Por Nora Jabif
28 Enero 2011
"Tres chicos de entre 12 y 14 años escaparon de un hogar de niños, robaron en una juguetería de la ciudad de Mendoza y finalmente fueron interceptados cuando escapaban con un importante botín", se puede leer en un cable de agencia que llegó ayer a las redacciones. Según la misma información, los chicos se llevaron de la juguetería "Marilú" de la capital cuyana "cajas y bolsas con réplicas de armas de fuego, muñecas, juegos de mesa y $ 150". El "botín" denunciado es todo un símbolo de los tiempos que corren: ni la sociedad ni la política parecen encontrarle la vuelta a la problemática de los chicos y adolescentes en situación de riesgo, para quienes la infancia ya es un derecho enterrado. La complejidad del tema se observa en el debate por la baja en la edad de imputabilidad de los menores que han delinquido: el "pibe chorro" que tiene nombre y apellido es apenas un eslabón en un proceso social, económico y cultural novedoso y complejo, en el que casi siempre hay un adulto explotador . Al menos, eso es lo que se observa en una primera etapa, hasta que el pibe siente que se ha "ganado el derecho" de dirigir su propio negocio en la economía de la droga.
Esta semana, el propio gobernador, José Alperovich, salió a fijar posición al respecto: dijo que lo que hay que hacer no es bajar la edad de imputabilidad, sino "luchar contra las adicciones y contra el alcohol". Y el flamante vocal de la Corte, Daniel Posse, un probado alperovichista "paladar negro", salió a opinar en igual dirección.
Que se recuerde, Alperovich nunca había sido tan contundente en su reconocimiento de la epidemia de adicciones en chicos tucumanos. Es probable que haya atendido lo que una semana antes le había dicho a LA GACETA el juez de Menores Raúl Ruiz, consultado sobre la baja en la edad de imputabilidad.
"La realidad demuestra que hay una gran negación de la problemática", dijo entonces el magistrado, y le pasó a Alperovich la factura por una de sus grandes deudas en materia de política contra las adicciones: la falta de centros de internación para la legión de menores con adicciones que llegan a los juzgados ( según Ruiz, llegan entre ocho y diez adolescentes con esos cuadros por día ).
Así como la Provincia está en falta con la atención a adictos, quienes desde ese mismo Estado impulsan programas de prevención y contención de las adicciones se encuentran con que si no se trabaja en red (entre los distintos ministerios y con la sociedad civil), la frazada siempre queda corta en algún costado. Entre los programas de prevención, el Ministerio de Desarrollo Social impulsa desde hace dos años el "Vida", que alcanza en toda la provincia a unos 400 chicos de entre 12 y 18 años, distribuidos en 20 centros, entre ellos el de La Costanera, una de las "zonas rojas" de la provincia. Entre los obstáculos que enfrentan quienes trabajan en esas zonas vulnerables, uno de los problemas centrales es el territorio, la falta de regularización dominial. En La Costanera, por ejemplo, casi no hay espacios libres como para construir un espacio colectivo, en el cual construir el sentido ciudadano de lo público. Como aquellos espacios que, por ejemplo, construyeron en su momento los colombianos en Medellín, para pelearle a la droga.
En ese sentido, el gobierno nacional y el provincial están en deuda en lo que a políticas habitacionales se refiere; y los programas sociales como el Promeba no dan abasto para contener la creciente masa de gente que en las últimas décadas se ha instalado en esos asentamientos a los que todos sienten como en tierra de nadie, dueños de nada.
Esta semana, el propio gobernador, José Alperovich, salió a fijar posición al respecto: dijo que lo que hay que hacer no es bajar la edad de imputabilidad, sino "luchar contra las adicciones y contra el alcohol". Y el flamante vocal de la Corte, Daniel Posse, un probado alperovichista "paladar negro", salió a opinar en igual dirección.
Que se recuerde, Alperovich nunca había sido tan contundente en su reconocimiento de la epidemia de adicciones en chicos tucumanos. Es probable que haya atendido lo que una semana antes le había dicho a LA GACETA el juez de Menores Raúl Ruiz, consultado sobre la baja en la edad de imputabilidad.
"La realidad demuestra que hay una gran negación de la problemática", dijo entonces el magistrado, y le pasó a Alperovich la factura por una de sus grandes deudas en materia de política contra las adicciones: la falta de centros de internación para la legión de menores con adicciones que llegan a los juzgados ( según Ruiz, llegan entre ocho y diez adolescentes con esos cuadros por día ).
Así como la Provincia está en falta con la atención a adictos, quienes desde ese mismo Estado impulsan programas de prevención y contención de las adicciones se encuentran con que si no se trabaja en red (entre los distintos ministerios y con la sociedad civil), la frazada siempre queda corta en algún costado. Entre los programas de prevención, el Ministerio de Desarrollo Social impulsa desde hace dos años el "Vida", que alcanza en toda la provincia a unos 400 chicos de entre 12 y 18 años, distribuidos en 20 centros, entre ellos el de La Costanera, una de las "zonas rojas" de la provincia. Entre los obstáculos que enfrentan quienes trabajan en esas zonas vulnerables, uno de los problemas centrales es el territorio, la falta de regularización dominial. En La Costanera, por ejemplo, casi no hay espacios libres como para construir un espacio colectivo, en el cual construir el sentido ciudadano de lo público. Como aquellos espacios que, por ejemplo, construyeron en su momento los colombianos en Medellín, para pelearle a la droga.
En ese sentido, el gobierno nacional y el provincial están en deuda en lo que a políticas habitacionales se refiere; y los programas sociales como el Promeba no dan abasto para contener la creciente masa de gente que en las últimas décadas se ha instalado en esos asentamientos a los que todos sienten como en tierra de nadie, dueños de nada.
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