03 Octubre 2012
Aunque el gobernador, José Alperovich, prefirió ayer no responder a las denuncias del dirigente bancario Carlos Cisneros, el expediente judicial abierto por el futuro del Club Caja Popular de Ahorros presenta datos reveladores.
"Eso está en la Justicia", dijo el mandatario cuando se le consultó por los dichos de Cisneros y del titular del gremio bancario en Tucumán, Eduardo Bourlé. Según los sindicalistas, el Poder Ejecutivo persigue intereses inmobiliarios con el predio de calle Bolívar al 1.300. Además, vincularon a allegados y familiares del gobernador con la explotación del complejo. "El cantinero fue puesto por Alberto Kaleñuk, el secretario privado del gobernador. El interventor (Federico Rodríguez Herrera) es ahijado de Rojkés. El hijo del ministro Jorge Gassenbauer presentó el proyecto de expropiación. Uno de los hijos de Alperovich organizó eventos en el club", dijo Cisneros.
Bourlé, además, denunció que el Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía ("D2") irrumpió en las instalaciones el fin de semana y seguía a sus directivos. El bancario se hizo cargo del club luego de que se frustrara el intento del Gobierno por expropiarlo.
Los dirigentes bancarios explotaron tras las acusaciones del encargado de la cantina, Ramón Ybarra. El cocinero había manifestado a LA GACETA que lo intimidaron para que abandonara el lugar: Ybarra se hizo cargo del bar a partir de la intervención.
Según fuentes tribunalicias, en la causa caratulada "Bourlé, Eduardo y otros S/amenazas", que lleva adelante la fiscala María de las Mercedes Carrizo consta que fue la propia funcionaria la que solicitó la intervención del "D2". Al expediente se incorporó la denuncia policial presentada en la Seccional Segunda y el relato de la esposa del cantinero. Según dijo, el sábado a las 10 llegó Bourlé junto a un grupo de personas para echarlos. Ante la denuncia, la fiscala envió al "D2" y a Criminalística de la Policía a inspeccionar el predio.
Ayer, la junta de gobierno de la UCR expresó su preocupación por las denuncias de espionaje y persecución realizadas por la Asociación Bancaria. En consecuencia, resolvió avalar el pedido de informes presentado por legisladores de ese partido para conocer en detalle lo que realiza esa repartición.
"Eso está en la Justicia", dijo el mandatario cuando se le consultó por los dichos de Cisneros y del titular del gremio bancario en Tucumán, Eduardo Bourlé. Según los sindicalistas, el Poder Ejecutivo persigue intereses inmobiliarios con el predio de calle Bolívar al 1.300. Además, vincularon a allegados y familiares del gobernador con la explotación del complejo. "El cantinero fue puesto por Alberto Kaleñuk, el secretario privado del gobernador. El interventor (Federico Rodríguez Herrera) es ahijado de Rojkés. El hijo del ministro Jorge Gassenbauer presentó el proyecto de expropiación. Uno de los hijos de Alperovich organizó eventos en el club", dijo Cisneros.
Bourlé, además, denunció que el Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía ("D2") irrumpió en las instalaciones el fin de semana y seguía a sus directivos. El bancario se hizo cargo del club luego de que se frustrara el intento del Gobierno por expropiarlo.
Los dirigentes bancarios explotaron tras las acusaciones del encargado de la cantina, Ramón Ybarra. El cocinero había manifestado a LA GACETA que lo intimidaron para que abandonara el lugar: Ybarra se hizo cargo del bar a partir de la intervención.
Según fuentes tribunalicias, en la causa caratulada "Bourlé, Eduardo y otros S/amenazas", que lleva adelante la fiscala María de las Mercedes Carrizo consta que fue la propia funcionaria la que solicitó la intervención del "D2". Al expediente se incorporó la denuncia policial presentada en la Seccional Segunda y el relato de la esposa del cantinero. Según dijo, el sábado a las 10 llegó Bourlé junto a un grupo de personas para echarlos. Ante la denuncia, la fiscala envió al "D2" y a Criminalística de la Policía a inspeccionar el predio.
Ayer, la junta de gobierno de la UCR expresó su preocupación por las denuncias de espionaje y persecución realizadas por la Asociación Bancaria. En consecuencia, resolvió avalar el pedido de informes presentado por legisladores de ese partido para conocer en detalle lo que realiza esa repartición.
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