Por Álvaro José Aurane
29 Enero 2011
"Los partidos políticos, cuya existencia y pluralidad sustenta el artículo 1 de la Constitución, condicionan la vida política nacional e, incluso, la acción de los poderes gubernamentales. Han llegado a convertirse en órganos de la democracia representativa. De lo que los partidos sean depende en gran medida lo que ha de ser, en los hechos, la democracia del país en que actúan". Corte Suprema de la Nación, fallo del 27 de junio de 1962 en la causa "Partido Obrero (Capital Federal) s/ personería".
Los síntomas eran visibles. Es más: mientras se sucedían, se agravaban. Acaso, el primero de todos haya sido negar lo evidente. Porque la pauta establecida en la Constitución provincial reformada por el alperovichismo se venció hace más de cuatro años. El artículo 158 fijó que la Legislatura tenía que dictar una "Ley de Régimen Electoral y los Partidos Políticos" a los 120 días de la sanción de la Carta Magna. Como la promulgaron el día 6 del mes 6 del año 6, el plazo expiró el 4 de octubre de 2006.
Pero, también es cierto, el mal anterior había sido inéditamente traumático. La Ley de Lemas fue oprobiosa, así que el Acople, por más inconvenientes que encarnara, no podía ser peor. Casi un calco a la hora de poner a contraluz el actual Gobierno con ese dislate que fue el mirandismo. Además, la Constitución nacional dice, en su artículo 38, que "los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático". Y los constituyentes tucumanos, reunidos en el quincho de la casa del gobernador, copiaron eso mismo en el artículo 43 de la Carta Magna provincial. De modo que no había que temer por la integridad de las fuerzas políticas... Esos indicadores porfiarían el diagnóstico: cuando comenzaron a multiplicarse paulatinamente, se creyó que eran lo que nunca serán.
Hasta que llegó 2011. Este electoralísimo 2011.
La nada
El presidente de la Corte, como titular de la Junta Electoral Provincial, dijo que estaba sorprendido por la cantidad de inscripciones de partidos políticos que se tramitaban. Después, el subrogante de la Legislatura reconoció que no tenían cifras, pero advirtió que iban a ser más que los que se presentaron durante el debut de 2007. Y, por si no era suficientemente claro, LA GACETA reveló el dato final: hay agrupaciones (de a cuatro, de a 10 y hasta de a 15) que tienen un único y mismo apoderado.
El cuadro, entonces, era otro: no hay empobrecimiento de la representación ni degradación de la política ni desnaturalización de la cosa pública ni pérdida de calidad institucional porque los partidos estén en crisis. Lo que ocurre en realidad es que, prácticamente, ya no hay partidos políticos en Tucumán. Y, contrariamente a lo que se supone, no habrá más gracias al acople. Porque la casi totalidad de esas estructuras que se anotan de a centenas en el órgano de control electoral serán muchas cosas, pero partidos seguro que no.
El qué
"Un partido político es una asociación estable de personas organizadas en torno de una ideología política común y de un proyecto político que se propone llegar al poder del Estado; o bien influir sobre él, participando de alguna manera en su funcionamiento; o, por lo menos, controlar el ejercicio del poder público cuando es ejercido por hombres de otros partidos", define descriptivamente Helio Juan Zarini en Constitución Argentina comentada y concordada.
Es decir, los partidos no nacen por decreto ni por imperio de las leyes, sino por una historia que precede a sus miembros y por una indispensable necesidad de durar mucho más allá de la próxima elección. En este contexto, la pluralidad de partidos es un signo de salud democrática, pero el subtrópico parece condenado a ser una tierra de excesos.
Aquí parece llover como en ningún otro lugar, porque pese a los centenares de millones que el Gobierno declara invertir en obras públicas, los pobres que residen en Tucumán se siguen anegando en cada tormenta. De no tener un avión sanitario hace unos años, ahora el Estado tendrá dos. Y son tan lindos que parecen jets ejecutivos y no aeronaves equipadas para trasladar enfermos y atenderlos en viaje. Del bipartidismo tradicional, que a menudo equivalía a dos opciones que en realidad ofrecían lo mismo, se pasó a la comparsa del sublema y, ahora, a la farsa del acople.
Tener por partidos políticos estructuras que no lo son equivale a tener representantes populares sin contrato con los electores. Y, por ende, electores sin capacidad de controlar institucional y democráticamente a sus representantes. En otros términos, podrían llenarse varios paseos como la plaza Independencia con ciudadanos que maldicen contra los dirigentes que, luego de haber sido votados, desconocen hasta las promesas que formularon. No reniegan del sistema sino de las fuerzas políticas: por medio de ellas, los mayores de edad que se afiliaron pueden ejercer, por ejemplo, el mandato hacia los concejales o los legisladores.
