Consecuencias de la obsecuencia

A tres meses de la sanción y promulgación de la ley 8.492, que le entregaba en concesión el hotel Savoy a la firma Ivisa por 50 años, el Estado está a foja cero y tres asuntos resaltan de modo inquietante: 1) se aprobó una norma que comprometía bienes del Estado sin que se haya aportado documentación suficiente (según lo acaba de reconocer Eduardo El Eter, interventor de la Caja Popular de Ahorros, que hizo el convenio aprobado por los legisladores oficialistas); 2) Se aprobó sin conocer claramente qué se estaba firmando (hace una semana, el ministro de Coordinación, Jorge Gassenbauer, consideró como "formalidades" los informes con los cuales ahora el TC tiró el convenio); y 3) Se aprobó sin atender las objeciones realizadas no sólo desde la oposición sino desde instituciones como la Comisión de Patrimonio (que dijo que se estaba violentando otra ley, la 7.535) y desde entidades civiles como el Grupo Alberdi, que cuestionó la potestad de una Caja Popular intervenida para suscribir convenios de esta naturaleza. O sea, casi fue una prevaricación, que es dictar a sabiendas una resolución equivocada o injusta.

La defensa va a ser que todo se hizo para que fuera controlado: "Estamos trabajando para que todo sea lo mejor y más prolijo posible. Mientras más transparente sea todo siempre es mejor", dijo El Eter. Pero todo el convenio ha caído. ¿De qué prolijidad y transparencia se habla? Cuando se sancionó la ley se objetó que la firma Ivisa era a la vez prestadora y cliente del Estado, ya que entre 2005 y 2010 la Caja Popular le dio créditos por $ 13 millones; se criticó que se le diese dinero para realizar shows en el Casino (hasta $ 45.000 mensuales) y $ 450.000 para un programa de fidelización de clientes. Se le dio beneficios con ingresos brutos, se la eximió de Sellos y se le dio la explotación del hotel con el argumento de que, como ya explotaba las tragamonedas del Casino, ninguna firma iba a competir por el hotel (lo dijo la legisladora Carolina Vargas Aignasse). Regino Amado, por su parte, señaló que si no se le daba el hotel a Ivisa, se corría el riesgo de que el edificio "se quede derruido y se caiga". El convenio de entrega por ley, como muchos en estos tiempos, se hizo en forma directa, sin licitación. La Comisión Provincial de Patrimonio cuestionó que la ley violenta la ley de Patrimonio y le permite a la empresa hacer cambios sobre un edificio protegido.

Todo mal. El Eter explicó que el Tribunal no marcó aspectos negativos, sino información sobre ampliaciones edilicias. Pero no había documentación: la firma no describió qué proyecta hacer y, al parecer, tampoco dijo cuánto invertirá: de los $ 55 millones aprobados por los legisladores El Eter habla ahora de $ 59 millones. Además reconoció que el acuerdo ahora caído era "sumamente complejo". La oposición les había advertido a los legisladores oficialistas que estaban aprobando esto a ciegas porque así se los envió el Ejecutivo. Pero los oficialistas saben que criticar sus propios proyectos los puede llevar a castigos impensados, como le pasó a Gerónimo Vargas Aignasse cuando objetó (pero votó a favor de) las modificaciones al Código Procesal Constitucional. O sea, el mensaje es que voten sin cuestionar.

¿Qué garantías hay de que la Caja hará ahora un convenio sustentable? Hace tres meses, el gobernador José Alperovich defendía el acuerdo hoy derogado sentenciando que "hay dos clases de gente: la que critica, habla y escribe mal; y está el otro grupo, de los que hacemos. Yo prefiero hacer y equivocarme, a no hacer nada". Pero poner en riesgo el patrimonio y el dinero de los tucumanos y votar una ley sin analizarla no es equivocarse, sino una tremenda demostración de que se hace lo que da la gana, sin que nadie pueda impedirlo, y, lo que es peor, sin que a los que tienen la mayoría les importe.