15 Octubre 2012
BUENOS AIRES.- El fiscal federal Luis Comparatore requirió emprender una investigación contra el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a raíz del presunto pago de sobreprecios en las remodelaciones realizadas en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, en donde están emplazados los murales de Evita. La investigación también involucra al secretario de Obras Públicas, José López; y al subsecretario Legal de Planificación, Rafael Llorens, entre otros funcionarios nacionales.
La causa se inició a raíz de una investigación preliminar que llevó a cabo el fiscal federal Carlos Stornelli, quien denunció el pago de sobreprecios en un contrato por más de $ 100 millones en el edificio ubicado en Avenida 9 de Julio y Belgrano. La investigación también apunta a los integrantes de una comisión evaluadora que recomendó que la obra esté a cargo de la empresa Teximco. En una primera licitación, la firma Bricons-Lanusse había ofertado $ 87 millones, pero no fue aceptada. Luego, la obra fue encargada a Teximco.
El fiscal también requirió que la Inspección General de Justicia (IGJ) informe sobre la composición de las empresas que intervinieron en el proceso licitatorio.
Las obras de arte fueron montadas en el edificio que fue declarado (2002) Monumento Histórico Nacional por un decreto de la presidenta, Cristina Fernández.
Comparatore pidió al juez federal Sergio Torres una pericia sobre los murales emplazados, y que se establezca una tasación de los trabajos. Además, pidió que la Auditoría General de la Nación informe sobre las condiciones del contrato. (NA)
La causa se inició a raíz de una investigación preliminar que llevó a cabo el fiscal federal Carlos Stornelli, quien denunció el pago de sobreprecios en un contrato por más de $ 100 millones en el edificio ubicado en Avenida 9 de Julio y Belgrano. La investigación también apunta a los integrantes de una comisión evaluadora que recomendó que la obra esté a cargo de la empresa Teximco. En una primera licitación, la firma Bricons-Lanusse había ofertado $ 87 millones, pero no fue aceptada. Luego, la obra fue encargada a Teximco.
El fiscal también requirió que la Inspección General de Justicia (IGJ) informe sobre la composición de las empresas que intervinieron en el proceso licitatorio.
Las obras de arte fueron montadas en el edificio que fue declarado (2002) Monumento Histórico Nacional por un decreto de la presidenta, Cristina Fernández.
Comparatore pidió al juez federal Sergio Torres una pericia sobre los murales emplazados, y que se establezca una tasación de los trabajos. Además, pidió que la Auditoría General de la Nación informe sobre las condiciones del contrato. (NA)
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