01 Julio 2012
El PE y la Policía discuten sobre faltas y penas
El ministro de Seguridad, Mario López Herrera, indicó que se necesitan herramientas que habiliten a la fuerza "a evitar males mayores". Mientras en Casa de Gobierno unifican ambas iniciativas, los legisladores alperovichistas continúan con los mensajes internos.
RECORRIDO. Racedo y López Herrera (a la derecha del gobernador, José Alperovich) deben consensuar el proyecto que enviará el PE a la Legislatura. PRENSA Y DIFUSION (ARCHIVO)
Aunque hace casi dos años que la Corte de la Nación ha declarado inconstitucional el Código de Contravenciones Policiales, la fuerza de seguridad sigue aplicando cada día la norma. Y, mientras tanto, trabaja para enviar su propia propuesta a la Legislatura.
Pero, así como ocurrió con la bancada oficialista de la Cámara, funcionarios del Gobierno encararon dos trabajos paralelos, y ahora las partes deberán buscar un consenso. El ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, indicó que en el seno de la cartera están trabajando en una iniciativa, y a la vez analizan el texto aportado por la Policía. "Hay muchos temas de la ley que dependen de qué opine el ciudadano. Lo que sí estamos convencidos es que la fuerza tiene que contar con herramientas válidas para poder actuar, porque aquí estamos en situaciones que, actuando la Policía, se evitan males mayores", dijo el funcionario.
El Código de Contravenciones fue elaborado en 1980, durante la dictadura militar. En octubre de 2010, la Corte de la Nación lo declaró inconstitucional, debido a que se priva de la libertad a personas sin orden judicial; la fuerza investiga y sanciona al presunto infractor; y no está contemplado el derecho a defensa en el proceso vigente.
En los últimos meses aparecieron varias iniciativas para modificar la polémica norma. En diciembre, el radical Ariel García presentó su propuesta. En mayo, Marcelo Caponio (PJ), secretario de la comisión de Seguridad y Justicia, aportó un texto, que llevó la firma de casi todos los alperovichistas del comité: José Teri, Fernando Juri, José León y Gregorio García Biagosch. Además, acompañaron los referentes del bloque Tucumán Crece Roque Álvarez, Manuel Fernández y Sisto Terán. El único oficialista de la comisión que no avaló la iniciativa fue Gerónimo Vargas Aignasse -encargado del grupo de trabajo-, a quien la novedad no le cayó nada bien porque proponía realizar una serie de encuentros antes de enviar al recinto un proyecto de ley con el sello del PJ.
Para colmo, el camporista Jesús Salim y el alperovichista Guillermo Gassenbauer enviaron otra propuesta, y tuvieron el apoyo de José Gutiérrez y Carlos Issa Assán (vicepresidentes de la bancada), Alejandro Martínez, Alberto Herrera, Susana Díaz, Siviardo Gutiérrez, Graciela Suárez de Cano, Roque Graneros e Iván Llorens Dip (todos del PJ); y Andrés Galván (PT). Así, 20 de los 42 "soldados" del gobernador, José Alperovich, han rubricado iniciativas por el Código Contravencional sin esperar la opinión del ex diputado. En los pasillos del parlamento afirman que es otro mensaje para Vargas Aignasse, que el viernes se quedó solo en la reunión de comisión de Seguridad y Justicia con dos opositores, José Páez (DC) y Silvia Elías de Pérez (UCR).
En Casa de Gobierno
El justicialismo de la Cámara no es el único que llevó adelante trabajos paralelos. También en el área de Seguridad del PE se dio esta inusual situación.
El jefe de Policía, Jorge Racedo, opinó que el debate es positivo. "Pido que sea una ley que realmente nos sirva para que uno pueda trabajarla y aplicarla; especialmente para la convivencia ciudadana", indicó. Luego, confirmó que la iniciativa de la fuerza ya está lista. "Estamos analizando el tema con el ministro. Yo le presenté un proyecto de la Policía. El Ministerio también está evaluando (el suyo), y de allí saldrá uno solo. Una vez que tengamos un proyecto, lo saldremos a exponer", indicó Racedo.
López Herrera, por su parte, aseveró que "la comunidad tiene que discutir" sobre el tema. "Por ejemplo, la oferta de prostitución en la vía pública hoy es un delito contravencional; hablamos con gente que nos dice que la Policía no debe intervenir y que hay que sacarlo del Código. Otros consideran lo contrario. Nosotros tenemos una realidad; si de repente hay oferta de sexo en la calle y el vecino nos habla, tenemos la ley para evitar que eso suceda. Si Tucumán decide que no, será no", argumentó el funcionario. Además, marcó su postura en cuanto al espíritu de la norma, al señalar que "cuando se tome una decisión, que sea efectiva en la práctica". "Si no, tendremos unos hermosos artículos y en la práctica no funcionará. El acento del Ministerio no es sólo en la parte teórica, sino en cómo se analiza el funcionamiento en el día a día de la nueva ley", expresó.
