Por Álvaro José Aurane
04 Diciembre 2011
El revisionismo kirchnerista llegará a la escuela
La creación por decreto presidencial de un instituto nacional dedicado a reivindicar a una serie específica de figuras crea, a la vez, un panteón de próceres olvidados, tres de los cuales tocan directamente a los tucumanos: Alberdi, Avellaneda y Roca. La iniciativa recibe adhesiones, pero los cuestionamientos son mayoría y advierten sobre la reescritura del pasado.
Lo trascendental, lo que se tornará operativo, lo que va a trasladarse al plano de los hechos mucho más allá de los debates académicos y políticos, está hacia el final. Pero pocos repararon en eso, justamente, porque el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, es polémico desde el comienzo. Y por partida doble.
Por un lado, de los incontables ámbitos donde pudo haber nacido, la institución ha surgido nada menos que de una disposición del Gobierno nacional. Concretamente, del Decreto 1.880/2011, del 17 de noviembre, firmado por la presidenta, Cristina Fernández, el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro de Economía, Amado Boudou, y el ministro de Educación, Alberto Sileoni.
Por otro lado, los "considerandos" del decreto nacional, los fundamentos de la norma, son un dechado de provocaciones. Por acción y por omisión.
Nacional y popular
Tras aclarar que se eligió la figura de Dorrego para designar la institución por un patriota de "coraje y clarividencia" que "abogó por la organización federal de nuestra Patria y representó los intereses de los sectores populares", se menciona "la finalidad" del instituto. Es la de "estudiar, investigar y difundir la vida y la obra de personalidades y circunstancias destacadas de nuestra historia que no han recibido el reconocimiento adecuado en un ámbito institucional de carácter académico, acorde con las rigurosas exigencias del saber científico".
Porque, precisa la norma, no se circunscribirán a Dorrego. Buscará "la reivindicación de todas y todos aquellos que, como él, defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y extranjerizante de quienes han sido, desde el principio de nuestra historia, sus adversarios, y que, en pro de sus intereses han pretendido oscurecerlos y relegarlos de la memoria colectiva del pueblo argentino".
Los unos y los otros
Tras consignar que se prestará especial atención a la reivindicación de la participación femenina, se advierte que también se recuperará "la importancia protagónica de los sectores populares, devaluada por el criterio de que los hechos sucedían sólo por decisión de los ?grandes hombres?".
Entonces se enumera quiénes son los héroes de esta escuela revisionista: José de San Martín; Martín Miguel de Güemes; José Gervasio Artigas; Estanislao López; Francisco Ramírez; Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza; Felipe Varela; Facundo Quiroga; Juan Manuel de Rosas; Juan Bautista Bustos; Hipólito Yrigoyen; Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón.
En este panteón de los "buenos", muchos de los cuales (comenzando por el primero) no son figuras relegadas por la historia nacional sino todo lo contrario, resultan notables las ausencias. Son buena parte de las figuras relevantes de la "escuela liberal" de la historia que cuestiona el Gobierno nacional. Por ejemplo, Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia, Domingo Faustino Sarmiento, Justo José de Urquiza y, por supuesto, los próceres tucumanos Juan Bautista Alberdi, Nicolás Avellaneda y el últimamente muy vilipendiado Julio Argentino Roca.
¿Historia o relato?
Sólo con esos elementos consignados en la norma alcanza para entender porque tantos académicos, historiadores e intelectuales argentinos han puesto el grito en el cielo y en las bibliotecas en contra de esta medida del kirchnerismo. Desde Tulio Halperín Donghi y Luis Alberto Romero, hasta Natalio Botana e Hilda Sabato, pasando por Ricardo de Titto y Beatriz Sarlo, se han manifestado en contra de las intenciones oficiales y oficialistas. Es que lo que se desprende del mismísimo decreto 1.880 es que no se busca ampliar la historia sino, directamente, cambiarla. Y de allí las preocupaciones y las advertencias, que pueden resumirse en una consigna común: están buscando reemplazar la historia por el relato.
"Dentro de las competencias del Instituto, se cuenta el estímulo y la promoción de la actividad de historiadores, ensayistas y pensadores abocados a la investigación y divulgación de la historia revisionista", se agrega en los considerandos de la norma. Precisamente, esta cuestión refiere al asunto más delicado del decreto presidencial. Porque más allá de la implementación de becas, subsidios y premios, el revisionismo del Instituto Dorrego va a ir a la escuela.
Las competencias
Es el artículo 3, el decreto 1.880 determina cuáles serán las competencias del Instituto Dorrego. "La investigación histórica y los estudios historiográficos, críticos, filosóficos, sociales, económicos, educacionales, jurídicos y políticos referidos a la acción pública y privada de Manuel Dorrego y de todas y todos aquellos que, como él, abogaron por una Patria de raíces nacionales, populares, democráticas y federalistas", refiere el inciso "a".