Pero en el Jardín de la Repavimentación ya ni siquiera puede hablarse de vaciamiento ideológico, de carcasas sin contenido ni doctrina que cumplen con los requisitos de la ley para servir de trampolines electorales. A partir del fenómeno de los "apoderados múltiples" han entrado en riña ya no sólo con la historia política sino con la mismísima legalidad. Lo único que hace que los hijos del acople se parezcan a un partido es la presentación de candidaturas, justo aquí, en el país donde los grandes movimientos mostraron, en sus primeros años, que en muchas circunstancias presentar postulantes es una cuestión casi secundaria. Donde Hipólito Yrigoyen sostuvo el abstencionismo radical hasta lograr una ley de sufragio secreto y obligatorio. Donde Juan Domingo Perón, desde el exilio, hacía que el voto en blanco del peronismo derrocado, proscripto y perseguido ganara elecciones.
El para qué
Ahora bien, las consecuencias del acople, un régimen electoral sin ley que se sustenta en los postulados generales aún sin reglamentar de la Constitución de 2006, son responsabilidad del oficialismo. Pero que las fuerzas políticas se encuentren desvencijadas es culpa de la dirigencia política en general. En esta sociedad alienada de utilitarismos, sí hay respuesta al interrogante de para qué sirven los partidos políticos.
Son funciones de estas agrupaciones durante la democracia, según detalla Zarini, "1.-Encauzar la voluntad popular; 2.- Evitar la indiferencia cívica; 3.- Difundir la cultura pública y política; 4.- Servir de comunicación entre el pueblo y el gobierno; 5.- Conducir y controlar el gobierno; 6.- Formar y designar los candidatos para las funciones gubernamentales y de oposición". De eso, en esta provincia, no se consigue.
El PJ local, como fuerza gobernante, se ha esterilizado de corrientes internas haciendo uso y abuso de la ley. El acople, justamente, le sirve para no tener internas o, en todo caso, para que los tucumanos todos la resuelvan: los dirigentes de peso no dirimen espacios de poder dentro del justicialismo sino que cada uno, por fuera, acopla una lista. De hecho, la recontra-reelección (además de ser una disposición profundamente antidemocrática y contra-republicana, destinada sólo a satisfacer el hambre desmedido de acumulación de poder) es el síntoma cabal de una fuerza obligada, a falta de nuevos cuadros, a repetir los mismos nombres por tres períodos consecutivos.
Los síntomas eran visibles. Es más: mientras se sucedían, se agravaban. Acaso, el primero de todos haya sido negar lo evidente. Porque la pauta establecida en la Constitución provincial reformada por el alperovichismo se venció hace más de cuatro años. El artículo 158 fijó que la Legislatura tenía que dictar una "Ley de Régimen Electoral y los Partidos Políticos" a los 120 días de la sanción de la Carta Magna. Como la promulgaron el día 6 del mes 6 del año 6, el plazo expiró el 4 de octubre de 2006.
Pero, también es cierto, el mal anterior había sido inéditamente traumático. La Ley de Lemas fue oprobiosa, así que el Acople, por más inconvenientes que encarnara, no podía ser peor. Casi un calco a la hora de poner a contraluz el actual Gobierno con ese dislate que fue el mirandismo. Además, la Constitución nacional dice, en su artículo 38, que "los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático". Y los constituyentes tucumanos, reunidos en el quincho de la casa del gobernador, copiaron eso mismo en el artículo 43 de la Carta Magna provincial. De modo que no había que temer por la integridad de las fuerzas políticas... Esos indicadores porfiarían el diagnóstico: cuando comenzaron a multiplicarse paulatinamente, se creyó que eran lo que nunca serán.
Hasta que llegó 2011. Este electoralísimo 2011.
La nada
El presidente de la Corte, como titular de la Junta Electoral Provincial, dijo que estaba sorprendido por la cantidad de inscripciones de partidos políticos que se tramitaban. Después, el subrogante de la Legislatura reconoció que no tenían cifras, pero advirtió que iban a ser más que los que se presentaron durante el debut de 2007. Y, por si no era suficientemente claro, LA GACETA reveló el dato final: hay agrupaciones (de a cuatro, de a 10 y hasta de a 15) que tienen un único y mismo apoderado.
El cuadro, entonces, era otro: no hay empobrecimiento de la representación ni degradación de la política ni desnaturalización de la cosa pública ni pérdida de calidad institucional porque los partidos estén en crisis. Lo que ocurre en realidad es que, prácticamente, ya no hay partidos políticos en Tucumán. Y, contrariamente a lo que se supone, no habrá más gracias al acople. Porque la casi totalidad de esas estructuras que se anotan de a centenas en el órgano de control electoral serán muchas cosas, pero partidos seguro que no.
El qué
"Un partido político es una asociación estable de personas organizadas en torno de una ideología política común y de un proyecto político que se propone llegar al poder del Estado; o bien influir sobre él, participando de alguna manera en su funcionamiento; o, por lo menos, controlar el ejercicio del poder público cuando es ejercido por hombres de otros partidos", define descriptivamente Helio Juan Zarini en Constitución Argentina comentada y concordada.
