23 Agosto 2011
La hilera impenitente se gestó el lunes 15 de agosto, al día siguiente de la celebración inaugural de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Una larga cola de ciudadanos armados con DNI y constancia policial o certificado médico superó rápidamente el pequeño aforo de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1.
Entre el martes y el miércoles, la gran concurrencia obligó a habilitar una mesa de entradas en la planta baja (la gente hizo cola a la intemperie, en la vereda de Las Piedras y Congreso). El viernes, empleados y funcionarios podían afirmar que nunca antes habían tramitado tantos pedidos de justificación de no emisión del voto (hay plazo hasta noviembre). O sea, el electorado tucumano anotó dos récords en las primarias: de participación (el 80,81% del padrón sufragó el domingo pasado) y de diligencias tendientes a acreditar la imposibilidad de votar (entre 200 y 300 trámites diarios, según fuentes judiciales). La primera marca sorprendió más que la segunda: pese a no comprender del todo su sentido o razón de ser, la gente participó en las PASO.
"La apatía obligó a los jueces con competencia electoral a insistir en el carácter obligatorio del sufragio. Ese incentivo tuvo mucho que ver con la alta asistencia a las urnas", evaluó Rogelio Rodríguez del Busto, secretario electoral del Juzgado Federal Nº1.
Al igual que los magistrados María Servini de Cubría (Ciudad de Buenos Aires) y Reynaldo Rodríquez (Santa Fe), Daniel Bejas recordó a los tucumanos que sufragar es un derecho... y un deber. "Quien no concurra a votar será objeto de las sanciones que prevé el Código Electoral Nacional. Esto es, multa e imposibilidad de desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años y de obtener pasaporte", advirtió el juez en una entrevista que LA GACETA publicó el sábado 13 de agosto.
Veinticuatro horas después, la exhortación surtía efectos en los centros de votación... Y en las comisarías: como nunca antes desde la recuperación de la democracia, los ciudadanos que no sufragaron se abocaron masivamente a conseguir constancias policiales que acreditasen que se hallaban a más de 500 kilómetros del domicilio anotado en el DNI.
Esa explosiva e inédita sujeción a la normativa electoral despertó sospechas en los Tribunales. "La gente vino a hacer el trámite por temor a perder los planes sociales. La ley obliga a justificar la no emisión del sufragio, pero sería bueno que las normas se respeten por convicción y no por un subsidio", teorizó un funcionario.
En la fila del viernes pasado había todo tipo de razones para soportar la espera. "No voté por enfermedad y corresponde que lo acredite", confió José García. "Estaba lejos y quiero que me pongan el ?sellito? en el casillero del 14 de agosto", bromeó la estudiante Agustina Vallejo. "M?hija, ¡mire si tengo que mostrar que voté para cobrar la jubilación!", explicó preocupada Elena Martínez.
Todas las posibles sanciones son, sin embargo, elucubraciones. "Dependen de la Administración Pública. Si el Estado quiere, puede aplicarlas, aunque históricamente no haya castigado a quien no votó", subrayó Rodríguez del Busto. También existen imposibilidades prácticas: el Poder Legislativo nunca actualizó la multa de $50 a $500 pesos argentinos establecida en el Código Electoral Nacional de 1983 (en el presente, esa suma equivale a un puñado de centavos), al margen de que no existe ninguna ventanilla dónde abonarla -el Código autoriza a impedir la realización de gestiones o trámites durante un año ante organismos estatales si el ciudadano no votó, no justificó y no pagó la multa-.
La transgresión del deber de sufragar no es de sanción sencilla por esas y otras razones. En lo inmediato, la diligencia para salvar la omisión recarga la tarea burocrática de los órganos de fiscalización de los comicios en coincidencia con las tareas propias del escrutinio definitivo. Los electores que no sufraguen este domingo ni el 23 de octubre deben justificar la no emisión del voto respectivamente en la Junta Electoral Provincial y en el Juzgado Federal Nº1. Un consejo: no se apuren, la cola tiende a achicarse según pasan los días.
