Por Álvaro José Aurane
27 Noviembre 2010
"Los pequeños detalles son los que terminan arruinándolo todo". La jungla de asfalto, dirigida en el cine por John Huston, citada por Juan José Sebreli en Cuadernos.
Después de siete años, los tucumanos finalmente pueden conocer el rostro verdadero de la democracia pavimentadora. Y cuando se la ve sin maquillaje se advierte que no es, ni remotamente, todo lo agraciada que su gestor, el alperovichismo, pretendía que era.
Desde que llegó a la gobernación, el oficialismo ha venido ocultando el retrato del Estado que ha ido gestando: jamás había entregado una copia completa del contenido del Presupuesto General de la Provincia? hasta ahora. El lunes, esa condición de manifiesta irregularidad institucional, sobre la cual LA GACETA vino machacando hasta el hartazgo desde hace un mes, tuvo su excepción. Por fin, los legisladores y la prensa pueden disponer de un detalle de cada una de las partidas que conforman la pauta de ingresos y de erogaciones para un año de gestión. Es decir, la programación de recursos y de gastos para ejecutar el plan de gobierno, en este caso, durante 2011. Y aunque todavía no ha pasado una semana desde que ese cálculo vio la luz, ya se entiende de manera acabada por qué decidieron ocultar los seis Presupuestos anteriores.
Por supuesto, el Gobierno y sus voceros van a querer hablar sobre los trazos de brocha gorda. Por ejemplo, sobre los $ 2.400 millones destinados a las áreas de Educación (fundamentalmente) y de Cultura. O van a querer impulsar discusiones acerca de si asignarle $ 244 millones a la Justicia y $ 236 millones a la Legislatura es correcto o no. Claro está, no hablarán de las asistencias extrapresupuestarias para uno y otro poder. Por ejemplo, el alquiler de un inmueble para trasladar el centro de atención a víctimas de la violencia doméstica y liberar sus despachos actuales en el palacio de Tribunales para instalar juzgados de Familia creados recientemente por ley. O de los punteros de los parlamentarios oficialistas que, de a miles, "contiene" la Casa de Gobierno mediante contratos y subsidios. Pero aún esos asuntos sucumben ante el poder de los detalles.
La estructura
Los detalles están dispersos. Incluso, muchos se encuentran muy alejados entre sí. Hay que buscarlos y reunirlos. Y entonces surge que el modelo de Estado que ha consagrado la democracia pavimentadora es uno en el cual la obra pública, ineludiblemente, está destinada a ser un negocio para el sector privado.
El oficialismo aprobará el martes que la plantilla de personal público ascienda a 59.561 empleados, sin contar los contratados (unos 10.000 más) ni los empleados de las municipalidades y de las comunas (unos 24.000 más). Ahora bien, de esos casi 60.000 estatales, sólo 3.200 son trabajadores de "pico y pala". Es decir, sólo el 5% son obreros.
A partir de estos parámetros, no es necesario inferir que el Estado tiene que contratar a empresas privadas para encarar sus emprendimientos: en rigor, esta realidad está declarada por el alperovichismo. La Secretaría de Obras Públicas informó a la Legislatura que este año, en la Dirección Provincial del Agua, las obras tercerizadas ya concluidas insumieron $ 31,4 millones, mientras que se llevan adelante otras por $ 18,8 millones, también en manos privadas. En contraste, los trabajos por administración completados suman apenas $ 1,6 millón, más exiguos $ 750.000 en ejecución.
El asunto se torna revelador en el corazón de la democracia pavimentadora: la Dirección Provincial de Vialidad. Ahí naufraga en alquitrán el compromiso del gobernador de abril de 2009: mediante el Programa Provincial de Infraestructura Vial iban a asfaltar 60 cuadras por mes. En lo que va de 2010, Vialidad sólo pudo cumplir con la mitad: el pavimento llegó sólo 340 cuadras. Pero el incumplimiento no inquieta a nadie en el Estado, a pesar de que en nombre del anuncio alperovichista hubo millonarias compras de maquinaria pesada, sin licitación. Es que, ya se sabe, el Gobierno tucumano no es esclavo de sus palabras: es el déspota de sus promesas y hace con ellas lo que quiere.
