20 Junio 2012
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) retomará el sendero de la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). Con ese propósito, el alto tribunal facultó a su presidente, Antonio Estofán, a firmar con el reconocido procesalista Alberto Binder un convenio de colaboración.
Mediante la Acordada N° 634 del 11 de este mes, la Corte autorizó a Estofán a suscribir con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Social (Inecip) un acuerdo de cooperación para que el organismo presidido por Binder tenga a su cargo la dirección técnica del proceso de profundización del sistema procesal penal vigente en la provincia, particularmente hacia el "modelo acusatorio" (régimen sancionatorio que impone a quien acusa la carga de probar las imputaciones delictivas para destruir la presunción de inocencia).
El convenio se firmará el 28 de junio. En el texto se detalla que el Inecip deberá iniciar una prueba piloto en los tribunales de Concepción y Monteros. Allí, se desarrollará un plan de implementación del proceso, a partir de una evaluación integral de la carga de trabajo y del diagnóstico de los recursos. También se diseñará un reglamento de interpretación del actual Código Procesal Penal. Este contendrá el abordaje de los cambios en el diseño procesal y normativo y el análisis sobre cómo se debería estructurar la gestión y administración de las nuevas instituciones.
Paralelamente, el convenio fija que el Inecip deberá trabajar en un sistema de conclusión de causas tramitadas bajo el actual procedimiento. En tanto, también se compromete a elaborar un plan de capacitación para operadores judiciales (comprende un curso sobre técnicas de litigación en juicio oral y otro sobre audiencias preliminares) y, finalmente, un programa de evaluación y monitoreo del plan implementado (la intención es realizar una evaluación en Concepción y Monteros para luego replicarlo en toda la provincia).
El curso de litigación en juicio oral estará destinado a jueces, fiscales y defensores penales, y tendrá una duración de 30 horas. También apuntado a funcionarios y magistrados se harán el ciclo sobre audiencias preliminares, con idéntica carga horaria.
Primeros resultados
El presidente de la Corte remarcó que la prueba piloto en los tribunales del sur demandará 18 meses, por lo que se estima que los primeros resultados serán elevados a fines de febrero de 2013.
Al concluir esta etapa inicial, la Corte Suprema evaluará juntamente con el ministro fiscal, Luis de Mitri, el resultado obtenido. "En caso de aprobarlo, nos deberemos poner de acuerdo con los otros poderes del Estado para que esa reforma alcance a toda la provincia. Esto, porque se necesitarán reformas legales, presupuestos especiales y tiempo durante el cual la Corte también deberá acordar con las facultades y los Colegios de Abogados", detalló.
Además, adelantó que la experiencia ameritará la realización de paneles explicativos para ONG y dirigentes de la comunidad. "Estamos hablando de que deberemos cambiar nuestra manera de entender y actuar en los procesos penales. Y estimamos que este período de concientización y elaboración de normas puede insumir unos dos años", aventuró Estofán.
Mediante la Acordada N° 634 del 11 de este mes, la Corte autorizó a Estofán a suscribir con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Social (Inecip) un acuerdo de cooperación para que el organismo presidido por Binder tenga a su cargo la dirección técnica del proceso de profundización del sistema procesal penal vigente en la provincia, particularmente hacia el "modelo acusatorio" (régimen sancionatorio que impone a quien acusa la carga de probar las imputaciones delictivas para destruir la presunción de inocencia).
El convenio se firmará el 28 de junio. En el texto se detalla que el Inecip deberá iniciar una prueba piloto en los tribunales de Concepción y Monteros. Allí, se desarrollará un plan de implementación del proceso, a partir de una evaluación integral de la carga de trabajo y del diagnóstico de los recursos. También se diseñará un reglamento de interpretación del actual Código Procesal Penal. Este contendrá el abordaje de los cambios en el diseño procesal y normativo y el análisis sobre cómo se debería estructurar la gestión y administración de las nuevas instituciones.
Paralelamente, el convenio fija que el Inecip deberá trabajar en un sistema de conclusión de causas tramitadas bajo el actual procedimiento. En tanto, también se compromete a elaborar un plan de capacitación para operadores judiciales (comprende un curso sobre técnicas de litigación en juicio oral y otro sobre audiencias preliminares) y, finalmente, un programa de evaluación y monitoreo del plan implementado (la intención es realizar una evaluación en Concepción y Monteros para luego replicarlo en toda la provincia).
El curso de litigación en juicio oral estará destinado a jueces, fiscales y defensores penales, y tendrá una duración de 30 horas. También apuntado a funcionarios y magistrados se harán el ciclo sobre audiencias preliminares, con idéntica carga horaria.
Primeros resultados
El presidente de la Corte remarcó que la prueba piloto en los tribunales del sur demandará 18 meses, por lo que se estima que los primeros resultados serán elevados a fines de febrero de 2013.
Al concluir esta etapa inicial, la Corte Suprema evaluará juntamente con el ministro fiscal, Luis de Mitri, el resultado obtenido. "En caso de aprobarlo, nos deberemos poner de acuerdo con los otros poderes del Estado para que esa reforma alcance a toda la provincia. Esto, porque se necesitarán reformas legales, presupuestos especiales y tiempo durante el cual la Corte también deberá acordar con las facultades y los Colegios de Abogados", detalló.
Además, adelantó que la experiencia ameritará la realización de paneles explicativos para ONG y dirigentes de la comunidad. "Estamos hablando de que deberemos cambiar nuestra manera de entender y actuar en los procesos penales. Y estimamos que este período de concientización y elaboración de normas puede insumir unos dos años", aventuró Estofán.
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