Contra el déficit de casas, un "banco de tierras"

Asentamientos, hacinamiento, e indigencia. Esos son algunos de los síntomas del déficit habitacional que sufren las grandes ciudades, entre ellas, el Gran San Miguel de Tucumán. El Gobierno, mediante el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), había anunciado que en relación a las políticas habitacionales la prioridad durante los próximos cuatro años de gestión sería mejorar la calidad de vida de los habitantes de asentamientos precarios. Desde el organismo provincial que dirige Gustavo Durán se trabajó durante más de seis meses para proyectar la manera de adelantarse a la problemática. En ese contexto, el Poder Ejecutivo tiene lista la concreción de un "banco de tierras".

Inversión millonaria

El Gobierno enviará a la Legislatura próximamente un proyecto de ley para formalizar el banco, dado que ya se consiguieron los fondos para desarrollarlo. Según detalló el propio gobernador, José Alperovich, llegarán $ 320 millones desde la Nación para la obra.

"Conseguimos el dinero para la infraestructura. Será en la zona sur de la ciudad, porque no tenemos otro lugar hacia donde expandirnos", especificó. El mandatario provincial también adelantó que el proyecto se realizará mediante un concurso privado del que participarán las empresas constructoras del medio. Además, estimó que deberán expropiarse al menos unas 110 hectáreas en esa zona de la ciudad para transferirlas al Ipvdu, lo que tendría un costo -calculó- de unos $ 30 millones.

El ministro de salud de la Nación, Juan Manzur, de paso por la provincia, fue otro de los que destacó desde el punto de vista sanitario la inversión que se realizará y la necesidad de que los vecinos vivan en condiciones dignas. "El crecimiento ordenado y la planificación son clave. Son montos grandes que vendrán y que se volcarán para la gente, que también implicará fuentes de trabajo", remarcó el vicegobernador en uso de licencia.

La idea del Estado es contar con 2.500 lotes que estén dotados con todos los servicios (agua potable, electricidad, cloacas, desagües y calles, entre otros) y que estén listos para que allí se construyan viviendas o soluciones habitacionales. De esta manera, resultaría más sencillo, por ejemplo, reubicar familias vulnerables. De hecho, al Estado le resulta menos costoso construir infraestructura en predios descampados que en un sitio donde la gente ya se asentó.

Según datos oficiales, en el Gran San Miguel de Tucumán hay al menos unas 3.300 familias que deben ser reubicadas. Se trata de grupos familiares que ocupan terrenos en los que no pueden permanecer porque son propiedad privada o porque comprenden terrenos fiscales que están demasiado cerca de vías ferroviarias o de ríos. Si bien los asentamientos son dinámicos, desde el Ipvdu estimaron que los que ya están relevados pueden erradicarse durante los próximos 15 años. Los programas que se están aplicando en los asentamientos son el Promeba (Programa nacional de Mejoramiento de Barrios) y el FedVilla. Ambos son similares, pero el primero es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el segundo, por el Gobierno de la Nación.

Sólo durante 2012, el organismo prevé que se invertirán $ 150 millones en barrios irregulares, además de lo previsto para el banco de tierras. La tarea más compleja y trascendente será la de la reurbanización de la ribera del Salí. Se trata de 10 barrios ubicados a orillas del curso (entre los puentes Lucas Córdoba y Oscar Barros) que serán reordenados con un costo aproximado de $ 100 millones. Intervendrán, además del Ipvdu, los municipios de Capital, Alderetes, Banda del Río Salí.

La primera de seis etapas ya se encuentra en ejecución. Las dos siguientes están próximas a licitarse y el resto se encuentra en proyecto o comenzará a trabajarse en ellas durante el año próximo.