11 Octubre 2010
Tucumán mira de reojo el voto electrónico implementado exitosamente en Salta y Brasil
"No hay un cronograma para poner en funcionamiento el sistema", afirma Darío Almaraz, secretario de la Junta Electoral Provincial. El 33% del padrón salteño usará la boleta electrónica en los comicios de 2011. El Gobierno de Urtubey prevé la aplicación total del mecanismo en los comicios de 2015.
DOS MODELOS. La célebre urna digital brasileña (arriba) y una terminal de voto electrónico de Pinamar (abajo).
El genio de Brasil -inagotable en su afán de iluminar al mundo- encandiló este primer domingo de octubre desplegando el escrutinio más veloz de su historia. Ese mismo día, tres horas después del cierre de unos comicios con más de 135 millones de votantes empadronados, la candidata oficialista Dilma Rousseff supo que nada podría ahorrarle el balotaje. La urna electrónica -que debutó en la década de 1990- habló y fue lapidaria.
Las nuevas tecnologías aplicadas al proceso electoral también generaron entusiasmo en Argentina. La excitación prendió especialmente en Salta, que, a finales de 2008, sancionó una ley por impulso del gobernador Juan Manuel Urtubey. Un convenio entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Electoral precedió al examen de las distintas plataformas disponibles, que, finalmente, derivó en la adopción del mecanismo de la boleta electrónica. Diversos ensayos de magnitud y aprobación siempre crecientes permitieron anunciar la aplicación gradual del sistema al 33% del padrón en las elecciones de 2011; al 66% en 2013 y al 100% en los comicios de 2015.
Pero fue Tucumán -y no Salta- la primera provincia del país que formalmente se abrazó al voto electrónico al incorporarlo de manera expresa a la Constitución en la reforma de 2006. El gobernador José Alperovich apoyó explícitamente aquella iniciativa (de la legisladora y ex convencional Olijela Rivas) e incluso declaró el deseo de aplicar el nuevo mecanismo en las elecciones de 2007. Cuatro años después, la materia sigue afuera de la agenda pública. "No hay un cronograma para implementar el sistema", admite el procurador Darío Almaraz, secretario de la Junta Electoral Provincial (JEP), que agrega que el Estado hará otras pruebas de incierta entidad y alcance en 2011.
"Las autoridades de la JEP (Antonio Estofán, presidente de la Corte Suprema; el legislador Regino Amado -en reemplazo del vicegobernador Juan Manzur- y Pedro Giúdice, fiscal de Estado) quieren mostrar un poco más el voto electrónico. Me pidieron que tenga en cuenta este tema, pero no determinaron en qué medida (sic)", reconoce Almaraz, que asumió la secretaría de la Junta en diciembre de 2008 y que, según anticipa, pondrá en línea el portal institucional de la JEP antes de fin de año.
El régimen de votación electrónica tucumano cayó en desgracia a comienzos de 2007, cuando los legisladores opositores y los que respondían al entonces vicegobernador Fernando Juri sancionaron una ley reglamentaria en contra de la voluntad del alperovichismo. El veto, la no promulgación y la judicialización de la norma postergó sine die su aplicación, pese a que la Carta Magna reformada (con el voto de la mayoría oficialista) obliga a adoptar una ley hasta diciembre de 2006.
El valor del plan
La modernización del sufragio tampoco es una prioridad para el Gobierno de Cristina Kirchner, que se ha limitado a estudiar la materia. "Hace falta reformar el Código Electoral Nacional", recuerda Rogelio Rodríguez del Busto, secretario electoral de la Justicia Federal de Tucumán. El letrado asevera que la última modernización de aquel sistema consistió en la incorporación del padrón electrónico, herramienta que agiliza el procesamiento de los datos de los electores y reemplaza al antiguo fichero manual.
El plan para la implementación de la tecnología en la emisión del voto (inexistente en la Nación y en Tucumán) fue esencial en la experiencia de Salta, según Teresa Ovejero, secretaria del Tribunal Electoral de esa provincia. "La aplicación por etapas permite capacitar a las autoridades de mesa, que son docentes, y al electorado", comenta por teléfono. Si bien acepta que la boleta electrónica es más cara que la de papel, apunta: "el Estado se ahorra insumos descartables y, con el tiempo, amortiza la inversión. Pero las ventajas de este mecanismo no pueden ser medidas aritméticamente. El cambio es sustantivo, como pasar del lápiz a la PC. Los comicios mejoran en transparencia y celeridad. ¿Cómo se evalúa esa ganancia?".
