Competitividad es la capacidad de competir que tiene el ser humano y carecer de ella o tener menguado ese don es no apostar al progreso. Empíricamente, se puede comprobar que, sin ella, los países crecen, pero no progresan. Ni tampoco su gente.
Este es el centro ideológico de una de las dos grandes discrepancias que hay por estos días entre lo que piensa el Gobierno, en oposición a lo que sostiene otra parte de la sociedad.
La segunda divergencia no es sin dudas la polémica por la cadena nacional nocturna que provocó un cambio muy alto en la audiencia de los canales, ni tampoco el blooper presidencial de haberse comparado en un discurso con Dios, ambos temas de segundo orden, que se llevaron mucha tinta y saliva en la semana.
La otra cuestión relevante es una mayor toma de conciencia en relación a la teoría que sostiene que todo el mundo es comprable y que por el mero hecho de "ponerle" en el bolsillo dineros públicos a alguien (medios, empresarios, desocupados), bajo la forma que sea (publicidad, protección, subsidios), los beneficiarios deberán alinearse de inmediato con el poder: no hablar, aplaudir y votar en consecuencia.
El tema quedó expuesto con toda crudeza el jueves por la noche, cuando el viceministro de Economía, Axel Kicillof, le explicó a la sociedad que siempre habrá alguien que les recuerde a los beneficiarios su dependencia económica del Estado y que les sacuda sin anestesia la amenaza: "podríamos fundirlos".
La economía del apriete
Es que el "proyecto político" que dice impulsar el gobierno nacional para planificar la economía parece preferir el apriete en lugar del ingrediente de la competitividad. Pero, no sólo la parte que deriva de la alta inflación interna en relación al ajuste del tipo de cambio, ítem que se defiende no sólo con el enamoramiento de Domingo Cavallo por el 1 a 1 o el de José Alfredo Martínez de Hoz, sino que para edificar el retorno del Estado activo y benefactor se ha preocupado por derribar también muchos fundamentos institucionales que le dan a los países claras ventajas sobre los demás.
El World Economic Forum tiró nueve puestos para abajo a la Argentina y entre los fundamentos para ser considerada casi igual que Mongolia, Serbia, Namibia y Grecia están las muy bajas calificaciones en eficiencia gubernamental que se relaciona con los "altos niveles de presión" del Gobierno, junto con una de las peores notas en términos de "confianza en los políticos".
Sobre reformas estructurales, otro bochazo, ya que el aumento de la competencia interna fue valorado en el lugar 143 sobre 144 países, mientras que la reducción de las barreras a la iniciativa empresarial y el aumentar la flexibilidad de los mercados de trabajo, quedó en el puesto 142. Todo muy poco competitivo, sería el diagnóstico en estas materias donde es el Estado quien debe facilitar y no obstruir.
No lo dice el Informe de modo tan descarnado, pero la concepción gubernamental de preeminencia estatal va ahogando de a poco a la actividad privada, salvo a la interesada y poco competitiva, la que suele ganar mucho dinero por acompañar las políticas de protección, tal como lo ha hecho siempre buena parte de la dirigencia empresaria, hasta con los gobiernos militares que tenían la misma receta.
Gran complicación para el Gobierno, entonces, ya que no puede acusar a los campeones del proteccionismo que piden una devaluación de ser "neoliberales", ni a Paolo Rocca siquiera.
El problema con Rocca, jefe de Techint, es otro y más grueso, ya que no de modo ingenuo cambió el lunes pasado la mesa principal de Tecnópolis, donde la presidenta de la Nación lo esperaba para disciplinarlo al igual que al resto de los industriales, por un asiento en la Academia de Ingenieros frente a sus pares. Allí, dijo lo que dijo y ardió Troya en Olivos, porque además, se publicó en el diario Clarín.
