02 Febrero 2011
"ALGO NATURAL". Mujica dijo que no hay que preocuparse porque algunos se quejen del accionar judicial. TELAM
MONTEVIDEO.- Los partidos políticos de Uruguay y la central única de trabajadores PIT-CNT rechazaron ayer enfáticamente las amenazas de militares retirados de resistir citaciones judiciales para responder por violaciones de los derechos humanos durante el último gobierno militar (1973-1985).
El secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, Washington Beltrán, declaró que se van a movilizar y "se hará un seguimiento" de la carta pública de los militares en la que, además, advierten que podrían tomar otras medidas extremas, que no detallaron.
Beltrán agregó que "el Poder Ejecutivo, que debería actuar en forma directa, no lo está haciendo con la dimensión que tiene una movida de estas características. Nosotros vamos a ir a reclamar las responsabilidades políticas que hay acá, alrededor de un tema muy grave".
El diputado oficialista Luis Puig, que proviene del movimiento sindical, dijo que la carta es "una amenaza de una patota (banda) de asesinos, torturadores y violadores contra la Justicia y toda la sociedad, la cual debe ser condenada con absoluta firmeza y decisión por todo el sistema político". "Este grupo que apareció hay que catalogarlo como una patota militar y criminal, por lo que no pueden existir posturas ambiguas: el conjunto de partidos políticos debe condenar con absoluta claridad esta situación", señaló Puig.
El presidente del país, José Mujica, durante la visita que realizó la semana pasada a Venezuela, consideró "natural" que existan militares retirados que se quejen de la acción de la justicia civil. "Uruguay tiene un marco constitucional (y) la Justicia actúa y nos rige a todos", dijo Mujica y le restó trascendencia al hecho. Sin embargo, el lunes, se sumaron a este clima declaraciones del coronel retirado Gilberto Vázquez, preso en una cárcel de Montevideo, en las que reivindicó y justificó las torturas.
Estos hechos pusieron en estado de alerta a algunos sectores de la sociedad uruguaya que convocaron a un "cacerolazo", el golpeteo de cacerolas vacías que fue un símbolo de la resistencia civil en los últimos años de la dictadura. Juan Raúl Ferreira, hijo del ex líder "blanco" Wilson Ferreira Aldunate, comentó: "Ladran Sancho" y aseguró que "en el Uruguay de hoy no hay lugar para esos sectores nostálgicos de tiempos oscuros" que vivió el país.
Para el senador del opositor Partido Colorado José Amorín Batlle, "si la carta queda solamente en eso, es decir, una carta que militares le mandan al comandante en jefe, están en su derecho de hacerlo; estamos en un país libre y la gente puede escribir y opinar lo que quiera". "Lo que preocupa es cuando se dice que esperan no llegar a extremos que no desearían llegar jamás, porque yo no sé qué quieren decir, pero eso sí es peligroso", advirtió.
Ayer, la Justicia civil de Uruguay comenzó nuevamente a citar a militares y policías por diversos casos reabiertos. Un equipo de expertos forenses inició, a la vez, una serie de excavaciones en predios militares en el marco de la búsqueda de restos de desaparecidos en base a algunos testimonios aportados por testigos. Se espera que en un plazo de unos seis meses haya novedades al respecto. (DPA)
El secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, Washington Beltrán, declaró que se van a movilizar y "se hará un seguimiento" de la carta pública de los militares en la que, además, advierten que podrían tomar otras medidas extremas, que no detallaron.
Beltrán agregó que "el Poder Ejecutivo, que debería actuar en forma directa, no lo está haciendo con la dimensión que tiene una movida de estas características. Nosotros vamos a ir a reclamar las responsabilidades políticas que hay acá, alrededor de un tema muy grave".
El diputado oficialista Luis Puig, que proviene del movimiento sindical, dijo que la carta es "una amenaza de una patota (banda) de asesinos, torturadores y violadores contra la Justicia y toda la sociedad, la cual debe ser condenada con absoluta firmeza y decisión por todo el sistema político". "Este grupo que apareció hay que catalogarlo como una patota militar y criminal, por lo que no pueden existir posturas ambiguas: el conjunto de partidos políticos debe condenar con absoluta claridad esta situación", señaló Puig.
El presidente del país, José Mujica, durante la visita que realizó la semana pasada a Venezuela, consideró "natural" que existan militares retirados que se quejen de la acción de la justicia civil. "Uruguay tiene un marco constitucional (y) la Justicia actúa y nos rige a todos", dijo Mujica y le restó trascendencia al hecho. Sin embargo, el lunes, se sumaron a este clima declaraciones del coronel retirado Gilberto Vázquez, preso en una cárcel de Montevideo, en las que reivindicó y justificó las torturas.
Estos hechos pusieron en estado de alerta a algunos sectores de la sociedad uruguaya que convocaron a un "cacerolazo", el golpeteo de cacerolas vacías que fue un símbolo de la resistencia civil en los últimos años de la dictadura. Juan Raúl Ferreira, hijo del ex líder "blanco" Wilson Ferreira Aldunate, comentó: "Ladran Sancho" y aseguró que "en el Uruguay de hoy no hay lugar para esos sectores nostálgicos de tiempos oscuros" que vivió el país.
Para el senador del opositor Partido Colorado José Amorín Batlle, "si la carta queda solamente en eso, es decir, una carta que militares le mandan al comandante en jefe, están en su derecho de hacerlo; estamos en un país libre y la gente puede escribir y opinar lo que quiera". "Lo que preocupa es cuando se dice que esperan no llegar a extremos que no desearían llegar jamás, porque yo no sé qué quieren decir, pero eso sí es peligroso", advirtió.
Ayer, la Justicia civil de Uruguay comenzó nuevamente a citar a militares y policías por diversos casos reabiertos. Un equipo de expertos forenses inició, a la vez, una serie de excavaciones en predios militares en el marco de la búsqueda de restos de desaparecidos en base a algunos testimonios aportados por testigos. Se espera que en un plazo de unos seis meses haya novedades al respecto. (DPA)
Lo más popular
