Esta tarde se realizó un operativo policial para desalojar a los supuestos ocupantes de la Estancia Riarte (Trancas), que dicen pertenecer a la comunidad indígena Indio Colalao. Una resolución del 3 de julio firmada por el juez Francisco Pisa ordenó la inmediata restitución provisoria de la Estancia Riarte (Trancas), de una extensión aproximada de 19.700 hectáreas, al ciudadano Fredy Moreno Nuñez Vela. Además, dispuso la expulsión de los imputados (ocupantes) y de cualquier otro ocupante que permaneciese en su interior.
El titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal de la III Nominación de esta capital resolvió que las órdenes mencionadas debían ser ejecutadas por Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción de la X Nominación de esta capital, incluso con el auxilio de la fuerza pública.
Herrera había pedido la restitución del inmueble por considerar que Moreno Nuñez Vela y Jorge Posse son sus titulares dominiales. También había manifestado que el primero tiene la posesión legítima, pública, pacífica y notoria de la estancia y que, no obstante ello, había sido despojado de esta en forma violenta el día 17 de junio pasado por un grupo encabezado por Toledo. El fiscal también había expresado que no se encuentra acreditado que la propiedad en cuestión haya pertenecido en calidad de territorio originario a Indio Colalao.
"Nunca hubo una comunidad indígena en el campo", le dijo Posse a LA GACETA. Y añadió: "nuestra finca tiene los papeles en orden, y es poseída hace 100 años en forma pacífica y pública. Los usurpadores son delincuentes comunes que actúan amparados en una ley (la 26.160) dotada de un propósito noble: defender al pueblo realmente indígena".
Cinthia Overo, vocera del grupo que había entrado en el campo reivindicando su condición de comunidad indígena, ha manifestado que 250 policías intervienen en el desalojo. Según su relato, los agentes hicieron disparos y golpearon a la gente que estaba en la tierra disputada. Todavía no hay reportes de heridos o detenidos.
Esta tarde, dirigentes de Indio Colalao aseguraron que habían permitido el ingreso de policías al predio para evitar que se produzcan hechos de violencia. Desde Casa de Gobierno, funcionarios del Ministerio de Seguridad se comunicaron con LA GACETA para negar que haya habido represión. LA GACETA ©