Para las mentes conspirativas que se reúnen alrededor de Cristina, la cuestión era de dos más dos y allí salió la prensa adicta primero a enlazar todo con todo y luego la Presidenta a pasar mensajes. A Rocca con nombre y apellido y a Clarín con una advertencia en clave, que bien vale la pena explicar. "La cadena nacional del desánimo y el temor y también la cadena ilegal tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre", dijo la Presidenta. Se refería a la fecha que puso la Corte Suprema como "plazo razonable" para que el juez de primera instancia dicte una sentencia sobre el planteo que hizo el Grupo Clarín en relación al artículo 161 de la Ley de Medios, que otorga un año para desprenderse de aquello que le sobra a los conglomerados.
CFK apuntó a instalar esa fecha límite y dijo, sin nombrarlo, que Clarín "en estos tres años, se negó a acatar lo que es la democratización de la Ley de Medios".
El amparo o medida cautelar, un instituto de protección que tienen los ciudadanos para evitar el avance del Estado sobre su privacidad y sus bienes, fue criticado en más de una oportunidad por la Presidenta, cuando se refirió peyorativamente a la "justicia cautelar".
Jubilación
La cosa se ha complicado porque el juez Edmundo Carbone decidió jubilarse y ahora el juzgado es atendido rotativamente por otros magistrados, que no deciden nada mientras no se nombra a un reemplazante. En materia de presiones, en ese mismo discurso, la Presidenta se refirió a otro juez, pero bien le podría caber a cualquiera en tiempos en que la Justicia también muestra sus debilidades: "porque los jueces son jueces, no son dioses", les dedicó.
Los fundamentos de Clarín tienen un costado práctico, ya que sostiene que un año es poco tiempo para desarmar lo que posee sin malvenderlo; pero también otro bien de fondo, que es la imposibilidad que existe en la Argentina para legislar retroactivamente, algo que la Ley de Medios hace cuando impone obligaciones sobre hechos que tuvieron lugar antes de su dictado.
Sobre este punto crítico debería expedirse el juez, y si lo hace antes del 7 de diciembre la aseveración presidencial perdería sustento. Quizás ella lo dijo de esa manera porque supone que no habrá de ocurrir, pero cualquier fallo que hubiere gatillará de inmediato la apelación de la otra parte ante la instancia superior y los tiempos seguirán corriendo.
Otra cosa que podría suceder es que ante la falta de atención de los magistrados hacia el caso, la Corte decida prorrogar el plazo de la medida cautelar para no desproteger el patrimonio de quien solicitó el amparo. También existe una tercera posibilidad: que ese día no haya fallo ni prórroga. Entonces deberá comenzar a regir desde allí el año para avanzar en el desguace de las empresas, por lo cual hasta diciembre de 2013 no debería pasar nada.
Parece mentira que el Estado, que es dueño y financista del grueso de los medios en la Argentina, no haya logrado cautivar en estos años a los diferentes públicos dándole una oferta atractiva de contenidos y que esa baja densidad obligue a la Presidenta a exponerse a las críticas en sucesivas cadenas nacionales, porque el sistema que le vendieron que iba a funcionar es un fiasco de llegada a la gente.
De hecho, tanto despliegue no ha servido para convencer casi a ninguno que el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta hizo espiar a la Presidenta, lo que se está usando como motivo para hacerle un golpe institucional y borrarlo del mapa.
El periodista español Miguel Ángel Bastenier acaba de marcar en una conferencia que dio para celebrar los 50 años de ADEPA lo difícil que es hacer oficialismo en el mundo y la poca efectividad de la prensa de ese carácter. "Nunca ha tenido éxito, ni ahora, ni antes. Solamente en América latina se les ocurre crearlos, pero son un fracaso porque nadie los lee, porque la gente quiere que le hablen de sus problemas, no de los del poder", señaló.
En la misma línea del complot de terceros contra el Gobierno (medios, consultoras que miden precios, rankings de desempeño global, etcétera), el ministro de Planificación Julio De Vido acaba de acuñar una de esas frases destinadas a aparecer en los diarios por efectistas: "No creemos que la Argentina tenga el riesgo-país que dicen las calificadoras. Esa es una multa al proyecto político, al modelo y no estamos dispuestos a pagarlo".
Quizás el ministro no ha tomado debida nota que la multa se la están poniendo al modelo los mismos argentinos desde 2007 en adelante, ya que se llevaron del país US$ 82.587 millones. Parece cara. Algo estará pasando con el "proyecto político".
