendencia de Seguros, porque con el permiso precario que le dio a la Provincia para que use fondos de la Caja está faltando a sus deberes de funcionario público", amplió Cisneros.
El senador Cano reiteró el repudio de la UCR a la toma de recursos de la Caja. "El Ejecutivo tendría que explicar por qué le está faltando plata cuando tiene un presupuesto superavitario. Los buenos negocios siempre son para los socios del gobernador, como Jorge Brito del Banco Macro, y las pérdidas se las hacen pagar a la Caja, que es de los tucumanos", denunció.
El presidente de la junta de gobierno radical también cuestionó el uso de recursos policiales para espiar dirigentes políticos y gremiales. "Están usando una fuerza creada por la dictadura para perseguir a los opositores", remarcó Cano, en alusión al trabajo del Departamento de Inteligencia de la Policía.
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