Entre el martes y el miércoles, la gran concurrencia obligó a habilitar una mesa de entradas en la planta baja (la gente hizo cola a la intemperie, en la vereda de Las Piedras y Congreso). El viernes, empleados y funcionarios podían afirmar que nunca antes habían tramitado tantos pedidos de justificación de no emisión del voto (hay plazo hasta noviembre). O sea, el electorado tucumano anotó dos récords en las primarias: de participación (el 80,81% del padrón sufragó el domingo pasado) y de diligencias tendientes a acreditar la imposibilidad de votar (entre 200 y 300 trámites diarios, según fuentes judiciales). La primera marca sorprendió más que la segunda: pese a no comprender del todo su sentido o razón de ser, la gente participó en las PASO.
"La apatía obligó a los jueces con competencia electoral a insistir en el carácter obligatorio del sufragio. Ese incentivo tuvo mucho que ver con la alta asistencia a las urnas", evaluó Rogelio Rodríguez del Busto, secretario electoral del Juzgado Federal Nº1.
Al igual que los magistrados María Servini de Cubría (Ciudad de Buenos Aires) y Reynaldo Rodríquez (Santa Fe), Daniel Bejas recordó a los tucumanos que sufragar es un derecho... y un deber. "Quien no concurra a votar será objeto de las sanciones que prevé el Código Electoral Nacional. Esto es, multa e imposibilidad de desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años y de obtener pasaporte", advirtió el juez en una entrevista que LA GACETA publicó el sábado 13 de agosto.
Veinticuatro horas después, la exhortación surtía efectos en los centros de votación... Y en las comisarías: como nunca antes desde la recuperación de la democracia, los ciudadanos que no sufragaron se abocaron masivamente a conseguir constancias policiales que acreditasen que se hallaban a más de 500 kilómetros del domicilio anotado en el DNI.
Esa explosiva e inédita sujeción a la normativa electoral despertó sospechas en los Tribunales. "La gente vino a hacer el trámite por temor a perder los planes sociales. La ley obliga a justificar la no emisión del sufragio, pero sería bueno que las normas se respeten por convicción y no por un subsidio", teorizó un funcionario.
En la fila del viernes pasado había todo tipo de razones para soportar la espera. "No voté por enfermedad y corresponde que lo acredite", confió José García. "Estaba lejos y quiero que me pongan el ?sellito? en el casillero del 14 de agosto", bromeó la estudiante Agustina Vallejo. "M?hija, ¡mire si tengo que mostrar que voté para cobrar la jubilación!", explicó preocupada Elena Martínez.
Todas las posibles sanciones son, sin embargo, elucubraciones. "Dependen de la Administración Pública. Si el Estado quiere, puede aplicarlas, aunque históricamente no haya castigado a quien no votó", subrayó Rodríguez del Busto. También existen imposibilidades prácticas: el Poder Legislativo nunca actualizó la multa de $50 a $500 pesos argentinos establecida en el Código Electoral Nacional de 1983 (en el presente, esa suma equivale a un puñado de centavos), al margen de que no existe ninguna ventanilla dónde abonarla -el Código autoriza a impedir la realización de gestiones o trámites durante un año ante organismos estatales si el ciudadano no votó, no justificó y no pagó la multa-.
La transgresión del deber de sufragar no es de sanción sencilla por esas y otras razones. En lo inmediato, la diligencia para salvar la omisión recarga la tarea burocrática de los órganos de fiscalización de los comicios en coincidencia con las tareas propias del escrutinio definitivo. Los electores que no sufraguen este domingo ni el 23 de octubre deben justificar la no emisión del voto respectivamente en la Junta Electoral Provincial y en el Juzgado Federal Nº1. Un consejo: no se apuren, la cola tiende a achicarse según pasan los días.
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