El rédito es inmenso y también político: el voto electrónico se ha convertido en uno de los emblemas de la gestión de Urtubey. Nelson Colque, periodista salteño que viajó a Curitiba para observar las elecciones brasileñas, confirma que la modalidad funciona bien aún en las localidades con mayor índice de analfabetismo, además de que la exposición del código fuente del sistema informático permite fiscalizar a los que escrutan los sufragios. "Las elecciones de allá son mucho más relajadas", observa el cronista. El voto electrónico reduce el riesgo de fraude para beneficio de todos los candidatos. Incluso, del polémico payaso Tiririca.
Recurso para la transparencia
Las nuevas tecnologías aplicadas al proceso electoral también generaron entusiasmo en Argentina. La excitación prendió especialmente en Salta, que, a finales de 2008, sancionó una ley por impulso del gobernador Juan Manuel Urtubey. Un convenio entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Electoral precedió al examen de las distintas plataformas disponibles, que, finalmente, derivó en la adopción del mecanismo de la boleta electrónica. Diversos ensayos de magnitud y aprobación siempre crecientes permitieron anunciar la aplicación gradual del sistema al 33% del padrón en las elecciones de 2011; al 66% en 2013 y al 100% en los comicios de 2015.
Pero fue Tucumán -y no Salta- la primera provincia del país que formalmente se abrazó al voto electrónico al incorporarlo de manera expresa a la Constitución en la reforma de 2006. El gobernador José Alperovich apoyó explícitamente aquella iniciativa (de la legisladora y ex convencional Olijela Rivas) e incluso declaró el deseo de aplicar el nuevo mecanismo en las elecciones de 2007. Cuatro años después, la materia sigue afuera de la agenda pública. "No hay un cronograma para implementar el sistema", admite el procurador Darío Almaraz, secretario de la Junta Electoral Provincial (JEP), que agrega que el Estado hará otras pruebas de incierta entidad y alcance en 2011.
"Las autoridades de la JEP (Antonio Estofán, presidente de la Corte Suprema; el legislador Regino Amado -en reemplazo del vicegobernador Juan Manzur- y Pedro Giúdice, fiscal de Estado) quieren mostrar un poco más el voto electrónico. Me pidieron que tenga en cuenta este tema, pero no determinaron en qué medida (sic)", reconoce Almaraz, que asumió la secretaría de la Junta en diciembre de 2008 y que, según anticipa, pondrá en línea el portal institucional de la JEP antes de fin de año.
El régimen de votación electrónica tucumano cayó en desgracia a comienzos de 2007, cuando los legisladores opositores y los que respondían al entonces vicegobernador Fernando Juri sancionaron una ley reglamentaria en contra de la voluntad del alperovichismo. El veto, la no promulgación y la judicialización de la norma postergó sine die su aplicación, pese a que la Carta Magna reformada (con el voto de la mayoría oficialista) obliga a adoptar una ley hasta diciembre de 2006.
El valor del plan
La modernización del sufragio tampoco es una prioridad para el Gobierno de Cristina Kirchner, que se ha limitado a estudiar la materia. "Hace falta reformar el Código Electoral Nacional", recuerda Rogelio Rodríguez del Busto, secretario electoral de la Justicia Federal de Tucumán. El letrado asevera que la última modernización de aquel sistema consistió en la incorporación del padrón electrónico, herramienta que agiliza el procesamiento de los datos de los electores y reemplaza al antiguo fichero manual.
El plan para la implementación de la tecnología en la emisión del voto (inexistente en la Nación y en Tucumán) fue esencial en la experiencia de Salta, según Teresa Ovejero, secretaria del Tribunal Electoral de esa provincia. "La aplicación por etapas permite capacitar a las autoridades de mesa, que son docentes, y al electorado", comenta por teléfono. Si bien acepta que la boleta electrónica es más cara que la de papel, apunta: "el Estado se ahorra insumos descartables y, con el tiempo, amortiza la inversión. Pero las ventajas de este mecanismo no pueden ser medidas aritméticamente. El cambio es sustantivo, como pasar del lápiz a la PC. Los comicios mejoran en transparencia y celeridad. ¿Cómo se evalúa esa ganancia?".
