18 Octubre 2010
FRENO. Vecinos presentaron un recurso de amparo en la Justicia federal. GENTILEZA VECINOS AUTOCONVOCADOS DE OVERA POZO
Vecinos y productores del este provincial no cejan en su pretensión de que el Estado suspenda las actividades en la planta de tratamiento de los residuos de Overa Pozo, por entender que afectará directamente a la economía de la zona.
"Es una mala alternativa por tratarse de un predio enclavado en una zona productiva", advirtieron los representantes del movimiento autoconvocado, Fernando Vidal y Albino Rodríguez, en representación de los agricultores del lugar. Los referentes, además, cuestionaron que el Gobierno se haya apartado de la prueba piloto financiada por el Banco Mundial para el desarrollo de una gestión integral en materia de residuos sólidos urbanos. Cabe recordar que Tucumán había sido seleccionada junto con Chubut (una provincia con mayor densidad de población y otra con menor densidad habitacional). Sin embargo, el Gobierno decidió apartarse de ese programa por entender que encarecería los costos.
Precisamente, de los estudios encargados por el Banco Mundial a la consultora Cooprogetti surgió la alternativa de Monte Redondo (hoy Overa Pozo). Según las autoridades, se hicieron estudios hidrológicos, geológicos, de suelos, geomorfológicos, climáticos y sociales antes de llevar el depósito de la basura del Gran San Miguel de Tucumán a ese predio estatal.
Los autoconvocados apuntaron directamente al gerente operativo del consorcio metropolitano para la gestión de los residuos, Julio Figueroa. El representante de los seis municipios que integran el ente sostuvo que detrás de las críticas hacia Overa Pozo se escondían intereses políticos. "Con las ofensas se pretende encubrir el daño que ya se está produciendo al medio ambiente, a la salud de la población, al suelo, al aire, a los acuíferos y a la economía de la zona. Además, se incurre en serias contradicciones, porque se sostiene que es una planta en las mejores condiciones de preservación ecológica, pero a la vez se reconoce que hoy no existe una planta de tratamiento de lixiviados con tecnología de avanzada", advirtieron los productores del este tucumano.
Los profesionales también denunciaron que en la zona ya se perciben olores nauseabundos, producto de los desechos que, desde hace dos semanas, recibe la planta de Overa Pozo. "Dicen que a los olores tratarán de mitigarlos; es decir, ya está contaminado el aire. Y cuando dice (en alusión a Figueroa) que los seis municipios van a tratar de que Overa Pozo sea lo menos dañoso posible, está diciendo que la planta ya está haciéndonos daño", se indignaron.
Finalmente, los agricultores insistieron con la denuncia que sustenta el recurso de amparo colectivo presentado ante la Justicia federal para que se cierre el predio: que el Gobierno no concretó las audiencias públicas previas que exige la Ley 25.675. La norma prevé la participación vecinal como requisito para la toma de decisiones políticas con impacto ambiental. Por ese motivo, los autoconvocados anunciaron que mantendrán los cortes sorpresivos en la zona para impedir el ingreso de camiones con basura al predio de Overa Pozo.
"Es una mala alternativa por tratarse de un predio enclavado en una zona productiva", advirtieron los representantes del movimiento autoconvocado, Fernando Vidal y Albino Rodríguez, en representación de los agricultores del lugar. Los referentes, además, cuestionaron que el Gobierno se haya apartado de la prueba piloto financiada por el Banco Mundial para el desarrollo de una gestión integral en materia de residuos sólidos urbanos. Cabe recordar que Tucumán había sido seleccionada junto con Chubut (una provincia con mayor densidad de población y otra con menor densidad habitacional). Sin embargo, el Gobierno decidió apartarse de ese programa por entender que encarecería los costos.
Precisamente, de los estudios encargados por el Banco Mundial a la consultora Cooprogetti surgió la alternativa de Monte Redondo (hoy Overa Pozo). Según las autoridades, se hicieron estudios hidrológicos, geológicos, de suelos, geomorfológicos, climáticos y sociales antes de llevar el depósito de la basura del Gran San Miguel de Tucumán a ese predio estatal.
Los autoconvocados apuntaron directamente al gerente operativo del consorcio metropolitano para la gestión de los residuos, Julio Figueroa. El representante de los seis municipios que integran el ente sostuvo que detrás de las críticas hacia Overa Pozo se escondían intereses políticos. "Con las ofensas se pretende encubrir el daño que ya se está produciendo al medio ambiente, a la salud de la población, al suelo, al aire, a los acuíferos y a la economía de la zona. Además, se incurre en serias contradicciones, porque se sostiene que es una planta en las mejores condiciones de preservación ecológica, pero a la vez se reconoce que hoy no existe una planta de tratamiento de lixiviados con tecnología de avanzada", advirtieron los productores del este tucumano.
Los profesionales también denunciaron que en la zona ya se perciben olores nauseabundos, producto de los desechos que, desde hace dos semanas, recibe la planta de Overa Pozo. "Dicen que a los olores tratarán de mitigarlos; es decir, ya está contaminado el aire. Y cuando dice (en alusión a Figueroa) que los seis municipios van a tratar de que Overa Pozo sea lo menos dañoso posible, está diciendo que la planta ya está haciéndonos daño", se indignaron.
Finalmente, los agricultores insistieron con la denuncia que sustenta el recurso de amparo colectivo presentado ante la Justicia federal para que se cierre el predio: que el Gobierno no concretó las audiencias públicas previas que exige la Ley 25.675. La norma prevé la participación vecinal como requisito para la toma de decisiones políticas con impacto ambiental. Por ese motivo, los autoconvocados anunciaron que mantendrán los cortes sorpresivos en la zona para impedir el ingreso de camiones con basura al predio de Overa Pozo.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
