Si el dólar como refugio de valor no fuera tan importante para los argentinos, el tema de la semana debería haber sido el análisis de la celada (causa) y el retroceso de imagen (consecuencia) que sufrió políticamente el gobernador Daniel Scioli con la aprobación del impuestazo y como correlato fatal del episodio, con la sombra de las coimas que acecha a los legisladores bonaerenses. Pero a la escalada del tipo de cambio paralelo (consecuencia) no hay con qué darle en materia de interés prioritario para la gente porque el dólar es el tradicional termómetro de las dificultades, aunque hoy la madre de todos los flagelos sea -sin dudas- la inflación (causa). El problema con la suba del dólar es que los funcionarios no aciertan con el diagnóstico porque no entienden cómo trabaja el sistema y entonces los remedios que se recetan (prohibiciones y controles) juegan en contra del propio paciente. Los doctores no pueden admitir que el problema real es la salud del peso, del cuál están corriendo los argentinos una vez más, ahora adelantándose a que la suba de precios se los lleve puestos.
Hay un elemento basal que no contemplan. Si la inflación ha sido funcional al modelo hasta ahora fue exclusivamente debido al habitual apego de la sociedad para aprovechar cualquier veranito que se le presente. En la Argentina, está muy claro que el cuerpo social es un ventajero serial dispuesto a darle su aval a los gobernantes, pero sólo hasta cuando le conviene.
Lo peor es que los que gobiernan no toman en cuenta esa realidad tan poco solidaria, quizás una imperfección de la democracia. Entonces, convencidos de que su fórmula mágica funciona sólo porque la impusieron ellos, siguen acelerando el vehículo rumbo al paredón de concreto, sin darse cuenta que han llegado hasta allí sólo porque los dejaron. El fondo de la cuestión parece ser que los políticos olvidaron que están para dirigir y que como sólo se ocupan de hacer seguidismo con las encuestas como faro, cuando el viento cambia los toma invariablemente en falsa escuadra. En su soberbia de creerse fundacionales e inefables, le echan la culpa a todo el mundo menos a su pobre evaluación de la realidad y, por lo tanto, se cocinan en su propia salsa. Así le pasó a la década de Carlos Menem con ingredientes diferentes (estabilidad de precios, tipo de cambio fijo, privatizaciones, desregulación, apertura indiscriminada, integración con el mundo y endeudamiento) y así le está sucediendo a los nueve años del kirchnerismo (inflación creciente, flotación administrada, estatizaciones, regulaciones al por mayor, cierre comercial, aislamiento y vivir con lo nuestro): encandilarse con el atraso del tipo de cambio, no saber cambiar a tiempo y, sobre todo, creérsela.
La demolición del Indec fue el primer eslabón de esta cadena que ahora, para muchos, no da para más. Lo que comenzó como un jueguito para "ahorrarnos" los intereses del CER, siguió luego con la determinación de una canasta para pobres y la falsificación sistemática de las series, que se han alejado de los cálculos que hace el sector privado o algunas provincias. Mientras tanto, la matriz de demanda agregada (gasto público y emisión) siguió funcionando a full como si fuera la panacea universal, dejando al ovillo casi sin hilo para recoger el barrilete. La permanente negativa a ser auditados por el FMI alejó un poco más al país del mundo y del Club de París; el cierre de la economía la enfrentó con la Organización Mundial de Comercio y la dejó al borde del tirón de orejas explícito en el G-20, mientras que el caso YPF hizo que descarrilara nada menos que la relación con España, el país que más hizo por la Argentina en materia de inversiones. Ese distanciamiento provocó la imposibilidad de financiamiento externo y la caída de las inversiones extranjeras directas que, sumado a la fuga de capitales, hicieron retroceder de cuajo a las reservas. Y la política energética llevó al desbalance de las cuentas comerciales y la necesidad de dólares al cierre de las importaciones, y esta mala praxis al freno de las exportaciones y a controles de cambio y éstos a más controles y todo este escenario en cascada a exacerbar la fuga.
Pero, la sociedad, sobre todo la clase media, prefirió volver a caer en la tentación del "déme dos" o de la compra del plasma en cuotas y accedió a transitar por otro camino. No hay cacerolazos que la rediman.
En este punto, hay que explicar que tampoco son válidos los argumentos de quienes dicen que esa manifestación que se atronó jueves y viernes sobre todo en barrios de la zona norte de la Capital Federal fue protagonizada por gente que no pasa privaciones y que se queja porque no puede comprar dólares. No es posible admitir que la descalificación venga por el lado de que algunos pueden protestar y otros no debido a su condición social, ya que todos tienen derecho a hacerlo como a comprar dólares con libertad, a tener una vivienda digna o a viajar al exterior, si les place. Algunos connotados kirchneristas han dicho con desprecio que no había pobres entre los manifestantes, no porque no existan sino porque no viven en los barrios donde sonaron cacerolas y bocinas. Es verdad, los pobres de toda pobreza, los que la inflación multiplica y el Indec esconde, no se rebelan porque no pueden acceder al dólar, ya que ellos tienen otras prioridades, entre ellas, subsistir gracias la amplia red social que el Gobierno ha sabido tender, lo que invalida otros argumentos, como los de que hay mayor ocupación y mejoras genuinas en la distribución del ingreso. Estas divisiones entre clases están abriendo grietas que comenzaron a transformarse en hechos de violencia, manifestaciones de alta intemperancia, casi de estilo nazi. Un camarógrafo de un programa oficialista de TV fue agredido por caceloreros amparados por la multitud, mientras que muchachotes enmascarados, aparentemente de La Cámpora, entraron a un local a pegarle a jubilados porque estaban escuchando al vicejefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta.
