Por Patricia Vega
22 Abril 2012
YPF ha vuelto a ser una empresa controlada por el Estado y más allá de la euforia o de los sentimientos, hay que tomar conciencia de que el paso encarado por el Gobierno es muy grande, pero que no será gratis hacia el futuro, con todo lo que esto implica para bien, y para mal. Por otro lado, si alguien busca información para hacerse un cuadro lo más acabado posible de la situación y de los porqué se llegó a este traumático proceso con Repsol, la situación se empantana, ya que no hay uno solo de los protagonistas, ni español ni argentino, ni empresario ni funcionario, que, como reza el dicho, en este caso sea capaz de "orinar agua bendita". En ese mundo de sospechas, y por detrás de la escena, existe un ritual de mentiras, escondrijos, entrecruzamientos y códigos non sanctos donde todos tienen algo que esconder, que impide de primera intención hacer una lectura plana de la historia y que obliga a poner sobre la mesa el principio de la duda para hacer un análisis lo menos prejuicioso posible.
Con el hecho ya consumado y con las dificultades que existen para mirar para atrás, se impone entonces hacer tres preguntas muy sencillas, pero vitales, para empezar a andar el nuevo camino: de ahora en más, ¿quién paga?, ¿quién invierte? y ¿quién gestiona? El prontuario fiscal no es un buen augur para contestar el primer interrogante, ni por las pérdidas que daba la YPF estatal antes de su privatización cuando era un aguantadero de la política, ni por el default de la Argentina del año 2001, la confiscación de los fondos de las AFJP, el uso discrecional de las reservas, las chicanas constantes para mantener el impago con el Club de París o la falta de acatamiento de los fallos en el Ciadi.
Por más que ahora se le bicicletee el pago a Repsol y que muchos en el kirchnerismo se jacten de ello, lo único que no se puede hacer en materia de disrupción en las reglas de juego es evitar las consecuencias. La cesación de pagos de Adolfo Rodríguez Saá, ovacionada mayoritariamente en el Congreso, tuvo que ser levantada en lo formal por el canje de deuda que piloteó Néstor Kirchner, aunque nunca el país consiguió otra vez el carné del club de los buenos pagadores. Más bien, en materia de financiamiento, la Argentina está raleada del mundo y todo indica que, una vez más, si hay fiesta, el jolgorio será pagado por todos con menos empleo, mayor presión tributaria o inflación.
Esta aversión a cumplir con los compromisos o a cambiar los términos de las leyes a gusto y paladar de la necesidad del momento lleva a la segunda incógnita, habida cuenta que ni la Nación ni las provincias petroleras tienen hoy caja para afrontar el proceso de inversión en exploración y explotación que tanto se critica que no hicieron los españoles de Repsol. ¿Quién invertirá, entonces? Desde el Gobierno desprecian los conceptos de "seguridad jurídica" y de "clima de negocios", íntimamente relacionados, ya que se los considera un lastre que dejó el neoliberalismo y que hay otras "seguridades" superiores, como son "los intereses del pueblo" que priorizó el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Ese rechazo ideológico a la casi unanimidad del mundo es el que impide que se comprenda que, más allá de lo loable de los principios, ésos y no otros son los términos que rigen para los demás y es lo que hay que brindarle a los inversores para que vengan. Así funciona en el planeta la política de seducciones y extraña que el kirchnerismo, al que se le cuelga siempre el mote de pragmático, no se haya dado cuenta cuánto mejor le pudo haber ido copiando simplemente a los países vecinos. Se ha escuchado durante estos días que los capitales de riesgo de la industria petrolera van a todos lados, aun a aquellos lugares donde hay guerra. Claro que es así, pero como se exponen más, esos capitales piden más retorno: o mayor precio o estímulos adicionales o prebendas, con lo cual el remedio suele ser más caro que la enfermedad. Tal como están las cosas, después del caso Repsol, lo más probable es que ya lo estén planteando ante una Argentina achicada y a la defensiva. Y para la tercera cuestión habrá que creer en la palabra de la presidenta de la Nación, quien planteó "una conducción, una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada" y prometió de modo indirecto, como "autocrítica" no caer en el viejo error de manejar YPF "con un criterio casi partidario o de política que terminó dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar sus recursos".
En este punto, ya le apareció un punto negro a la promesa presidencial, porque Cristina, después de tan ponderable argumento, anunció que se había intervenido la empresa y que se le había dado la conducción al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, justamente el funcionario más cuestionado en cuanto al diseño de la política energética, la que llevó a la importación masiva de gas y combustibles y principal interlocutor de Repsol durante años.
