Por Patricia Vega
25 Marzo 2012
José Manuel Soria es el ministro de Industria de España. El es quien le indicó al titular de Repsol-YPF, Antonio Brufau, casi como un mandato del Estado, que debía viajar a la Argentina para presidir la reunión de directorio de la petrolera de la semana pasada y presentar un plan razonable que no incluyera el pago de dividendos en efectivo para no irritar al león. Le dijo que se quedara tranquilo, porque el gobierno español tenía la llave para conseguir que el avance del gobierno de Cristina Fernández sobre la compañía no llegue a mayores. Del Rey para abajo, todos saben en Madrid que la presidenta de la Nación no quiere por nada del mundo que la dejen afuera del Grupo de los 20 "por la utilidad de estar allí" y que tocar a fondo a la petrolera española le iba significar a la Argentina tarjeta roja en el club de naciones al que llegó de la mano de Carlos Menem. A Cristina le sienta bien la pompa, más allá de que ella dice que gracias a estar en esa mesa pudo desactivar "la política que intentaba la baja de los precios de las commodities, como la soja".
En verdad, los encomillados anteriores no pertenecen a la Presidenta, sino a un funcionario kirchnerista, José Sbatella, quien justificó hace tres meses de esa manera, ante los intelectuales de Carta Abierta, el por qué de la Ley Antiterrorista que había que sacar sí o sí, a pedido del GAFI. Esas revelaciones, hechas para justificar hacia adentro del kirchnerismo una ley represiva, dejaron ahora al gobierno, en la pelea con YPF, en posición de debilidad. En todo caso, el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) fue un adelantado en la catarata de metidas de pata que durante los últimos días expusieron algunas primeras espadas del oficialismo, con revelaciones, autodesmentidas y contradicciones, junto a algunas hipocresías, propias de principiantes nerviosos que titubean ante las inconsistencias del relato o se allanan a la manipulación estadística, como hizo el canciller Héctor Timerman hablando de las importaciones del año pasado, sin mencionar cómo han caído este año.
Cuando habló Sbatella en una de las tenidas sabatinas de la Biblioteca Nacional, ventiló en público una necesidad estratégica que la Presidenta estima vital para el país y eso ahora es aprovechado al dedillo por España. Si a esto se le suma que este país, pese a sus graves dificultades actuales, aspira a sentarse en uno de los sillones del G20, está claro por qué la tensión entre ambos gobiernos escaló más allá de una simple pelea societaria por el monto de las inversiones de la petrolera. No resulta extraño, entonces, que con tan importantes avales, Brufau haya llegado agrandado el miércoles al edificio vidriado de Puerto Madero, acompañado por un ejército de abogados para enfrentar en tono de alta tensión al representante del Estado, Roberto Baratta, quien asistió junto al viceministro de Economía, Axel Kiciloff y al secretario de Energía, Daniel Cameron en calidad de asesores.
Mientras los funcionarios locales suponían que los españoles iban a proponer pagar dividendos en efectivo y girar las utilidades al exterior, lo que se iba a rechazar y a denunciar mediáticamente como un expolio digno de los tiempos de la Corona, la propuesta sorpresa que hizo el catalán fue la de aumentar el capital social de YPF y mantener en el país la totalidad de las ganancias del ejercicio 2011 y el remanente no girado del ejercicio anterior, un total de $ 5.800 millones. Brufau argumentó que tal capitalización atendía a "la alta sensibilidad ante la situación actual, las necesidades de inversión y los compromisos de la compañía".
Desconcertado y sin plan B a mano, el trío gubernamental apenas atinó a solicitar un cuarto intermedio para hacer consultas telefónicas y volvió con un planteo que abarcaba rechazar la propuesta de distribución de las ganancias en acciones y pedir que con ese dinero se conforme un Fondo Especial de Inversiones. Según fuentes de la reunión, por el lado de la distribución en acciones, Kicillof se enredó malamente, "confundiendo" el papel que éstas cumplen en relación a la salida de divisas e incluyó una teoría sobre algún propósito escondido en la propuesta de Repsol para hacerse de fondos en el exterior. "No dio la impresión de que hubiera sido tan buen alumno cuando estudiaba economía. Estaba blanco, probablemente nervioso", dijo un ejecutivo de la empresa. A la salida, el viceministro pareció ajustar algo sus declaraciones y señaló razonablemente que la distribución en acciones "tiene efectos sobre el valor bursátil de la compañía. Hasta podría tratarse de una maniobra especulativa, porque una distribución de dividendos en acciones genera cambios en el valor de dichas acciones", especuló.
En la reunión, Brufau informó que la previsión de inversiones para 2012 llega a $ 15.000 millones, "récord en la historia de la compañía", dijo y que esa suma "superará los $ 13.300 millones que se destinaron en 2011 para exploración, producción, refinación y desarrollo". Al respecto, Kicillof planteó que no veía en esos anuncios "un claro, taxativo y preciso plan de inversión, que mostrara que este año se iban a ver cambios en la situación".