Preferir el peso al dólar parece al menos de ingenuos y mucho más si uno de los operadores más hábiles del Gobierno se enreda en su propio discurso y mete más ruido en la línea, como le pasó al senador oficialista Aníbal Fernández.
El lunes dijo que "liberar el dólar sería un suicidio"; el martes que "la Argentina tiene que empezar a pensar en pesos"; el miércoles que "detrás de las decisiones de Guillermo Moreno está la Presidenta"; el jueves explotó y dijo que tiene dólares "porque se me antoja, es mi derecho, hago lo que quiero con mi plata"; el viernes bajó los decibeles con un "me equivoqué porque me calenté" y el sábado sorprendió con que este lunes el "blue" podría abrir "a $ 5,10 en las casas de cambio". El senador ha tenido algunos deslices: pareció referirse al dólar paralelo, cuando en realidad esa variedad no se negocia en las casas de cambio, ya que sería un delito. Hay un mito que dice que las principales "cuevas" de la City tienen relación con ese mercado, pero hasta ahora la Justicia no lo ha podido comprobar. Moreno fue a decirles a los cambistas que sabe que ellos trafican y que les exigía que bajen un escalón, a $ 5 casi una manera de blanquearles el negocio, de prometerles que "si hacen esto por mí, trabajen tranquilos". Es obvio que un funcionario que conoce la inexistencia de un delito tiene obligación de hacer la denuncia penal y no de negociar condiciones.
Pero hay que señalar que la manifestación más evidente del acogotamiento tiene como protagonista a las provincias. Lo que ocurrió en Buenos Aires tiene un costado esencialmente económico, desde la necesidad de producir una reforma tributaria que provocó la reacción del campo por el revalúo de la tierra, pero que alcanza al resto de los contribuyentes con aumentos en Ingresos Brutos, Sellos y quite de exenciones a servicios telefónicos y de cable que se irán derechito a los precios, con derivaciones políticas importantes. Como la caja bonaerense está casi en rojo y el gobernador Scioli no llegaba a pagar los sueldos y el aguinaldo de junio, tuvo que transitar por una opción de hierro para comprar tiempo. El gobierno nacional lo obligó a malquistarse con el campo a través de un decreto de revalúo y, pese a haber negociado con las entidades del sector, tuvo que hacer concesiones a la Casa Rosada.
Hay un elemento basal que no contemplan. Si la inflación ha sido funcional al modelo hasta ahora fue exclusivamente debido al habitual apego de la sociedad para aprovechar cualquier veranito que se le presente. En la Argentina, está muy claro que el cuerpo social es un ventajero serial dispuesto a darle su aval a los gobernantes, pero sólo hasta cuando le conviene.
Lo peor es que los que gobiernan no toman en cuenta esa realidad tan poco solidaria, quizás una imperfección de la democracia. Entonces, convencidos de que su fórmula mágica funciona sólo porque la impusieron ellos, siguen acelerando el vehículo rumbo al paredón de concreto, sin darse cuenta que han llegado hasta allí sólo porque los dejaron. El fondo de la cuestión parece ser que los políticos olvidaron que están para dirigir y que como sólo se ocupan de hacer seguidismo con las encuestas como faro, cuando el viento cambia los toma invariablemente en falsa escuadra. En su soberbia de creerse fundacionales e inefables, le echan la culpa a todo el mundo menos a su pobre evaluación de la realidad y, por lo tanto, se cocinan en su propia salsa. Así le pasó a la década de Carlos Menem con ingredientes diferentes (estabilidad de precios, tipo de cambio fijo, privatizaciones, desregulación, apertura indiscriminada, integración con el mundo y endeudamiento) y así le está sucediendo a los nueve años del kirchnerismo (inflación creciente, flotación administrada, estatizaciones, regulaciones al por mayor, cierre comercial, aislamiento y vivir con lo nuestro): encandilarse con el atraso del tipo de cambio, no saber cambiar a tiempo y, sobre todo, creérsela.
