25 Octubre 2010
El abogado Oscar López, que presentó ante la Justicia federal un recurso de amparo colectivo para conseguir el cierre de Overa Pozo, afirmó que el gerente del consorcio metropolitano para la gestión de los residuos, Julio Figueroa, no está en condiciones de garantizar un eficiente trabajo.
"Sufre las consecuencias de su formación en la escuela administrativa y de ética pública del gobierno de Julio Miranda, uno de los más ineficientes de la historia tucumana, con venta incluida del peronismo al actual gobernador, José Alperovich", cuestionó.
Como se recordará, Figueroa había afirmado que las denuncias respecto de Overa Pozo eran políticas. En cambio, según el peronista disidente, el funcionario que representa a los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán en la gestión de los residuos no acepta que haya resistencia de la sociedad al funcionamiento de Overa Pozo. "Le cuesta aceptar, como remedio republicano, la resistencia democrática", sentenció.
López y el vicepresidente de la UCR, Raúl Moreno son los autores de la presentación para que cese la actividad en Overa Pozo. Fundaron su pedido en el presunto incumplimiento de la Ley Nº 25.675 (Política Ambiental).
Según dijeron, las actuaciones para instalar un emprendimiento que pueda afectar el medioambiente deben realizarse con la participación de la población que pueda resultar afectada por esa actividad.
"Sufre las consecuencias de su formación en la escuela administrativa y de ética pública del gobierno de Julio Miranda, uno de los más ineficientes de la historia tucumana, con venta incluida del peronismo al actual gobernador, José Alperovich", cuestionó.
Como se recordará, Figueroa había afirmado que las denuncias respecto de Overa Pozo eran políticas. En cambio, según el peronista disidente, el funcionario que representa a los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán en la gestión de los residuos no acepta que haya resistencia de la sociedad al funcionamiento de Overa Pozo. "Le cuesta aceptar, como remedio republicano, la resistencia democrática", sentenció.
López y el vicepresidente de la UCR, Raúl Moreno son los autores de la presentación para que cese la actividad en Overa Pozo. Fundaron su pedido en el presunto incumplimiento de la Ley Nº 25.675 (Política Ambiental).
Según dijeron, las actuaciones para instalar un emprendimiento que pueda afectar el medioambiente deben realizarse con la participación de la población que pueda resultar afectada por esa actividad.
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