La votación fue perdida por el Estado, ya que los directores por Repsol y por YPF (la familia Eskenazi) votaron a favor de la propuesta, uno de los directores independientes, el economista Mario Blejer, se abstuvo, mientras que otros dos de la misma condición estaban fuera del país y participaron parcialmente en una conference call. "Me parece que ni votaron. Era tanta la tirantez que se los olvidaron en la línea", graficó la fuente. También Brufau le dio un sonoro tirón de orejas a Baratta, a quien le dijo que como director por el Estado no tenía por qué "estar presente y festejar públicamente" en el acto en que los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi y de Santa Cruz, Daniel Peralta revirtieron concesiones de YPF en ambas provincias porque no producen lo necesario debido, según ellos, a que falta inversión. Otro tanto, hizo Neuquén y Mendoza con otras dos áreas.
Los gobernadores, que están en línea con las indicaciones de la Nación, jaqueados a la vez por sus necesidades de caja, tampoco quieren jugarse a una franca ruptura con la empresa, ya que en algunos casos la petrolera es el principal empleador de la provincia. No lo dicen abiertamente, pero, salvo Buzzi y en alguna menor medida, Peralta, todos están haciendo como si y jugaran a dos puntas. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey es uno de los prudentes callados la boca, para no tener que reacomodar los tantos después, como le pasó con la autorización de los abortos en la semana.
El perjuicio directo para YPF, que ya avisó que recurrirá a la Justicia, no parece ser tan grande con el retiro de concesiones, ya que en la mayor parte de los casos se trata de emprendimientos marginales. Igualmente, la bola de nieve sobre el valor accionario de YPF y también de Repsol puede reducir la capitalización bursátil a precios de asalto o a valores que lleven a reclamarle a la Argentina un resarcimiento fenomenal ante los tribunales internacionales. También con el caso YPF, uno de los bloopers dialécticos lo protagonizó el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien primero dijo que no, pero luego que sí, en cuanto a que se abandonaba o se retomaba la idea de renacionalizar la compañía, en relación a cosas que él ignoraba que se estaban cocinando en Olivos. Lo insólito del resbalón es que antes, Abal había sido criticado porque no hablaba y él dijo que no lo hacía porque "gestionaba". La réplica chicanera fue: "entonces, la Presidenta que tanto habla, ¿no gestiona?". Se envalentonó, salió a hablar y quedó dando vueltas como un molino. Más allá de la situación que se le endilga a YPF porque giraba dividendos y no invertía, hay que recordar que ese temperamento había sido avalado por Néstor Kirchner. Como faltan dólares y las importaciones de combustibles es el rubro que más ha crecido, la ofensiva del custodio de las divisas, Guillermo Moreno ha ido por este nuevo lado y como ha dicho en su última intervención Abal "si el camino uno es nacionalizar YPF, se nacionalizará". El punto aquí es que si se avanza en esa línea, para pagar el Estado tendrá que echar mano a fondos que hoy escasean.
Las facilidades de uso de reservas y de utilización de adelantos transitorios por parte del Tesoro Nacional que acuerda la nueva carta orgánica del Banco Central abre una ventana, si el Gobierno quiere repetir en la petrolera la experiencia de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, aquí no basta saber cuánto hay que pagar, sino quién va a invertir, sobre todo en áreas de gran potencial como las de Neuquén, aunque no de formaciones no convencionales (shale gas y shale oil) y por lo tanto de mayor necesidad de capital hundido en explotación, que los expertos calculan en 10 veces más que las comunes. No será la Nación, porque los fondos no alcanzan para todo, mucho menos las provincias y menos las empresas privadas que se atienen en otros lugares del mundo a la permanencia de reglas, algo que no es el fuerte de la Argentina. Claro que siempre habrá quienes están dispuestos a sumarse exigiendo que se eliminen los precios pisados en boca de pozo, como probablemente lo haga PDVSA de Venezuela, pero habría que ver con qué promesas, que en este caso debería incluir algún arreglo por la deuda (se mencionan U$S 5.700 millones) que el país mantiene por las importaciones de fuel oil.
La sanción de la Ley de carta orgánica no dejó casi debate, ya que los legisladores poco aportaron y los ex presidentes de la entidad y otros economistas no fueron ni siquiera al Congreso. Se escuchó una sola voz, liderada por las explicaciones técnicas de la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont a quien nadie le reprochó no por hablar, si no por no decir en Diputados que un día después de su visita se iba a permitir una mayor asistencia de la entidad al Tesoro.