El rédito es inmenso y también político: el voto electrónico se ha convertido en uno de los emblemas de la gestión de Urtubey. Nelson Colque, periodista salteño que viajó a Curitiba para observar las elecciones brasileñas, confirma que la modalidad funciona bien aún en las localidades con mayor índice de analfabetismo, además de que la exposición del código fuente del sistema informático permite fiscalizar a los que escrutan los sufragios. "Las elecciones de allá son mucho más relajadas", observa el cronista. El voto electrónico reduce el riesgo de fraude para beneficio de todos los candidatos. Incluso, del polémico payaso Tiririca.
Recurso para la transparencia
Reforma pendiente.- El voto electrónico ingresó a la agenda pública después de la crisis de 2001, cuando el discurso "que se vayan todos" obligó a proponer mecanismos e institutos políticos que ofreciesen mejores condiciones de transparencia. Desde entonces, la modernización del proceso electoral ha sido ensayada en pequeña escala en elecciones de todo el país, pero ninguna provincia ha logrado aún imponer el voto electrónico con carácter obligatorio para todo el padrón.
Una cuestión de dinero.- El gobernador, José Alperovich, expresó a comienzos de este año que el elevado precio del sistema de voto electrónico impide implementarlo en Tucumán. Un cálculo privado practicado en abril (en función de la experiencia del Municipio de Pinamar) determinó que el costo de la decisión ronda los dos dólares por elector. Es decir, que para un padrón de un millón de votantes (como el de Tucumán), el Estado tendría que invertir alrededor de ocho millones de pesos (en el tipo de cambio vigente) o menos del 10% del presupuesto destinado al nuevo edificio de la Legislatura.
Una cuestión de dinero.- El gobernador, José Alperovich, expresó a comienzos de este año que el elevado precio del sistema de voto electrónico impide implementarlo en Tucumán. Un cálculo privado practicado en abril (en función de la experiencia del Municipio de Pinamar) determinó que el costo de la decisión ronda los dos dólares por elector. Es decir, que para un padrón de un millón de votantes (como el de Tucumán), el Estado tendría que invertir alrededor de ocho millones de pesos (en el tipo de cambio vigente) o menos del 10% del presupuesto destinado al nuevo edificio de la Legislatura.
Pros y contras.- Entre las virtudes más destacadas del sufragio electrónico constan la posibilidad de erradicar la práctica del "voto cadena" y la de aumentar el control sobre los que perfeccionan el escrutinio definitivo. Sus partidarios aseguran que el sistema también favorece la economía administrativa, disminuye el riesgo de error manual, elimina la opción del voto nulo, agiliza el conteo de los sufragios y, a largo plazo, reduce los costos de los comicios. Los detractores del voto electrónico consideran que este "deshumaniza" el acto de votar y que no ofrece garantías de invulnerabilidad informática.
Reclamo de la oposición.- Pese a que la incorporación del voto electrónico en la reforma constitucional de 2006 prosperó gracias al apoyo que prestó el bloque oficialista, el reclamo por la implementación real del régimen en Tucumán ha sido históricamente impulsado por la parlamentaria justicialista Olijela Rivas y la oposición. El año pasado, Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno, opinó que había que adoptar la modalidad de votación electrónica que ofreciese mayor seguridad. "Y eso no es simple", advirtió el funcionario alperovichista.
Reclamo de la oposición.- Pese a que la incorporación del voto electrónico en la reforma constitucional de 2006 prosperó gracias al apoyo que prestó el bloque oficialista, el reclamo por la implementación real del régimen en Tucumán ha sido históricamente impulsado por la parlamentaria justicialista Olijela Rivas y la oposición. El año pasado, Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno, opinó que había que adoptar la modalidad de votación electrónica que ofreciese mayor seguridad. "Y eso no es simple", advirtió el funcionario alperovichista.
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