Quizás porque se dio cuenta de ese desliz, que plasmó en el DNU donde sólo se nombró a De Vido y que sirvió para desalojar la torre de Repsol de los indeseables "gallegos" en simultáneo con su discurso, la Presidenta agregó algo fuera de libreto: "El señor viceministro de Economía, licenciado Kicillof, que participará en la intervención en lo que hace a los aspectos económicos y financieros". Pese a la indicación pública de la Presidenta, una par de días después en el Congreso. Kicillof tomó la batuta de la intervención y no en esas cuestiones más inherentes a un economista, sino que se largó a hablar de temas petroleros, como si ésa hubiese sido su tarea de toda la vida.
Entonces, la nueva estrella del Gobierno vapuleó a Repsol, a la que le endilgó todos los males habidos y por haber y de rebote, sin nombrarlos, tiró debajo del camión al Grupo Petersen (familia Eskenazi), responsable del management de la compañía desde 2007, a partir de una estructura de préstamos a pagar con dividendos que bendijo Néstor Kirchner en persona, al representante del Estado en YPF, Roberto Baratta, quien firmó cuanto balance le pusieron por delante y al pobre De Vido quien, demudado, lo escuchaba pálido, al lado y soportando el incendio.
Ante la pérdida del autoabastecimiento, que los ocho ex secretarios de Energía de diferentes gobiernos democráticos vienen pregonando hace tiempo, el Gobierno ahora le reclama a Repsol, como si hubiese sido el único actor del mercado (sólo tenía 34%), una caída en la producción de crudo que se redujo de 20 millones de barriles en 1998 a 11 millones en 2011 y un "vaciamiento" de las reservas de 1.205 millones de barriles en 1998 a 666 millones de barriles en 2011. Como dijo Kicillof mezclando peras con manzanas, en un mercado que tiene dos aristas claras, la exploración-extracción y la venta de combustibles, Repsol le dio más importancia a la venta de naftas Premium para ganar más que en el proceso productivo y retirar dividendos por U$S 15.700 millones. Según el Gobierno, todo este proceso de Repsol en YPF comandado con gran perversidad por el catalán Antonio Brufau desde España, del que se descubre ahora también su "alto endeudamiento", es el que "puso en riesgo la soberanía energética" y es el que "explica" las crecientes importaciones de combustible del país, que saltaron de U$S 853 millones en 1998 a U$S 9.397 millones en 2011. De las acciones y omisiones del Estado, nadie ha dicho una palabra.
Con más dudas que certezas en lo que hace al futuro, hay que ponderar también varias cuestiones inmediatas que hacen al desenvolvimiento del ritual guerrero que involucra a la Argentina y España y al manejo de la nueva YPF. El país jugó fuerte en materia internacional, casi como si no le importasen las consecuencias y decidida, si fuese necesario, a cerrarse más y a actuar en solitario, mientras que España por ahora sólo logró consenso en la Unión Europea. El G20 y el FMI dijeron formalmente que "son problemas bilaterales".
Puertas para adentro de la nueva composición accionaria, habrá que ver cómo hará el Grupo Petersen para pagar su deuda, ya que sus acreedores son bancos internacionales y la misma Repsol. Antes, los dividendos actuaban como garantía y ahora ese dinero irá al Tesoro para pagar energía del exterior. La especulación es que su porción de 25%, intocada en la expropiación, podría volver a los españoles, quienes probablemente no quieran saber nada porque quieren estar lejos del Estado argentino. O pasar a las entidades financieras o ser tomada por otra petrolera, en un clima nada amigable por cierto. En este espectro de más dudas que certezas, hay también otros tres interrogantes de mayor dimensión que cruzan transversalmente la decisión del kircherismo y que involucran a la gente, cuyo bienestar, se supone, es el fin último de los gobernantes. Los dos primeros están referidos al complejo proceso de idas y contramarchas que desembocó en la expropiación y el tercero a la inveterada costumbre que tienen los argentinos de no mirar más allá de sus narices. ¿Es irracional oponerse a la expropiación cuando las grandes mayorías del país, las que votaron a Cristina Fernández (54%) y las que no la votaron y los representantes del pueblo surgidos de esa elección democrática están de acuerdo? ¿Será traición a la Patria decirle que "no" a un proceso de toma de control tan flojo de papeles en antecedentes y formas? ¿Por qué la sociedad no piensa lo mismo de los gobernantes que, cuando se deciden a llevar adelante una idea, son capaces de sacrificar el bienestar que le podría proporcionar a los ciudadanos una interrelación lo más abierta posible con el mundo, en tiempos dónde los precios internacionales son venturosos para los productores de materias primas y el capital busca horizontes seguros antes que rentables?