La demolición del Indec fue el primer eslabón de esta cadena que ahora, para muchos, no da para más. Lo que comenzó como un jueguito para "ahorrarnos" los intereses del CER, siguió luego con la determinación de una canasta para pobres y la falsificación sistemática de las series, que se han alejado de los cálculos que hace el sector privado o algunas provincias. Mientras tanto, la matriz de demanda agregada (gasto público y emisión) siguió funcionando a full como si fuera la panacea universal, dejando al ovillo casi sin hilo para recoger el barrilete. La permanente negativa a ser auditados por el FMI alejó un poco más al país del mundo y del Club de París; el cierre de la economía la enfrentó con la Organización Mundial de Comercio y la dejó al borde del tirón de orejas explícito en el G-20, mientras que el caso YPF hizo que descarrilara nada menos que la relación con España, el país que más hizo por la Argentina en materia de inversiones. Ese distanciamiento provocó la imposibilidad de financiamiento externo y la caída de las inversiones extranjeras directas que, sumado a la fuga de capitales, hicieron retroceder de cuajo a las reservas. Y la política energética llevó al desbalance de las cuentas comerciales y la necesidad de dólares al cierre de las importaciones, y esta mala praxis al freno de las exportaciones y a controles de cambio y éstos a más controles y todo este escenario en cascada a exacerbar la fuga.
Pero, la sociedad, sobre todo la clase media, prefirió volver a caer en la tentación del "déme dos" o de la compra del plasma en cuotas y accedió a transitar por otro camino. No hay cacerolazos que la rediman.
En este punto, hay que explicar que tampoco son válidos los argumentos de quienes dicen que esa manifestación que se atronó jueves y viernes sobre todo en barrios de la zona norte de la Capital Federal fue protagonizada por gente que no pasa privaciones y que se queja porque no puede comprar dólares. No es posible admitir que la descalificación venga por el lado de que algunos pueden protestar y otros no debido a su condición social, ya que todos tienen derecho a hacerlo como a comprar dólares con libertad, a tener una vivienda digna o a viajar al exterior, si les place. Algunos connotados kirchneristas han dicho con desprecio que no había pobres entre los manifestantes, no porque no existan sino porque no viven en los barrios donde sonaron cacerolas y bocinas. Es verdad, los pobres de toda pobreza, los que la inflación multiplica y el Indec esconde, no se rebelan porque no pueden acceder al dólar, ya que ellos tienen otras prioridades, entre ellas, subsistir gracias la amplia red social que el Gobierno ha sabido tender, lo que invalida otros argumentos, como los de que hay mayor ocupación y mejoras genuinas en la distribución del ingreso. Estas divisiones entre clases están abriendo grietas que comenzaron a transformarse en hechos de violencia, manifestaciones de alta intemperancia, casi de estilo nazi. Un camarógrafo de un programa oficialista de TV fue agredido por caceloreros amparados por la multitud, mientras que muchachotes enmascarados, aparentemente de La Cámpora, entraron a un local a pegarle a jubilados porque estaban escuchando al vicejefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta.
Preferir el peso al dólar parece al menos de ingenuos y mucho más si uno de los operadores más hábiles del Gobierno se enreda en su propio discurso y mete más ruido en la línea, como le pasó al senador oficialista Aníbal Fernández.
El lunes dijo que "liberar el dólar sería un suicidio"; el martes que "la Argentina tiene que empezar a pensar en pesos"; el miércoles que "detrás de las decisiones de Guillermo Moreno está la Presidenta"; el jueves explotó y dijo que tiene dólares "porque se me antoja, es mi derecho, hago lo que quiero con mi plata"; el viernes bajó los decibeles con un "me equivoqué porque me calenté" y el sábado sorprendió con que este lunes el "blue" podría abrir "a $ 5,10 en las casas de cambio". El senador ha tenido algunos deslices: pareció referirse al dólar paralelo, cuando en realidad esa variedad no se negocia en las casas de cambio, ya que sería un delito. Hay un mito que dice que las principales "cuevas" de la City tienen relación con ese mercado, pero hasta ahora la Justicia no lo ha podido comprobar. Moreno fue a decirles a los cambistas que sabe que ellos trafican y que les exigía que bajen un escalón, a $ 5 casi una manera de blanquearles el negocio, de prometerles que "si hacen esto por mí, trabajen tranquilos". Es obvio que un funcionario que conoce la inexistencia de un delito tiene obligación de hacer la denuncia penal y no de negociar condiciones.
Pero hay que señalar que la manifestación más evidente del acogotamiento tiene como protagonista a las provincias. Lo que ocurrió en Buenos Aires tiene un costado esencialmente económico, desde la necesidad de producir una reforma tributaria que provocó la reacción del campo por el revalúo de la tierra, pero que alcanza al resto de los contribuyentes con aumentos en Ingresos Brutos, Sellos y quite de exenciones a servicios telefónicos y de cable que se irán derechito a los precios, con derivaciones políticas importantes. Como la caja bonaerense está casi en rojo y el gobernador Scioli no llegaba a pagar los sueldos y el aguinaldo de junio, tuvo que transitar por una opción de hierro para comprar tiempo. El gobierno nacional lo obligó a malquistarse con el campo a través de un decreto de revalúo y, pese a haber negociado con las entidades del sector, tuvo que hacer concesiones a la Casa Rosada.
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