En aquella reunión de la Cámara Baja había dejado una frase de antología: "era esto o un ajuste brutal".El sincericidio de la funcionaria tuvo un correlato mucho menos grave, pero técnicamente errado, en la voz de uno de los moderados del kirchnerismo, el jefe de la bancada de senadores, Miguel Pichetto. En otra frase para el Guiness, el rionegrino estimó que "es mejor usar reservas que endeudarse", como si cuando el Banco Central le entrega dólares al Tesoro para que pague deuda no recibiera un pagaré a cambio. Se usan reservas, pero la situación de deuda reconocida no se reduce, sólo cambia el acreedor.
En verdad, los encomillados anteriores no pertenecen a la Presidenta, sino a un funcionario kirchnerista, José Sbatella, quien justificó hace tres meses de esa manera, ante los intelectuales de Carta Abierta, el por qué de la Ley Antiterrorista que había que sacar sí o sí, a pedido del GAFI. Esas revelaciones, hechas para justificar hacia adentro del kirchnerismo una ley represiva, dejaron ahora al gobierno, en la pelea con YPF, en posición de debilidad. En todo caso, el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) fue un adelantado en la catarata de metidas de pata que durante los últimos días expusieron algunas primeras espadas del oficialismo, con revelaciones, autodesmentidas y contradicciones, junto a algunas hipocresías, propias de principiantes nerviosos que titubean ante las inconsistencias del relato o se allanan a la manipulación estadística, como hizo el canciller Héctor Timerman hablando de las importaciones del año pasado, sin mencionar cómo han caído este año.
Cuando habló Sbatella en una de las tenidas sabatinas de la Biblioteca Nacional, ventiló en público una necesidad estratégica que la Presidenta estima vital para el país y eso ahora es aprovechado al dedillo por España. Si a esto se le suma que este país, pese a sus graves dificultades actuales, aspira a sentarse en uno de los sillones del G20, está claro por qué la tensión entre ambos gobiernos escaló más allá de una simple pelea societaria por el monto de las inversiones de la petrolera. No resulta extraño, entonces, que con tan importantes avales, Brufau haya llegado agrandado el miércoles al edificio vidriado de Puerto Madero, acompañado por un ejército de abogados para enfrentar en tono de alta tensión al representante del Estado, Roberto Baratta, quien asistió junto al viceministro de Economía, Axel Kiciloff y al secretario de Energía, Daniel Cameron en calidad de asesores.
Mientras los funcionarios locales suponían que los españoles iban a proponer pagar dividendos en efectivo y girar las utilidades al exterior, lo que se iba a rechazar y a denunciar mediáticamente como un expolio digno de los tiempos de la Corona, la propuesta sorpresa que hizo el catalán fue la de aumentar el capital social de YPF y mantener en el país la totalidad de las ganancias del ejercicio 2011 y el remanente no girado del ejercicio anterior, un total de $ 5.800 millones. Brufau argumentó que tal capitalización atendía a "la alta sensibilidad ante la situación actual, las necesidades de inversión y los compromisos de la compañía".
Desconcertado y sin plan B a mano, el trío gubernamental apenas atinó a solicitar un cuarto intermedio para hacer consultas telefónicas y volvió con un planteo que abarcaba rechazar la propuesta de distribución de las ganancias en acciones y pedir que con ese dinero se conforme un Fondo Especial de Inversiones. Según fuentes de la reunión, por el lado de la distribución en acciones, Kicillof se enredó malamente, "confundiendo" el papel que éstas cumplen en relación a la salida de divisas e incluyó una teoría sobre algún propósito escondido en la propuesta de Repsol para hacerse de fondos en el exterior. "No dio la impresión de que hubiera sido tan buen alumno cuando estudiaba economía. Estaba blanco, probablemente nervioso", dijo un ejecutivo de la empresa. A la salida, el viceministro pareció ajustar algo sus declaraciones y señaló razonablemente que la distribución en acciones "tiene efectos sobre el valor bursátil de la compañía. Hasta podría tratarse de una maniobra especulativa, porque una distribución de dividendos en acciones genera cambios en el valor de dichas acciones", especuló.
En la reunión, Brufau informó que la previsión de inversiones para 2012 llega a $ 15.000 millones, "récord en la historia de la compañía", dijo y que esa suma "superará los $ 13.300 millones que se destinaron en 2011 para exploración, producción, refinación y desarrollo". Al respecto, Kicillof planteó que no veía en esos anuncios "un claro, taxativo y preciso plan de inversión, que mostrara que este año se iban a ver cambios en la situación".