Por cierto, en la DPV (según el informe de Obras Públicas) se están llevando adelante emprendimientos por $ 245 millones: sólo $ 4,5 millones corresponden a obras por administración. El resto ha sido encargado a firmas constructoras.
Aquí se evidencian los vicios de la cultura menemista y de la cultura kirchnerista en las que abreva el alperovichismo. El Estado local terceriza alegremente mientras su costo sigue siendo descomunal. El resultado: antes que grande y protector pero caro, o pequeño y eficiente pero ausente, el Estado tucumano es tan sólo un gran gastador.
La política
Esta realidad consagrada por el alperovichismo en la estructura del Estado tiene su correlato en la política del Gobierno. Y al igual que lo anterior, también se observa en los detalles del proyecto de Presupuesto. Específicamente, la obra pública, en 2011, lejos de ser una prioridad para las autoridades provinciales, será una variable de ajuste.
Durante este año, la inversión en obras pagadas por el Estado sumó $ 1.850 millones. Teniendo en cuenta que el Presupuesto 2010 alcanza los $ 8.200 millones, surge que lo destinado a los trabajos para la comunidad equivalió casi al 23%. Ahora, en cambio, cuando prevé un Presupuesto 2011 casi un 20% más amplio, el Gobierno destina menos dinero a esas inversiones. En efecto, se estima que los recursos para el año que viene totalizarán los $ 9.800 millones, de los cuales $ 1.790 millones ($ 60 millones menos que en 2010) corresponderán a obras públicas: equivale a poco más del 18% del Presupuesto 2011. O sea que su incidencia cayó un 5% respecto de los fondos totales.
Y eso respecto de la cifra inicial porque, como ya se ha dicho, el cálculo de recursos para el año que viene es mendaz: supone, por citar sólo dos parámetros, que la inflación anual en 2011 será del 8,9%; y que Rentas, en lugar de los $ 160 millones que recauda mensualmente, conseguirá sólo $ 125 millones. En otras palabras, caldo de cultivo para la ampliación presupuestaria. Como la de este año: a los $ 7.100 millones del Presupuesto 2010 les agregaron $ 1.134 millones en septiembre. Y todos para gastos corrientes: salarios, subsidios, contratos y, en general, cualquier cosa que no sean obras públicas. Por cierto, ni un solo peso de esa ampliación tenía asignación específica.
Precisamente, en esos mismos gastos corrientes están puestos los casi $ 2.000 millones de diferencia entre el Presupuesto de este año y el del año que viene. Lo que revela una cuestión evidente: la prioridad del oficialismo son las elecciones que vienen. Huelga decirlo, eso también está planteado en la proyección de gastos que tratará la Cámara.
Si el Presupuesto 2011 pudiera reducirse a un billete $ 100, de allí saldrían $ 13 para financiar el sistema de salud público de Tucumán. Y se destinarían otros $ 13 a las Municipalidades, que están fuera del Control del Tribunal de Cuentas, y a las comunas, que presentan rendiciones pero a las que no se destinan contadores fiscales que auditen. En términos reales, habrá $ 1.180 millones para la salud de la población, y $ 1.150 millones para el agujero negro. Pero el que suponga que por esas administraciones incontroladas pasará la financiación "negra" del proselitismo, es un mal pensado.
Según el Tribunal de Cuentas, cuando terminó 2009, el último año electoral, no se pudo saber si todo el dinero enviado por la Nación era todo el que debía mandarse. Ni se logró establecer la naturaleza ni el destino de los recursos de jurisdicción federal por cuanto no fueron expuestos de manera individual sino global. Ni se consiguió determinar cuánto quedó de lo gastado, ya que los saldos de las cuentas públicas no reflejaban razonablemente la ejecución presupuestaria, según las normas vigentes.
Es que la democracia pavimentadora condena a vivir en la jungla de asfalto. En la cual, para peor de males, el año que viene no hay una elección sino dos.
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