17 Septiembre 2010
Es una de las causas más complejas de los últimos años y por eso, aunque esto no debiera ser así, lleva casi seis años en instrucción. La Justicia aún no pudo dar su veredicto en torno al asesinato del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz. Pero esta semana se terminó una prueba que para los investigadores era clave: una pericia balística. Según trascendió, de las conclusiones preliminares a las que arribó una perito de la Policía Federal en Buenos Aires, no se puede determinar si alguna de las cinco armas que están secuestradas por la Justicia fue usada para ultimar al juez.
Aráoz apareció sin vida el 26 de noviembre de 2004 en su casa de Yerba Buena. Le habían dado nueve balazos y murió por un shock hipovolémico (desangrado). Según los análisis, quien o quienes le dispararon utilizaron armas calibre 9mm, las mismas que usa la Policía. El fiscal Guillermo Herrera comenzó a investigar y concluyó que la muerte del juez estaba vinculado a un triángulo amoroso. Aráoz mantenía una relación con la ex agente de Policía Ema Gómez y el tercero en discordia, según Herrera, era el oficial Darío Pérez. Justamente fue Gómez quien descubrió el cuerpo junto con el entonces comisario Rodolfo Domínguez y con los oficiales Andrés Faversani y Raúl Albornoz. La familia del juez siempre rechazó la hipótesis de Herrera y aseguró que el crimen se cometió por las investigaciones que había Aráoz y que fue orquestado por una mafia policial.
Pérez y Gómez fueron imputados de homicidio agravado, y los otros tres policías serán juzgados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para Herrera fue fundamental una pericia que ordenó a los 15 días del crimen. Allí se determinó que al juez le habían disparado con la pistola provista por el Estado a Faversani. Un mes más tarde se hizo una nueva pericia, cuyo resultado indicó que no se podía confirmar si realmente se había usado esa arma. Hace un mes, quien solicitó un nuevo análisis fue la fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo, que sostendrá la acusación durante el juicio oral. Se consultó primero a Gendarmería Nacional, pero respondieron que ellos no podían hacerlo. Entonces se requirió la colaboración de la Policía Federal; esta fuerza respondió que podían concretar la medida siempre y cuando fuera ordenada por un juez federal. Ante esto, el presidente de la sala I de la Cámara Penal, Pedro Roldán Vázquez, le envió un oficio al juez federal MarioRacedo, quien accedió a hacer el requerimiento.
A la perito le tomó dos semanas hacer su trabajo. Se analizaron cinco pistolas calibre 9mm, cinco vainas servidas encontradas en el lugar del crimen y tres fragmentos de balas. Según trascendió, en principio los casquillos no serían de ninguna de las armas sometidas al comparador. Y no se pudo determinar si las balas fragmentadas habían sido disparadas con esas pistolas.
Esto fue tomado como un triunfo por las defensas de Pérez (Gustavo Morales) y de Gómez (Mario Mirra). Los querellantes (Benjamín Frías Alurralde, María Dolores Leone Cervera y Dante Julio José Ibáñez), en tanto, creen que hay otras pruebas relevantes contra los imputados, y que el informe de Buenos Aires no es contundente.
Aráoz apareció sin vida el 26 de noviembre de 2004 en su casa de Yerba Buena. Le habían dado nueve balazos y murió por un shock hipovolémico (desangrado). Según los análisis, quien o quienes le dispararon utilizaron armas calibre 9mm, las mismas que usa la Policía. El fiscal Guillermo Herrera comenzó a investigar y concluyó que la muerte del juez estaba vinculado a un triángulo amoroso. Aráoz mantenía una relación con la ex agente de Policía Ema Gómez y el tercero en discordia, según Herrera, era el oficial Darío Pérez. Justamente fue Gómez quien descubrió el cuerpo junto con el entonces comisario Rodolfo Domínguez y con los oficiales Andrés Faversani y Raúl Albornoz. La familia del juez siempre rechazó la hipótesis de Herrera y aseguró que el crimen se cometió por las investigaciones que había Aráoz y que fue orquestado por una mafia policial.
Pérez y Gómez fueron imputados de homicidio agravado, y los otros tres policías serán juzgados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para Herrera fue fundamental una pericia que ordenó a los 15 días del crimen. Allí se determinó que al juez le habían disparado con la pistola provista por el Estado a Faversani. Un mes más tarde se hizo una nueva pericia, cuyo resultado indicó que no se podía confirmar si realmente se había usado esa arma. Hace un mes, quien solicitó un nuevo análisis fue la fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo, que sostendrá la acusación durante el juicio oral. Se consultó primero a Gendarmería Nacional, pero respondieron que ellos no podían hacerlo. Entonces se requirió la colaboración de la Policía Federal; esta fuerza respondió que podían concretar la medida siempre y cuando fuera ordenada por un juez federal. Ante esto, el presidente de la sala I de la Cámara Penal, Pedro Roldán Vázquez, le envió un oficio al juez federal MarioRacedo, quien accedió a hacer el requerimiento.
A la perito le tomó dos semanas hacer su trabajo. Se analizaron cinco pistolas calibre 9mm, cinco vainas servidas encontradas en el lugar del crimen y tres fragmentos de balas. Según trascendió, en principio los casquillos no serían de ninguna de las armas sometidas al comparador. Y no se pudo determinar si las balas fragmentadas habían sido disparadas con esas pistolas.
Esto fue tomado como un triunfo por las defensas de Pérez (Gustavo Morales) y de Gómez (Mario Mirra). Los querellantes (Benjamín Frías Alurralde, María Dolores Leone Cervera y Dante Julio José Ibáñez), en tanto, creen que hay otras pruebas relevantes contra los imputados, y que el informe de Buenos Aires no es contundente.
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