Sin casi nadie que se haya preocupado por la legalidad en la Argentina no parece políticamente correcto decirle que "no" a un proceso en el que probablemente se hayan disfrazado necesidades económicas y políticas con el ropaje de la soberanía y la autodeterminación. A veces, los principios valen menos que las corrientes de opinión y quizás por eso, han sido muy pocos los que se atrevieron a poner el acento en el rechazo. Para salvar las conciencias, probablemente por eso la mayor parte de las voces critican la situación tan duramente desde las formas, cuando lo problemático parece ser el fondo. Este doble juego de decir que "no", pero no tanto, se ha visto en muchos líderes de opinión, en empresarios y en algunos partidos políticos que están dispuestos a apoyar el control estatal de la petrolera, pese a que el futuro no parece ser promisorio.
Con el hecho ya consumado y con las dificultades que existen para mirar para atrás, se impone entonces hacer tres preguntas muy sencillas, pero vitales, para empezar a andar el nuevo camino: de ahora en más, ¿quién paga?, ¿quién invierte? y ¿quién gestiona? El prontuario fiscal no es un buen augur para contestar el primer interrogante, ni por las pérdidas que daba la YPF estatal antes de su privatización cuando era un aguantadero de la política, ni por el default de la Argentina del año 2001, la confiscación de los fondos de las AFJP, el uso discrecional de las reservas, las chicanas constantes para mantener el impago con el Club de París o la falta de acatamiento de los fallos en el Ciadi.
Por más que ahora se le bicicletee el pago a Repsol y que muchos en el kirchnerismo se jacten de ello, lo único que no se puede hacer en materia de disrupción en las reglas de juego es evitar las consecuencias. La cesación de pagos de Adolfo Rodríguez Saá, ovacionada mayoritariamente en el Congreso, tuvo que ser levantada en lo formal por el canje de deuda que piloteó Néstor Kirchner, aunque nunca el país consiguió otra vez el carné del club de los buenos pagadores. Más bien, en materia de financiamiento, la Argentina está raleada del mundo y todo indica que, una vez más, si hay fiesta, el jolgorio será pagado por todos con menos empleo, mayor presión tributaria o inflación.
Esta aversión a cumplir con los compromisos o a cambiar los términos de las leyes a gusto y paladar de la necesidad del momento lleva a la segunda incógnita, habida cuenta que ni la Nación ni las provincias petroleras tienen hoy caja para afrontar el proceso de inversión en exploración y explotación que tanto se critica que no hicieron los españoles de Repsol. ¿Quién invertirá, entonces? Desde el Gobierno desprecian los conceptos de "seguridad jurídica" y de "clima de negocios", íntimamente relacionados, ya que se los considera un lastre que dejó el neoliberalismo y que hay otras "seguridades" superiores, como son "los intereses del pueblo" que priorizó el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Ese rechazo ideológico a la casi unanimidad del mundo es el que impide que se comprenda que, más allá de lo loable de los principios, ésos y no otros son los términos que rigen para los demás y es lo que hay que brindarle a los inversores para que vengan. Así funciona en el planeta la política de seducciones y extraña que el kirchnerismo, al que se le cuelga siempre el mote de pragmático, no se haya dado cuenta cuánto mejor le pudo haber ido copiando simplemente a los países vecinos. Se ha escuchado durante estos días que los capitales de riesgo de la industria petrolera van a todos lados, aun a aquellos lugares donde hay guerra. Claro que es así, pero como se exponen más, esos capitales piden más retorno: o mayor precio o estímulos adicionales o prebendas, con lo cual el remedio suele ser más caro que la enfermedad. Tal como están las cosas, después del caso Repsol, lo más probable es que ya lo estén planteando ante una Argentina achicada y a la defensiva. Y para la tercera cuestión habrá que creer en la palabra de la presidenta de la Nación, quien planteó "una conducción, una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada" y prometió de modo indirecto, como "autocrítica" no caer en el viejo error de manejar YPF "con un criterio casi partidario o de política que terminó dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar sus recursos".
En este punto, ya le apareció un punto negro a la promesa presidencial, porque Cristina, después de tan ponderable argumento, anunció que se había intervenido la empresa y que se le había dado la conducción al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, justamente el funcionario más cuestionado en cuanto al diseño de la política energética, la que llevó a la importación masiva de gas y combustibles y principal interlocutor de Repsol durante años.
Quizás porque se dio cuenta de ese desliz, que plasmó en el DNU donde sólo se nombró a De Vido y que sirvió para desalojar la torre de Repsol de los indeseables "gallegos" en simultáneo con su discurso, la Presidenta agregó algo fuera de libreto: "El señor viceministro de Economía, licenciado Kicillof, que participará en la intervención en lo que hace a los aspectos económicos y financieros". Pese a la indicación pública de la Presidenta, una par de días después en el Congreso. Kicillof tomó la batuta de la intervención y no en esas cuestiones más inherentes a un economista, sino que se largó a hablar de temas petroleros, como si ésa hubiese sido su tarea de toda la vida.
