Por Roberto Delgado
02 Noviembre 2010
Entre las frases "sistema inviolable" y "error humano", dichas a propósito de la informatización de la División Antecedentes Personales hay un abismo inquietante. Un abismo que se puede medir en 15.000 prontuarios bajo sospecha (de haber sido truchados) y en una poderosa incertidumbre acerca de la forma en que se determina la "personalidad moral" de la gente que cae bajo el control policial.
La denuncia del fiscal de Instrucción Edgardo Sánchez, de Concepción, destapó esta caja de Pandora. El ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, se reunió con el jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, y -se presume- se deben haber hecho consultas a la Secretaría de Planeamiento, que es la oficina gubernamental que monitoreó la puesta en funcionamiento (en 2008) del sistema informático en la División de Antecedentes Personales para salir del antediluviano esquema de los legajos en carpetas humedecidas tiradas en un galpón en la Jefatura de Policía.
Puede ser que se trate sólo de un error humano. Pero si se trata de prácticas discriminatorias puede dar lugar al replanteamiento por vía judicial de muchos procedimientos. Ya se han visto tristes ejemplos de actividades irregulares practicadas por quien detenta el poder en perjuicio no sólo de sospechosos, sino de personas ajenas a cualquier infracción o situación delictiva. Así lo demostró el juicio por el caso El Khalil, en el que hubo policías que "armaron" una causa y terminaron causando la muerte del comerciante aprehendido por no tener carnet de manejo.
Otros riesgos
Por otra parte, no se sabe si, con la misma facilidad con que se pueden inventar cargos o delitos contra una persona sospechosa o simplemente contra una persona aprehendida por "portación de cara" también se podría favorecer a delincuentes "limpiando" sus prontuarios a cambio de favores. El fiscal Sánchez advirtió de esa posibilidad al ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri. No se conoció un caso revelador en este sentido; pero en los últimos meses hubo varios escándalos que mostraron las facilidades para que agentes de Policía actúen sin control: los de la comisaría de El Manantial, que beneficiaban a los presos VIP por dinero -según se menciona en el mismo sumario interno de la Policía- y los agentes de Investigaciones de Banda del Río Salí que fueron acusados de hacer maniobras con autos mellizos.
Con esta revelación queda puesta en duda la forma en que se aplica la acción policial con la ley de Flagrancias, ya que el modelo de seguridad que aplica este Gobierno trata de apostar su estrategia a la cantidad de detenidos, en la creencia de que eso mejorará su imagen porque da la equívoca idea de que con ello se ha esclarecido el delito. Pero ¿cómo se puede aplicar la ley de Flagrancia si puede ser falseada la planilla de antecedentes? ¿Cómo saber si el detenido es reincidente? ¿No se corre riesgo de que se acuse a inocentes y de que se deje escapar a culpables? ¿La estrategia policial de arrestos se mantiene en los límites legales?
No se sabe. Ya lo repetimos en varias ocasiones: el vocal de la Corte Suprema nacional Raúl Zaffaroni viene advirtiendo que un gran déficit del sistema de seguridad argentino es que se hace todo "por olfato" y sin mediciones estadísticas confiables. "Hay un control de calidad para subsanar estos posibles errores", dijo el comisario inspector Marcos Santos, responsable de la división Antecedentes Personales. Pero esto no parece suficiente: el mismo control de calidad arrojó que hay 15.000 prontuarios truchos.
Por eso no se entiende que el gobernador, José Alperovich, haya dicho ayer que no conoce del tema, ante una pregunta de la prensa, y que los responsables del sistema no hayan abierto la boca. Sólo se dejó que hablen los policías que, según parece, no han sido capacitados para el cambio. Antes bien, se ha hablado de modernización informática pero se incrustó un sistema nuevo en el viejo esquema de trabajo policial.
La denuncia del fiscal de Instrucción Edgardo Sánchez, de Concepción, destapó esta caja de Pandora. El ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, se reunió con el jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, y -se presume- se deben haber hecho consultas a la Secretaría de Planeamiento, que es la oficina gubernamental que monitoreó la puesta en funcionamiento (en 2008) del sistema informático en la División de Antecedentes Personales para salir del antediluviano esquema de los legajos en carpetas humedecidas tiradas en un galpón en la Jefatura de Policía.
Puede ser que se trate sólo de un error humano. Pero si se trata de prácticas discriminatorias puede dar lugar al replanteamiento por vía judicial de muchos procedimientos. Ya se han visto tristes ejemplos de actividades irregulares practicadas por quien detenta el poder en perjuicio no sólo de sospechosos, sino de personas ajenas a cualquier infracción o situación delictiva. Así lo demostró el juicio por el caso El Khalil, en el que hubo policías que "armaron" una causa y terminaron causando la muerte del comerciante aprehendido por no tener carnet de manejo.
Otros riesgos
Por otra parte, no se sabe si, con la misma facilidad con que se pueden inventar cargos o delitos contra una persona sospechosa o simplemente contra una persona aprehendida por "portación de cara" también se podría favorecer a delincuentes "limpiando" sus prontuarios a cambio de favores. El fiscal Sánchez advirtió de esa posibilidad al ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri. No se conoció un caso revelador en este sentido; pero en los últimos meses hubo varios escándalos que mostraron las facilidades para que agentes de Policía actúen sin control: los de la comisaría de El Manantial, que beneficiaban a los presos VIP por dinero -según se menciona en el mismo sumario interno de la Policía- y los agentes de Investigaciones de Banda del Río Salí que fueron acusados de hacer maniobras con autos mellizos.
Con esta revelación queda puesta en duda la forma en que se aplica la acción policial con la ley de Flagrancias, ya que el modelo de seguridad que aplica este Gobierno trata de apostar su estrategia a la cantidad de detenidos, en la creencia de que eso mejorará su imagen porque da la equívoca idea de que con ello se ha esclarecido el delito. Pero ¿cómo se puede aplicar la ley de Flagrancia si puede ser falseada la planilla de antecedentes? ¿Cómo saber si el detenido es reincidente? ¿No se corre riesgo de que se acuse a inocentes y de que se deje escapar a culpables? ¿La estrategia policial de arrestos se mantiene en los límites legales?
No se sabe. Ya lo repetimos en varias ocasiones: el vocal de la Corte Suprema nacional Raúl Zaffaroni viene advirtiendo que un gran déficit del sistema de seguridad argentino es que se hace todo "por olfato" y sin mediciones estadísticas confiables. "Hay un control de calidad para subsanar estos posibles errores", dijo el comisario inspector Marcos Santos, responsable de la división Antecedentes Personales. Pero esto no parece suficiente: el mismo control de calidad arrojó que hay 15.000 prontuarios truchos.
Por eso no se entiende que el gobernador, José Alperovich, haya dicho ayer que no conoce del tema, ante una pregunta de la prensa, y que los responsables del sistema no hayan abierto la boca. Sólo se dejó que hablen los policías que, según parece, no han sido capacitados para el cambio. Antes bien, se ha hablado de modernización informática pero se incrustó un sistema nuevo en el viejo esquema de trabajo policial.
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