"La elaboración de publicaciones y organización de eventos culturales, viajes, seminarios, congresos, jornadas, reuniones académicas y de investigación científica, tanto en su sede como en establecimientos educacionales, civiles y centros de cultura del país", insinúa el apartado "b".
Y el "c", finalmente, lo presenta. "La colaboración con las autoridades nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, y con las instituciones de enseñanza oficiales y privadas, para enseñar los objetivos básicos que deben orientar la docencia para un mejor aprovechamiento y comprensión de las acciones y las personalidades de las que se ocupará el Instituto como, asimismo, el asesoramiento respecto de la fidelidad histórica en todo lo que se relacione con los asuntos de marras".
Para más datos, ya en los considerandos se establecía que la institución "prevé también dar lugar al aporte enriquecedor del arte, la literatura, el cine, la música y todas aquellas manifestaciones culturales que ayudarán a establecer la importancia de la revisión histórica".
Los números
La entidad revisionista coloca a Pacho O?Donnell como conductor, a la cabeza de una lista que incluye a los historiadores Araceli Bellota, Luis Launay, Juan Marcelo Gullo, Enzo Regalli, Hugo Chumbita, Felipe Pigna, Alberto Gelly Cantillo, Daniel Brion y Salvador Cabral. Políticos y funcionarios también integran el Instituto Dorrego. Es el caso del ahora senador nacional Aníbal Fernández, el secretario de Cultura, Jorge Coscia, la ministra de Infraestructura bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez, el presidente de la Comisión Bicentenario, Ernesto Jauretche y el gerente jurídico de Incaa, Francisco Pestanha.
También hay lugar para hombres de los medios de prensa, como el director del diario Tiempo Argentino, Roberto Caballero; su par del semanario Miradas al Sur; Eduardo Anguita, y el periodista Hernán Brienza.
Todos desempeñarán sus cargos de manera ad honorem. Integran el cuerpo académico que, según detalla el Anexo I del decreto, se crea con "33 miembros de número, quienes deberán ser historiadores o investigadores especializados en los temas revisionistas que sean de competencia del Instituto".
"Al menos cinco deberán provenir del interior del país", agrega una de las disposiciones de la norma. Todo un detalle para la institución bautizada con el nombre de Dorrego, un abogado del federalismo según el decreto 1.880.
Atendiendo el "cupo" en cuestión, de los 33 miembros de número de la academia oficial, sólo siete (el 21%) son del interior: tres provienen de Entre Ríos, dos de Santa Fe y otros dos de misiones. El resto de los revisionistas de la historia argentina son, según el Anexo I del decreto presidencial, de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal.
Por un lado, de los incontables ámbitos donde pudo haber nacido, la institución ha surgido nada menos que de una disposición del Gobierno nacional. Concretamente, del Decreto 1.880/2011, del 17 de noviembre, firmado por la presidenta, Cristina Fernández, el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro de Economía, Amado Boudou, y el ministro de Educación, Alberto Sileoni.
Por otro lado, los "considerandos" del decreto nacional, los fundamentos de la norma, son un dechado de provocaciones. Por acción y por omisión.
Nacional y popular
Tras aclarar que se eligió la figura de Dorrego para designar la institución por un patriota de "coraje y clarividencia" que "abogó por la organización federal de nuestra Patria y representó los intereses de los sectores populares", se menciona "la finalidad" del instituto. Es la de "estudiar, investigar y difundir la vida y la obra de personalidades y circunstancias destacadas de nuestra historia que no han recibido el reconocimiento adecuado en un ámbito institucional de carácter académico, acorde con las rigurosas exigencias del saber científico".
Porque, precisa la norma, no se circunscribirán a Dorrego. Buscará "la reivindicación de todas y todos aquellos que, como él, defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y extranjerizante de quienes han sido, desde el principio de nuestra historia, sus adversarios, y que, en pro de sus intereses han pretendido oscurecerlos y relegarlos de la memoria colectiva del pueblo argentino".
Los unos y los otros
Tras consignar que se prestará especial atención a la reivindicación de la participación femenina, se advierte que también se recuperará "la importancia protagónica de los sectores populares, devaluada por el criterio de que los hechos sucedían sólo por decisión de los ?grandes hombres?".
Entonces se enumera quiénes son los héroes de esta escuela revisionista: José de San Martín; Martín Miguel de Güemes; José Gervasio Artigas; Estanislao López; Francisco Ramírez; Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza; Felipe Varela; Facundo Quiroga; Juan Manuel de Rosas; Juan Bautista Bustos; Hipólito Yrigoyen; Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón.