Pero, así como ocurrió con la bancada oficialista de la Cámara, funcionarios del Gobierno encararon dos trabajos paralelos, y ahora las partes deberán buscar un consenso. El ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, indicó que en el seno de la cartera están trabajando en una iniciativa, y a la vez analizan el texto aportado por la Policía. "Hay muchos temas de la ley que dependen de qué opine el ciudadano. Lo que sí estamos convencidos es que la fuerza tiene que contar con herramientas válidas para poder actuar, porque aquí estamos en situaciones que, actuando la Policía, se evitan males mayores", dijo el funcionario.
El Código de Contravenciones fue elaborado en 1980, durante la dictadura militar. En octubre de 2010, la Corte de la Nación lo declaró inconstitucional, debido a que se priva de la libertad a personas sin orden judicial; la fuerza investiga y sanciona al presunto infractor; y no está contemplado el derecho a defensa en el proceso vigente.
En los últimos meses aparecieron varias iniciativas para modificar la polémica norma. En diciembre, el radical Ariel García presentó su propuesta. En mayo, Marcelo Caponio (PJ), secretario de la comisión de Seguridad y Justicia, aportó un texto, que llevó la firma de casi todos los alperovichistas del comité: José Teri, Fernando Juri, José León y Gregorio García Biagosch. Además, acompañaron los referentes del bloque Tucumán Crece Roque Álvarez, Manuel Fernández y Sisto Terán. El único oficialista de la comisión que no avaló la iniciativa fue Gerónimo Vargas Aignasse -encargado del grupo de trabajo-, a quien la novedad no le cayó nada bien porque proponía realizar una serie de encuentros antes de enviar al recinto un proyecto de ley con el sello del PJ.
Para colmo, el camporista Jesús Salim y el alperovichista Guillermo Gassenbauer enviaron otra propuesta, y tuvieron el apoyo de José Gutiérrez y Carlos Issa Assán (vicepresidentes de la bancada), Alejandro Martínez, Alberto Herrera, Susana Díaz, Siviardo Gutiérrez, Graciela Suárez de Cano, Roque Graneros e Iván Llorens Dip (todos del PJ); y Andrés Galván (PT). Así, 20 de los 42 "soldados" del gobernador, José Alperovich, han rubricado iniciativas por el Código Contravencional sin esperar la opinión del ex diputado. En los pasillos del parlamento afirman que es otro mensaje para Vargas Aignasse, que el viernes se quedó solo en la reunión de comisión de Seguridad y Justicia con dos opositores, José Páez (DC) y Silvia Elías de Pérez (UCR).
En Casa de Gobierno
El justicialismo de la Cámara no es el único que llevó adelante trabajos paralelos. También en el área de Seguridad del PE se dio esta inusual situación.
El jefe de Policía, Jorge Racedo, opinó que el debate es positivo. "Pido que sea una ley que realmente nos sirva para que uno pueda trabajarla y aplicarla; especialmente para la convivencia ciudadana", indicó. Luego, confirmó que la iniciativa de la fuerza ya está lista. "Estamos analizando el tema con el ministro. Yo le presenté un proyecto de la Policía. El Ministerio también está evaluando (el suyo), y de allí saldrá uno solo. Una vez que tengamos un proyecto, lo saldremos a exponer", indicó Racedo.
López Herrera, por su parte, aseveró que "la comunidad tiene que discutir" sobre el tema. "Por ejemplo, la oferta de prostitución en la vía pública hoy es un delito contravencional; hablamos con gente que nos dice que la Policía no debe intervenir y que hay que sacarlo del Código. Otros consideran lo contrario. Nosotros tenemos una realidad; si de repente hay oferta de sexo en la calle y el vecino nos habla, tenemos la ley para evitar que eso suceda. Si Tucumán decide que no, será no", argumentó el funcionario. Además, marcó su postura en cuanto al espíritu de la norma, al señalar que "cuando se tome una decisión, que sea efectiva en la práctica". "Si no, tendremos unos hermosos artículos y en la práctica no funcionará. El acento del Ministerio no es sólo en la parte teórica, sino en cómo se analiza el funcionamiento en el día a día de la nueva ley", expresó.
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