29 Septiembre 2010
La Argentina se caracteriza hoy por tener irresueltos problemas que en el mundo ya no se discuten. De hecho, hay quienes todavía no están convencidos de que la división de poderes es una condición imprescindible para mantener una democracia estable.
En la coyuntura nacional, que cada día parece ser más estructural, no deja de sorprender que el Gobierno de Santa Cruz se niegue a cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordena la reposición en su cargo de un ex Procurador. Llama aún más la atención que, ante el pedido del máximo tribunal de una intervención del Congreso Nacional, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, descalifique estos proyectos y respalde el incumplimiento del fallo.
Además, el matrimonio presidencial calificó recientemente de obsceno el fallo de un juez, luego de reducir también el Presupuesto del Poder Judicial, afectando a la Corte Suprema con un 39% de recorte de fondos.
En Tucumán se observa una actitud similar de molestia ante sentencias judiciales adversas al sistema de enmiendas constitucionales y al Consejo Asesor de la Magistratura creado por decreto. Pareciera que se rechazan mecanismos que buscan reducir asimetrías y excesos de poder político.
Pretender avanzar en juicio político sobre jueces que mantienen su independencia es un claro mensaje de atropello a los principios republicanos. La división de poderes por la cual el legislativo debe legislar, el ejecutivo ejecutar, y el judicial dictaminar sin presión alguna, ha quedado en los libros.
Si alguno de los poderes no respeta las legítimas decisiones de otro, el sistema republicano se quiebra.
Estas serias distorsiones son hoy el principal obstáculo para la inversión y su consecuente desarrollo sustentable.
En la coyuntura nacional, que cada día parece ser más estructural, no deja de sorprender que el Gobierno de Santa Cruz se niegue a cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordena la reposición en su cargo de un ex Procurador. Llama aún más la atención que, ante el pedido del máximo tribunal de una intervención del Congreso Nacional, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, descalifique estos proyectos y respalde el incumplimiento del fallo.
Además, el matrimonio presidencial calificó recientemente de obsceno el fallo de un juez, luego de reducir también el Presupuesto del Poder Judicial, afectando a la Corte Suprema con un 39% de recorte de fondos.
En Tucumán se observa una actitud similar de molestia ante sentencias judiciales adversas al sistema de enmiendas constitucionales y al Consejo Asesor de la Magistratura creado por decreto. Pareciera que se rechazan mecanismos que buscan reducir asimetrías y excesos de poder político.
Pretender avanzar en juicio político sobre jueces que mantienen su independencia es un claro mensaje de atropello a los principios republicanos. La división de poderes por la cual el legislativo debe legislar, el ejecutivo ejecutar, y el judicial dictaminar sin presión alguna, ha quedado en los libros.
Si alguno de los poderes no respeta las legítimas decisiones de otro, el sistema republicano se quiebra.
Estas serias distorsiones son hoy el principal obstáculo para la inversión y su consecuente desarrollo sustentable.
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