Este es el centro ideológico de una de las dos grandes discrepancias que hay por estos días entre lo que piensa el Gobierno, en oposición a lo que sostiene otra parte de la sociedad.
La segunda divergencia no es sin dudas la polémica por la cadena nacional nocturna que provocó un cambio muy alto en la audiencia de los canales, ni tampoco el blooper presidencial de haberse comparado en un discurso con Dios, ambos temas de segundo orden, que se llevaron mucha tinta y saliva en la semana.
La otra cuestión relevante es una mayor toma de conciencia en relación a la teoría que sostiene que todo el mundo es comprable y que por el mero hecho de "ponerle" en el bolsillo dineros públicos a alguien (medios, empresarios, desocupados), bajo la forma que sea (publicidad, protección, subsidios), los beneficiarios deberán alinearse de inmediato con el poder: no hablar, aplaudir y votar en consecuencia.
El tema quedó expuesto con toda crudeza el jueves por la noche, cuando el viceministro de Economía, Axel Kicillof, le explicó a la sociedad que siempre habrá alguien que les recuerde a los beneficiarios su dependencia económica del Estado y que les sacuda sin anestesia la amenaza: "podríamos fundirlos".
La economía del apriete
Es que el "proyecto político" que dice impulsar el gobierno nacional para planificar la economía parece preferir el apriete en lugar del ingrediente de la competitividad. Pero, no sólo la parte que deriva de la alta inflación interna en relación al ajuste del tipo de cambio, ítem que se defiende no sólo con el enamoramiento de Domingo Cavallo por el 1 a 1 o el de José Alfredo Martínez de Hoz, sino que para edificar el retorno del Estado activo y benefactor se ha preocupado por derribar también muchos fundamentos institucionales que le dan a los países claras ventajas sobre los demás.
El World Economic Forum tiró nueve puestos para abajo a la Argentina y entre los fundamentos para ser considerada casi igual que Mongolia, Serbia, Namibia y Grecia están las muy bajas calificaciones en eficiencia gubernamental que se relaciona con los "altos niveles de presión" del Gobierno, junto con una de las peores notas en términos de "confianza en los políticos".
Sobre reformas estructurales, otro bochazo, ya que el aumento de la competencia interna fue valorado en el lugar 143 sobre 144 países, mientras que la reducción de las barreras a la iniciativa empresarial y el aumentar la flexibilidad de los mercados de trabajo, quedó en el puesto 142. Todo muy poco competitivo, sería el diagnóstico en estas materias donde es el Estado quien debe facilitar y no obstruir.
No lo dice el Informe de modo tan descarnado, pero la concepción gubernamental de preeminencia estatal va ahogando de a poco a la actividad privada, salvo a la interesada y poco competitiva, la que suele ganar mucho dinero por acompañar las políticas de protección, tal como lo ha hecho siempre buena parte de la dirigencia empresaria, hasta con los gobiernos militares que tenían la misma receta.
Gran complicación para el Gobierno, entonces, ya que no puede acusar a los campeones del proteccionismo que piden una devaluación de ser "neoliberales", ni a Paolo Rocca siquiera.
El problema con Rocca, jefe de Techint, es otro y más grueso, ya que no de modo ingenuo cambió el lunes pasado la mesa principal de Tecnópolis, donde la presidenta de la Nación lo esperaba para disciplinarlo al igual que al resto de los industriales, por un asiento en la Academia de Ingenieros frente a sus pares. Allí, dijo lo que dijo y ardió Troya en Olivos, porque además, se publicó en el diario Clarín.
Para las mentes conspirativas que se reúnen alrededor de Cristina, la cuestión era de dos más dos y allí salió la prensa adicta primero a enlazar todo con todo y luego la Presidenta a pasar mensajes. A Rocca con nombre y apellido y a Clarín con una advertencia en clave, que bien vale la pena explicar. "La cadena nacional del desánimo y el temor y también la cadena ilegal tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre", dijo la Presidenta. Se refería a la fecha que puso la Corte Suprema como "plazo razonable" para que el juez de primera instancia dicte una sentencia sobre el planteo que hizo el Grupo Clarín en relación al artículo 161 de la Ley de Medios, que otorga un año para desprenderse de aquello que le sobra a los conglomerados.