Es decir, los partidos no nacen por decreto ni por imperio de las leyes, sino por una historia que precede a sus miembros y por una indispensable necesidad de durar mucho más allá de la próxima elección. En este contexto, la pluralidad de partidos es un signo de salud democrática, pero el subtrópico parece condenado a ser una tierra de excesos.
Aquí parece llover como en ningún otro lugar, porque pese a los centenares de millones que el Gobierno declara invertir en obras públicas, los pobres que residen en Tucumán se siguen anegando en cada tormenta. De no tener un avión sanitario hace unos años, ahora el Estado tendrá dos. Y son tan lindos que parecen jets ejecutivos y no aeronaves equipadas para trasladar enfermos y atenderlos en viaje. Del bipartidismo tradicional, que a menudo equivalía a dos opciones que en realidad ofrecían lo mismo, se pasó a la comparsa del sublema y, ahora, a la farsa del acople.
Tener por partidos políticos estructuras que no lo son equivale a tener representantes populares sin contrato con los electores. Y, por ende, electores sin capacidad de controlar institucional y democráticamente a sus representantes. En otros términos, podrían llenarse varios paseos como la plaza Independencia con ciudadanos que maldicen contra los dirigentes que, luego de haber sido votados, desconocen hasta las promesas que formularon. No reniegan del sistema sino de las fuerzas políticas: por medio de ellas, los mayores de edad que se afiliaron pueden ejercer, por ejemplo, el mandato hacia los concejales o los legisladores.
Pero en el Jardín de la Repavimentación ya ni siquiera puede hablarse de vaciamiento ideológico, de carcasas sin contenido ni doctrina que cumplen con los requisitos de la ley para servir de trampolines electorales. A partir del fenómeno de los "apoderados múltiples" han entrado en riña ya no sólo con la historia política sino con la mismísima legalidad. Lo único que hace que los hijos del acople se parezcan a un partido es la presentación de candidaturas, justo aquí, en el país donde los grandes movimientos mostraron, en sus primeros años, que en muchas circunstancias presentar postulantes es una cuestión casi secundaria. Donde Hipólito Yrigoyen sostuvo el abstencionismo radical hasta lograr una ley de sufragio secreto y obligatorio. Donde Juan Domingo Perón, desde el exilio, hacía que el voto en blanco del peronismo derrocado, proscripto y perseguido ganara elecciones.
El para qué
Ahora bien, las consecuencias del acople, un régimen electoral sin ley que se sustenta en los postulados generales aún sin reglamentar de la Constitución de 2006, son responsabilidad del oficialismo. Pero que las fuerzas políticas se encuentren desvencijadas es culpa de la dirigencia política en general. En esta sociedad alienada de utilitarismos, sí hay respuesta al interrogante de para qué sirven los partidos políticos.
Son funciones de estas agrupaciones durante la democracia, según detalla Zarini, "1.-Encauzar la voluntad popular; 2.- Evitar la indiferencia cívica; 3.- Difundir la cultura pública y política; 4.- Servir de comunicación entre el pueblo y el gobierno; 5.- Conducir y controlar el gobierno; 6.- Formar y designar los candidatos para las funciones gubernamentales y de oposición". De eso, en esta provincia, no se consigue.
El PJ local, como fuerza gobernante, se ha esterilizado de corrientes internas haciendo uso y abuso de la ley. El acople, justamente, le sirve para no tener internas o, en todo caso, para que los tucumanos todos la resuelvan: los dirigentes de peso no dirimen espacios de poder dentro del justicialismo sino que cada uno, por fuera, acopla una lista. De hecho, la recontra-reelección (además de ser una disposición profundamente antidemocrática y contra-republicana, destinada sólo a satisfacer el hambre desmedido de acumulación de poder) es el síntoma cabal de una fuerza obligada, a falta de nuevos cuadros, a repetir los mismos nombres por tres períodos consecutivos.
Por cierto, el PJ no es el que peor está. Ninguna fuerza opositora tiene, hoy, los candidatos suficientes para cubrir 19 cargos de intendentes, 49 de legisladores, 93 de delegados comunales y 184 de concejales. Mucho menos tienen el doble de esos postulantes, para hablar de que enfrentarán internas para definir las listas. Por el contrario, en muchos casos se han convertido en una suerte de agrupaciones "milagreras": cuando no están "creando" candidatos ignotos, están resucitando exquisitos cadáveres políticos, de los que no se conoce, en estos últimos ocho años, ni una sola posición respecto de lo bueno o de lo malo que ha hecho el Gobierno.
La Ley Fundamental de los argentinos, en el mencionado artículo 38 que da rango constitucional a los partidos, "garantiza (?) la representación de las minorías". Estas deberían prestarle alguna ayuda a la Carta Magna en esa tarea.
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