En medio de la guerra entre las empresas y el "Estado okupa"

En medio de la guerra entre las empresas y el "Estado okupa"

El Gobierno fija la agenda, aunque levantó polémica con la decisión de incorporar directores a las compañías privadas.

BUENOS AIRES.- El Gobierno gobierna, no se inmuta, avanza, firma Decretos de Necesidad y Urgencia para meter la cuchara en las empresas y hacer caja o reglamenta la reforma política de acuerdo a su conveniencia, aún cambiando el articulado de la Ley. Todo gira a su alrededor, impone el discurso y fija la agenda mientras que la oposición, con sus engranajes trabados, sólo da penosas vueltas sobre sí misma, ignorando caminos de concertación.
Los líos del radicalismo, para adentro primero y luego con algunos de sus socios del Acuerdo Cívico que le cuentan las costillas de sus propias debilidades, la papelonera explosión en el Peronismo Federal o hasta las rencillas de Proyecto Sur son ejemplos elocuentes de la desorientación opositora y hasta se ha notado entre ellos quienes parecen haber tirado la toalla con un "y bueno, que gane Cristina y que le explote a ella". En medio del tobogán, el rumor que se esparció sobre Carlos Reutemann, presuntamente interesado esta vez en anotarse en la carrera tras una cena con Mauricio Macri, se parece por ahora más a una expresión de deseos que a una posibilidad que tenga chances ciertas de concretarse.
Más allá de ese encuentro, sólo el jefe de Gobierno porteño logró convertirse, aunque por poquísimo tiempo, en el referente más arriesgado de la vereda de enfrente, con el simple expediente de haber tirado públicamente sobre la mesa media docena de títulos (Educación, Trabajo, Seguridad, Pobreza, Infraestructura y Pacto Fiscal). Pero, así como se mostró, en 24 horas le llegó el deshielo. Más allá de que casi nadie quiso interpretar que se trataba de sumar ideas para contemporizar y para oponerle al Gobierno, en general hubo desde descalificaciones cuasifascistas hacia su persona, hasta ninguneo a la propuesta.
Otro personaje de la semana fue Juan Manuel Urtubey, reelecto en Salta con 60 % de los sufragios, quien armó un lío descomunal hacia la interna oficial, cuando llamó "piantavotos" a Hugo Moyano, mentor de otro candidato salteño junto al ministro Julio De Vido. En la interpretación de un allegado al líder provincial, el avance de Urtubey hacia el ala sindical fue una advertencia para la Presidenta en cuanto a la atadura obligada que tiene con Moyano, pero de algún modo representa una señal hacia el llamado peronismo sub 45, donde generacionalmente se ubican Daniel Scioli, Sergio Massa y Jorge Capitanich, una fracción que está desprendida del ahora escaso soporte pejotista de Olivos y que busca acomodarse entre el sindicalismo más rancio y las juventudes kirchneristas que tironean más que nadie a Cristina para que se presente a la reelección, como lo hace el ala izquierda del Gobierno.
Justamente a este espacio pertenece Iván Heyn, un destacado profesional K, otro de los protagonistas de la semana. Economista, de 32 años, ex dirigente universitario que presidió la FUBA, jefe de la Corporación Puerto Madero y director por el Estado en Aluar, es un militante activo de La Cámpora, un cuadro de palabra sencilla, buen comunicador y alguien convencido de las bondades del modelo económico. Según una fuente oficial, Heyn fue, junto al jefe de la Anses, Diego Bossio, uno de los autores intelectuales del decreto que elevó el margen de injerencia estatal en las empresas, a partir del derecho que le otorga la tenencia de acciones de las AFJP.
El viernes pasado fue un día de fallidos radiales extraordinarios. En uno de ellos, el ministro Florencio Randazzo admitió que los medios estatales "están al servicio del Gobierno" y un rato más tarde Heyn aseguró una cosa que llamó la atención: "El caso de Siderar dispara la necesidad de hacerlo por decreto. Hay alguna decisión que no tiene que ver específicamente con los intereses objetivos de la empresa y tiene que ver más una cuestión política y por eso había que darle un margen institucional a esto y por eso se sacó un Decreto".
A la media hora, el ministro Amado Boudou decía lo suyo desde Washington, refiriéndose también a la firma de Techint, una de las que se resiste a incorporar directores del Estado: "No se trata de controlar ni de cambiar las cosas, sino de tener los mismos derechos que tiene cualquier accionista. Lo que necesita la Anses es que a la empresa le vaya muy bien, que gane plata, que valgan más sus acciones, porque así vale más el Fondo de Sustentabilidad".