Entonces, la nueva estrella del Gobierno vapuleó a Repsol, a la que le endilgó todos los males habidos y por haber y de rebote, sin nombrarlos, tiró debajo del camión al Grupo Petersen (familia Eskenazi), responsable del management de la compañía desde 2007, a partir de una estructura de préstamos a pagar con dividendos que bendijo Néstor Kirchner en persona, al representante del Estado en YPF, Roberto Baratta, quien firmó cuanto balance le pusieron por delante y al pobre De Vido quien, demudado, lo escuchaba pálido, al lado y soportando el incendio.
Ante la pérdida del autoabastecimiento, que los ocho ex secretarios de Energía de diferentes gobiernos democráticos vienen pregonando hace tiempo, el Gobierno ahora le reclama a Repsol, como si hubiese sido el único actor del mercado (sólo tenía 34%), una caída en la producción de crudo que se redujo de 20 millones de barriles en 1998 a 11 millones en 2011 y un "vaciamiento" de las reservas de 1.205 millones de barriles en 1998 a 666 millones de barriles en 2011. Como dijo Kicillof mezclando peras con manzanas, en un mercado que tiene dos aristas claras, la exploración-extracción y la venta de combustibles, Repsol le dio más importancia a la venta de naftas Premium para ganar más que en el proceso productivo y retirar dividendos por U$S 15.700 millones. Según el Gobierno, todo este proceso de Repsol en YPF comandado con gran perversidad por el catalán Antonio Brufau desde España, del que se descubre ahora también su "alto endeudamiento", es el que "puso en riesgo la soberanía energética" y es el que "explica" las crecientes importaciones de combustible del país, que saltaron de U$S 853 millones en 1998 a U$S 9.397 millones en 2011. De las acciones y omisiones del Estado, nadie ha dicho una palabra.
Con más dudas que certezas en lo que hace al futuro, hay que ponderar también varias cuestiones inmediatas que hacen al desenvolvimiento del ritual guerrero que involucra a la Argentina y España y al manejo de la nueva YPF. El país jugó fuerte en materia internacional, casi como si no le importasen las consecuencias y decidida, si fuese necesario, a cerrarse más y a actuar en solitario, mientras que España por ahora sólo logró consenso en la Unión Europea. El G20 y el FMI dijeron formalmente que "son problemas bilaterales".
Puertas para adentro de la nueva composición accionaria, habrá que ver cómo hará el Grupo Petersen para pagar su deuda, ya que sus acreedores son bancos internacionales y la misma Repsol. Antes, los dividendos actuaban como garantía y ahora ese dinero irá al Tesoro para pagar energía del exterior. La especulación es que su porción de 25%, intocada en la expropiación, podría volver a los españoles, quienes probablemente no quieran saber nada porque quieren estar lejos del Estado argentino. O pasar a las entidades financieras o ser tomada por otra petrolera, en un clima nada amigable por cierto. En este espectro de más dudas que certezas, hay también otros tres interrogantes de mayor dimensión que cruzan transversalmente la decisión del kircherismo y que involucran a la gente, cuyo bienestar, se supone, es el fin último de los gobernantes. Los dos primeros están referidos al complejo proceso de idas y contramarchas que desembocó en la expropiación y el tercero a la inveterada costumbre que tienen los argentinos de no mirar más allá de sus narices. ¿Es irracional oponerse a la expropiación cuando las grandes mayorías del país, las que votaron a Cristina Fernández (54%) y las que no la votaron y los representantes del pueblo surgidos de esa elección democrática están de acuerdo? ¿Será traición a la Patria decirle que "no" a un proceso de toma de control tan flojo de papeles en antecedentes y formas? ¿Por qué la sociedad no piensa lo mismo de los gobernantes que, cuando se deciden a llevar adelante una idea, son capaces de sacrificar el bienestar que le podría proporcionar a los ciudadanos una interrelación lo más abierta posible con el mundo, en tiempos dónde los precios internacionales son venturosos para los productores de materias primas y el capital busca horizontes seguros antes que rentables?
Sin casi nadie que se haya preocupado por la legalidad en la Argentina no parece políticamente correcto decirle que "no" a un proceso en el que probablemente se hayan disfrazado necesidades económicas y políticas con el ropaje de la soberanía y la autodeterminación. A veces, los principios valen menos que las corrientes de opinión y quizás por eso, han sido muy pocos los que se atrevieron a poner el acento en el rechazo. Para salvar las conciencias, probablemente por eso la mayor parte de las voces critican la situación tan duramente desde las formas, cuando lo problemático parece ser el fondo. Este doble juego de decir que "no", pero no tanto, se ha visto en muchos líderes de opinión, en empresarios y en algunos partidos políticos que están dispuestos a apoyar el control estatal de la petrolera, pese a que el futuro no parece ser promisorio.
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