CFK apuntó a instalar esa fecha límite y dijo, sin nombrarlo, que Clarín "en estos tres años, se negó a acatar lo que es la democratización de la Ley de Medios".
El amparo o medida cautelar, un instituto de protección que tienen los ciudadanos para evitar el avance del Estado sobre su privacidad y sus bienes, fue criticado en más de una oportunidad por la Presidenta, cuando se refirió peyorativamente a la "justicia cautelar".
Jubilación
La cosa se ha complicado porque el juez Edmundo Carbone decidió jubilarse y ahora el juzgado es atendido rotativamente por otros magistrados, que no deciden nada mientras no se nombra a un reemplazante. En materia de presiones, en ese mismo discurso, la Presidenta se refirió a otro juez, pero bien le podría caber a cualquiera en tiempos en que la Justicia también muestra sus debilidades: "porque los jueces son jueces, no son dioses", les dedicó.
Los fundamentos de Clarín tienen un costado práctico, ya que sostiene que un año es poco tiempo para desarmar lo que posee sin malvenderlo; pero también otro bien de fondo, que es la imposibilidad que existe en la Argentina para legislar retroactivamente, algo que la Ley de Medios hace cuando impone obligaciones sobre hechos que tuvieron lugar antes de su dictado.
Sobre este punto crítico debería expedirse el juez, y si lo hace antes del 7 de diciembre la aseveración presidencial perdería sustento. Quizás ella lo dijo de esa manera porque supone que no habrá de ocurrir, pero cualquier fallo que hubiere gatillará de inmediato la apelación de la otra parte ante la instancia superior y los tiempos seguirán corriendo.
Otra cosa que podría suceder es que ante la falta de atención de los magistrados hacia el caso, la Corte decida prorrogar el plazo de la medida cautelar para no desproteger el patrimonio de quien solicitó el amparo. También existe una tercera posibilidad: que ese día no haya fallo ni prórroga. Entonces deberá comenzar a regir desde allí el año para avanzar en el desguace de las empresas, por lo cual hasta diciembre de 2013 no debería pasar nada.
Parece mentira que el Estado, que es dueño y financista del grueso de los medios en la Argentina, no haya logrado cautivar en estos años a los diferentes públicos dándole una oferta atractiva de contenidos y que esa baja densidad obligue a la Presidenta a exponerse a las críticas en sucesivas cadenas nacionales, porque el sistema que le vendieron que iba a funcionar es un fiasco de llegada a la gente.
De hecho, tanto despliegue no ha servido para convencer casi a ninguno que el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta hizo espiar a la Presidenta, lo que se está usando como motivo para hacerle un golpe institucional y borrarlo del mapa.
El periodista español Miguel Ángel Bastenier acaba de marcar en una conferencia que dio para celebrar los 50 años de ADEPA lo difícil que es hacer oficialismo en el mundo y la poca efectividad de la prensa de ese carácter. "Nunca ha tenido éxito, ni ahora, ni antes. Solamente en América latina se les ocurre crearlos, pero son un fracaso porque nadie los lee, porque la gente quiere que le hablen de sus problemas, no de los del poder", señaló.
En la misma línea del complot de terceros contra el Gobierno (medios, consultoras que miden precios, rankings de desempeño global, etcétera), el ministro de Planificación Julio De Vido acaba de acuñar una de esas frases destinadas a aparecer en los diarios por efectistas: "No creemos que la Argentina tenga el riesgo-país que dicen las calificadoras. Esa es una multa al proyecto político, al modelo y no estamos dispuestos a pagarlo".
Quizás el ministro no ha tomado debida nota que la multa se la están poniendo al modelo los mismos argentinos desde 2007 en adelante, ya que se llevaron del país US$ 82.587 millones. Parece cara. Algo estará pasando con el "proyecto político".
Lo más popular