En medio de la polémica, ¿a quién creerle? ¿Todo se precipitó de modo tan desprolijo porque se venía encima la Asamblea de Siderar y había que castigar políticamente al empresario Paolo Rocca, para meterse en un holding de proyección mundial como es el Grupo Techint con "necesidad y urgencia" o ha sido la lógica de la Ley de Sociedades que defiende el ministro, para evitar que con las ganancias las empresas constituyan reservas para futuras inversiones que nunca se concretan y no le distribuyan dividendos a la Anses?
Desde lo técnico, éste último ha sido el fundamento que los autores de la iniciativa le explicaron a la Presidenta para avanzar en la decisión que tanto revuelo causó, algo que para los hombres de negocios va más allá del poder de auditoría que hoy tiene el Estado sobre las empresas y en la aprobación de los balances. Ellos temen que los nuevos directores se interesen en el día a día o en tener mayor cercanía en las decisiones del management. En tiempos en que se cuestiona la capacidad estatal para atender situaciones más que delicadas, como la educación, la salud o la seguridad, estiman que apuntar a la administración de los negocios privados no parece ser una buena asignación de recursos. Un hombre del negocio bancario definió el avance del Gobierno como la "pasión por el Estado okupa".
Quizás para calmar los ánimos, también el viernes, en la asamblea de Siderar y de modo imprevisto, los accionistas mayoritarios decidieron aprobar una distribución de dividendos tres veces y media más allá de lo anunciado y muy por encima de la media del sector, con lo que se comprometieron hacia el futuro algunos planes de inversión, aunque quedaron como reserva para ese menester unos $ 6.500 millones que no fueron tocados, pese al zapateo de los delegados de la Anses. Luego, la reunión societaria pasó a un cuarto intermedio para no efectuar la incorporación de director alguno.
La acción de Siderar bajó primero en la Bolsa y luego saltó hasta casi 9 % al ritmo de las noticias que llegaban por Twitter al recinto, pero para perjuicio de los inversores esa asamblea fue anulada por la dócil Comisión Nacional de Valores como una forma de mostrar que si no se hace lo que el Estado quiere, se utilizarán los resortes para que se cumpla la voluntad del accionista minoritario.
De esta forma, las flagrantes contradicciones del elenco oficial que se notaron en el discurso se saldaron a favor de verificar que la movida se inscribe netamente en el terreno político, lo que le ha dado pasto a la visión empresaria, que supone que la ofensiva estatal no finalizará aquí. En esa línea, pero anteponiendo sus posturas a favor del tutelaje estatal, buena parte del Congreso mantuvo la tesitura de criticar de modo primordial las formas. Los legisladores expusieron argumentos de inseguridad jurídica, debido a que un DNU modifica una Ley votada en ambas cámaras, aunque fueron contemplativos a la hora de comprar el argumento de la defensa del fondo de sustentabilidad previsional, una masa que tiene más de 50 % de su dinero prestado al Tesoro, algo que Heyn defiende como un modo de restituirle al fisco los fondos que por ley recibe la Anses. Por su parte, los hombres de empresa agitaron la incertidumbre que genera el cambio de reglas de juego permanentes ya que la ofensiva afecta decisivamente el valor de las compañías y aleja a potenciales inversores, debido a que una medida asi "reduce de inmediato la exposición en la Argentina".
Desde un punto de vista ideológico y hasta electoral, en la lógica que ha mantenido siempre el Gobierno de imponer la dualidad amigo-enemigo, el mundo de las empresas resulta ser campo fértil, ya que las compañías no parecen ser demasiado apreciadas por el conjunto social. En un concepto ya bastante arraigado, en general se las percibe como máquinas de hacer dinero sin límites, a costa de la explotación de los trabajadores y ni siquiera se les reconoce el rol de crear empleo, a partir del riesgo de la inversión.
Tampoco los hombres de negocios más notorios o quienes han conducido las cámaras sectoriales desde décadas, han hecho mucho para convencer a la opinión pública de las bondades del espíritu empresario, porque culturalmente han preferido succionar siempre de la teta del Estado, bajo gobiernos de todo tipo, apostando al aplauso fácil hacia los conductores de turno con el argumento de que hay que subsistir y proteger las

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