En este panteón de los "buenos", muchos de los cuales (comenzando por el primero) no son figuras relegadas por la historia nacional sino todo lo contrario, resultan notables las ausencias. Son buena parte de las figuras relevantes de la "escuela liberal" de la historia que cuestiona el Gobierno nacional. Por ejemplo, Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia, Domingo Faustino Sarmiento, Justo José de Urquiza y, por supuesto, los próceres tucumanos Juan Bautista Alberdi, Nicolás Avellaneda y el últimamente muy vilipendiado Julio Argentino Roca.
¿Historia o relato?
Sólo con esos elementos consignados en la norma alcanza para entender porque tantos académicos, historiadores e intelectuales argentinos han puesto el grito en el cielo y en las bibliotecas en contra de esta medida del kirchnerismo. Desde Tulio Halperín Donghi y Luis Alberto Romero, hasta Natalio Botana e Hilda Sabato, pasando por Ricardo de Titto y Beatriz Sarlo, se han manifestado en contra de las intenciones oficiales y oficialistas. Es que lo que se desprende del mismísimo decreto 1.880 es que no se busca ampliar la historia sino, directamente, cambiarla. Y de allí las preocupaciones y las advertencias, que pueden resumirse en una consigna común: están buscando reemplazar la historia por el relato.
"Dentro de las competencias del Instituto, se cuenta el estímulo y la promoción de la actividad de historiadores, ensayistas y pensadores abocados a la investigación y divulgación de la historia revisionista", se agrega en los considerandos de la norma. Precisamente, esta cuestión refiere al asunto más delicado del decreto presidencial. Porque más allá de la implementación de becas, subsidios y premios, el revisionismo del Instituto Dorrego va a ir a la escuela.
Las competencias
Es el artículo 3, el decreto 1.880 determina cuáles serán las competencias del Instituto Dorrego. "La investigación histórica y los estudios historiográficos, críticos, filosóficos, sociales, económicos, educacionales, jurídicos y políticos referidos a la acción pública y privada de Manuel Dorrego y de todas y todos aquellos que, como él, abogaron por una Patria de raíces nacionales, populares, democráticas y federalistas", refiere el inciso "a".
"La elaboración de publicaciones y organización de eventos culturales, viajes, seminarios, congresos, jornadas, reuniones académicas y de investigación científica, tanto en su sede como en establecimientos educacionales, civiles y centros de cultura del país", insinúa el apartado "b".
Y el "c", finalmente, lo presenta. "La colaboración con las autoridades nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, y con las instituciones de enseñanza oficiales y privadas, para enseñar los objetivos básicos que deben orientar la docencia para un mejor aprovechamiento y comprensión de las acciones y las personalidades de las que se ocupará el Instituto como, asimismo, el asesoramiento respecto de la fidelidad histórica en todo lo que se relacione con los asuntos de marras".
Para más datos, ya en los considerandos se establecía que la institución "prevé también dar lugar al aporte enriquecedor del arte, la literatura, el cine, la música y todas aquellas manifestaciones culturales que ayudarán a establecer la importancia de la revisión histórica".
Los números
La entidad revisionista coloca a Pacho O?Donnell como conductor, a la cabeza de una lista que incluye a los historiadores Araceli Bellota, Luis Launay, Juan Marcelo Gullo, Enzo Regalli, Hugo Chumbita, Felipe Pigna, Alberto Gelly Cantillo, Daniel Brion y Salvador Cabral. Políticos y funcionarios también integran el Instituto Dorrego. Es el caso del ahora senador nacional Aníbal Fernández, el secretario de Cultura, Jorge Coscia, la ministra de Infraestructura bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez, el presidente de la Comisión Bicentenario, Ernesto Jauretche y el gerente jurídico de Incaa, Francisco Pestanha.
También hay lugar para hombres de los medios de prensa, como el director del diario Tiempo Argentino, Roberto Caballero; su par del semanario Miradas al Sur; Eduardo Anguita, y el periodista Hernán Brienza.
Todos desempeñarán sus cargos de manera ad honorem. Integran el cuerpo académico que, según detalla el Anexo I del decreto, se crea con "33 miembros de número, quienes deberán ser historiadores o investigadores especializados en los temas revisionistas que sean de competencia del Instituto".
"Al menos cinco deberán provenir del interior del país", agrega una de las disposiciones de la norma. Todo un detalle para la institución bautizada con el nombre de Dorrego, un abogado del federalismo según el decreto 1.880.
Atendiendo el "cupo" en cuestión, de los 33 miembros de número de la academia oficial, sólo siete (el 21%) son del interior: tres provienen de Entre Ríos, dos de Santa Fe y otros dos de misiones. El resto de los revisionistas de la historia argentina son, según el Anexo I del decreto presidencial, de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal.
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