La votación fue perdida por el Estado, ya que los directores por Repsol y por YPF (la familia Eskenazi) votaron a favor de la propuesta, uno de los directores independientes, el economista Mario Blejer, se abstuvo, mientras que otros dos de la misma condición estaban fuera del país y participaron parcialmente en una conference call. "Me parece que ni votaron. Era tanta la tirantez que se los olvidaron en la línea", graficó la fuente. También Brufau le dio un sonoro tirón de orejas a Baratta, a quien le dijo que como director por el Estado no tenía por qué "estar presente y festejar públicamente" en el acto en que los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi y de Santa Cruz, Daniel Peralta revirtieron concesiones de YPF en ambas provincias porque no producen lo necesario debido, según ellos, a que falta inversión. Otro tanto, hizo Neuquén y Mendoza con otras dos áreas.
Los gobernadores, que están en línea con las indicaciones de la Nación, jaqueados a la vez por sus necesidades de caja, tampoco quieren jugarse a una franca ruptura con la empresa, ya que en algunos casos la petrolera es el principal empleador de la provincia. No lo dicen abiertamente, pero, salvo Buzzi y en alguna menor medida, Peralta, todos están haciendo como si y jugaran a dos puntas. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey es uno de los prudentes callados la boca, para no tener que reacomodar los tantos después, como le pasó con la autorización de los abortos en la semana.
El perjuicio directo para YPF, que ya avisó que recurrirá a la Justicia, no parece ser tan grande con el retiro de concesiones, ya que en la mayor parte de los casos se trata de emprendimientos marginales. Igualmente, la bola de nieve sobre el valor accionario de YPF y también de Repsol puede reducir la capitalización bursátil a precios de asalto o a valores que lleven a reclamarle a la Argentina un resarcimiento fenomenal ante los tribunales internacionales. También con el caso YPF, uno de los bloopers dialécticos lo protagonizó el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien primero dijo que no, pero luego que sí, en cuanto a que se abandonaba o se retomaba la idea de renacionalizar la compañía, en relación a cosas que él ignoraba que se estaban cocinando en Olivos. Lo insólito del resbalón es que antes, Abal había sido criticado porque no hablaba y él dijo que no lo hacía porque "gestionaba". La réplica chicanera fue: "entonces, la Presidenta que tanto habla, ¿no gestiona?". Se envalentonó, salió a hablar y quedó dando vueltas como un molino. Más allá de la situación que se le endilga a YPF porque giraba dividendos y no invertía, hay que recordar que ese temperamento había sido avalado por Néstor Kirchner. Como faltan dólares y las importaciones de combustibles es el rubro que más ha crecido, la ofensiva del custodio de las divisas, Guillermo Moreno ha ido por este nuevo lado y como ha dicho en su última intervención Abal "si el camino uno es nacionalizar YPF, se nacionalizará". El punto aquí es que si se avanza en esa línea, para pagar el Estado tendrá que echar mano a fondos que hoy escasean.
Las facilidades de uso de reservas y de utilización de adelantos transitorios por parte del Tesoro Nacional que acuerda la nueva carta orgánica del Banco Central abre una ventana, si el Gobierno quiere repetir en la petrolera la experiencia de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, aquí no basta saber cuánto hay que pagar, sino quién va a invertir, sobre todo en áreas de gran potencial como las de Neuquén, aunque no de formaciones no convencionales (shale gas y shale oil) y por lo tanto de mayor necesidad de capital hundido en explotación, que los expertos calculan en 10 veces más que las comunes. No será la Nación, porque los fondos no alcanzan para todo, mucho menos las provincias y menos las empresas privadas que se atienen en otros lugares del mundo a la permanencia de reglas, algo que no es el fuerte de la Argentina. Claro que siempre habrá quienes están dispuestos a sumarse exigiendo que se eliminen los precios pisados en boca de pozo, como probablemente lo haga PDVSA de Venezuela, pero habría que ver con qué promesas, que en este caso debería incluir algún arreglo por la deuda (se mencionan U$S 5.700 millones) que el país mantiene por las importaciones de fuel oil.
La sanción de la Ley de carta orgánica no dejó casi debate, ya que los legisladores poco aportaron y los ex presidentes de la entidad y otros economistas no fueron ni siquiera al Congreso. Se escuchó una sola voz, liderada por las explicaciones técnicas de la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont a quien nadie le reprochó no por hablar, si no por no decir en Diputados que un día después de su visita se iba a permitir una mayor asistencia de la entidad al Tesoro.
En aquella reunión de la Cámara Baja había dejado una frase de antología: "era esto o un ajuste brutal".El sincericidio de la funcionaria tuvo un correlato mucho menos grave, pero técnicamente errado, en la voz de uno de los moderados del kirchnerismo, el jefe de la bancada de senadores, Miguel Pichetto. En otra frase para el Guiness, el rionegrino estimó que "es mejor usar reservas que endeudarse", como si cuando el Banco Central le entrega dólares al Tesoro para que pague deuda no recibiera un pagaré a cambio. Se usan reservas, pero la situación de deuda reconocida no se reduce, sólo cambia el acreedor.
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