16 Octubre 2010
La causa judicial que persigue el cierre de la planta de tratamiento de los residuos de Pacará Pintado ingresó en un tramo decisivo. En rigor, a partir de la constatación pericial de que el predio genera contaminación, la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común se abocará a resolver el recurso de amparo colectivo presentado hace tres años por una organización ambientalista.
Los magistrados Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila deben expedirse sobre un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. Como se recordará, la entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta de tratamiento de la basura, por considerar que contaminaba el medio ambiente. No obstante, la medida fue rechazada el 10 de julio de 2008 por un juez de primera instancia del fuero civil y comercial.
Disconforme, la ONG ambientalista recurrió el fallo ante la Cámara. Precisamente, en ese contexto los vocales dispusieron la realización de pericias técnicas en el predio de San Andrés antes de resolver sobre la apelación presentada. Esas medidas fueron ordenadas el 5 de diciembre de 2008 y ejecutadas el 27 de octubre del año pasado. Ese día, la ingeniera María Luisa Genta tomó muestras del agua, del suelo y del aire para efectuar un análisis exhaustivo. Los resultados fueron categóricos: la planta genera contaminación al medio ambiente e incluso vuelca efluentes al curso del río Salí.
De inmediato, la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL impugnó el informe pericial, y sostuvo que no coincidía con la realidad. Los magistrados corrieron vista de las objeciones a la perito Genta y esta ratificó en todos sus términos el dictamen inicial.
Agotado ese trámite, la federación ambiental requirió a los integrantes de la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común la resolución de la causa. Por intermedio del abogado Javier Navarro Muruaga, la entidad presentó un escrito en el que sostiene que todas "las aclaraciones, observaciones y/o impugnaciones al dictamen pericial ya fueron evacuadas por las partes y por la perito".
"Con ello se ha concluido con el trámite de la medida para mejor proveer dispuesta hace casi dos años, con lo cual el tribunal se encuentra en estado de resolver el recurso de apelación oportunamente promovido por esta parte", alertó el abogado de la federación en el escrito enviado a la Cámara.
Atento a que Pacará Pintado ya no recibe residuos para su tratamiento (son depositados ahora en un predio estatal de Overa Pozo), pero aún debe efectuar la disposición final de las miles de toneladas de desechos que aún permanecen en las celdas, el letrado insistió en que la concesionaria debe garantizar un plan de cierre. Para ello, solicitaron que se trabe un embargo por alrededor de $ 16 millones, que se deduce del canon mensual que recibe la firma por el servicio de disposición final de los residuos ($ 1,5 millón por mes).
"Por esta razón y por las demás circunstancias expuestas a lo largo de esta causa de amparo colectivo (ambiental), pido se resuelva la vía recursiva con la premura que el caso requiere", finalizó.
Los magistrados Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila deben expedirse sobre un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. Como se recordará, la entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta de tratamiento de la basura, por considerar que contaminaba el medio ambiente. No obstante, la medida fue rechazada el 10 de julio de 2008 por un juez de primera instancia del fuero civil y comercial.
Disconforme, la ONG ambientalista recurrió el fallo ante la Cámara. Precisamente, en ese contexto los vocales dispusieron la realización de pericias técnicas en el predio de San Andrés antes de resolver sobre la apelación presentada. Esas medidas fueron ordenadas el 5 de diciembre de 2008 y ejecutadas el 27 de octubre del año pasado. Ese día, la ingeniera María Luisa Genta tomó muestras del agua, del suelo y del aire para efectuar un análisis exhaustivo. Los resultados fueron categóricos: la planta genera contaminación al medio ambiente e incluso vuelca efluentes al curso del río Salí.
De inmediato, la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL impugnó el informe pericial, y sostuvo que no coincidía con la realidad. Los magistrados corrieron vista de las objeciones a la perito Genta y esta ratificó en todos sus términos el dictamen inicial.
Agotado ese trámite, la federación ambiental requirió a los integrantes de la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común la resolución de la causa. Por intermedio del abogado Javier Navarro Muruaga, la entidad presentó un escrito en el que sostiene que todas "las aclaraciones, observaciones y/o impugnaciones al dictamen pericial ya fueron evacuadas por las partes y por la perito".
"Con ello se ha concluido con el trámite de la medida para mejor proveer dispuesta hace casi dos años, con lo cual el tribunal se encuentra en estado de resolver el recurso de apelación oportunamente promovido por esta parte", alertó el abogado de la federación en el escrito enviado a la Cámara.
Atento a que Pacará Pintado ya no recibe residuos para su tratamiento (son depositados ahora en un predio estatal de Overa Pozo), pero aún debe efectuar la disposición final de las miles de toneladas de desechos que aún permanecen en las celdas, el letrado insistió en que la concesionaria debe garantizar un plan de cierre. Para ello, solicitaron que se trabe un embargo por alrededor de $ 16 millones, que se deduce del canon mensual que recibe la firma por el servicio de disposición final de los residuos ($ 1,5 millón por mes).
"Por esta razón y por las demás circunstancias expuestas a lo largo de esta causa de amparo colectivo (ambiental), pido se resuelva la vía recursiva con la premura que el caso requiere", finalizó.
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