24 Mayo 2010
Parece sobreabundante describir la especial situación de inquietud y de angustia que embarga a una persona cuando, fuera del horario comercial y mucho más si es de noche, busca infructuosamente una farmacia de turno para adquirir el medicamento que necesita. Obviamente, a esas horas la necesidad tiene carácter de urgencia.
Hace pocos días, hemos dedicado una página completa a reseñar, con diversos testimonios, el panorama que ofrecen nuestra capital y el interior de la provincia en tal orden de cosas. Nuestra investigación ha reflejado las varias aristas del problema.
Hay farmacias que figuran en el listado como "de turno", pero que no abren sus puertas. En otros casos, las abren pero no cuentan sino con una limitada variedad de remedios. Quien reside en un barrio periférico, forzosamente tiene que trasladarse al centro para esa búsqueda que, en el interior, obliga a veces a viajar hasta otra ciudad.
La Organización Mundial de la Salud define como adecuada la existencia de una farmacia por cada 10.000 habitantes. En San Miguel de Tucumán, la proporción es de uno cada 21.500; en Yerba Buena, uno cada 32.000; en Tafí Viejo, uno cada 22.000. La ciudad de Concepción tiene 70.000 habitantes y solamente dos farmacias de turno, aunque cuenta con una abierta las 24 horas.
Hasta hace unos años, en nuestra ciudad, la norma era que toda farmacia debía cumplir turno cada ocho días. Luego, el plazo se amplió a 15 días, por razones de seguridad y por la aparición de competencia ilegal en la venta de medicamentos en quioscos.
Según el Colegio de Farmacéuticos, el gran problema se creó por la aparición de farmacias abiertas las 24 horas, por un lado, ya que un centenar de establecimientos de turno se eximieron de cubrir los mismos por estar ubicados a diez cuadras de aquéllas. Por otro lado, los medicamentos de internación, que constituían la mayor parte de la venta nocturna, empezaron a ser expendidos por los sanatorios: esto obligó a las farmacias a desprenderse de los que tenían, por fecha vencida, con una gran pérdida de dinero. Está, además, el problema de la seguridad, porque el turno de noche es peligroso y no se cuenta con la debida protección.
Estos y otros argumentos no deben hacer perder de vista la cuestión troncal. Vender medicamentos fuera de horario constituye un servicio público de necesidad vital para absolutamente toda la población. No puede admitirse, entonces, que una persona que requiera algún tipo de remedio con urgencia, tropiece con situaciones de enorme dificultad -cuando no de imposibilidad- para obtenerlo, en cualquier punto del territorio provincial.
Resulta verdaderamente prioritario, organizar el expendio de una manera que supere los inconvenientes actuales. Se trata de algo que va mucho más allá del comercio -por lícito y comprensible que el mismo sea- para impactar en requerimientos premiosos del público, que no pueden estar sometidos a obstáculos como los que hemos delineado. En ese sentido, el poder público, por medio de las dependencias respectivas del Siprosa, tiene la obligación de imponer racionalidad en semejante panorama, toda vez que ha dejado que la realidad altere el sistema y convierta todo en un caos. Aparentemente, el sistema debe ser objeto de una revisión integral, que permita superar los graves inconvenientes que actualmente se alzan en contra el bienestar de la población.
El público debe tener la posibilidad de lograr el medicamento que necesita y con la mayor celeridad posible. Casi no vale la pena recordar que en ese asunto está implicado el máximo valor social, que es la salud, y en muchos casos la vida. Enfrentamos una desprotección general, y ella no puede prolongarse por más tiempo.
Hace pocos días, hemos dedicado una página completa a reseñar, con diversos testimonios, el panorama que ofrecen nuestra capital y el interior de la provincia en tal orden de cosas. Nuestra investigación ha reflejado las varias aristas del problema.
Hay farmacias que figuran en el listado como "de turno", pero que no abren sus puertas. En otros casos, las abren pero no cuentan sino con una limitada variedad de remedios. Quien reside en un barrio periférico, forzosamente tiene que trasladarse al centro para esa búsqueda que, en el interior, obliga a veces a viajar hasta otra ciudad.
La Organización Mundial de la Salud define como adecuada la existencia de una farmacia por cada 10.000 habitantes. En San Miguel de Tucumán, la proporción es de uno cada 21.500; en Yerba Buena, uno cada 32.000; en Tafí Viejo, uno cada 22.000. La ciudad de Concepción tiene 70.000 habitantes y solamente dos farmacias de turno, aunque cuenta con una abierta las 24 horas.
Hasta hace unos años, en nuestra ciudad, la norma era que toda farmacia debía cumplir turno cada ocho días. Luego, el plazo se amplió a 15 días, por razones de seguridad y por la aparición de competencia ilegal en la venta de medicamentos en quioscos.
Según el Colegio de Farmacéuticos, el gran problema se creó por la aparición de farmacias abiertas las 24 horas, por un lado, ya que un centenar de establecimientos de turno se eximieron de cubrir los mismos por estar ubicados a diez cuadras de aquéllas. Por otro lado, los medicamentos de internación, que constituían la mayor parte de la venta nocturna, empezaron a ser expendidos por los sanatorios: esto obligó a las farmacias a desprenderse de los que tenían, por fecha vencida, con una gran pérdida de dinero. Está, además, el problema de la seguridad, porque el turno de noche es peligroso y no se cuenta con la debida protección.
Estos y otros argumentos no deben hacer perder de vista la cuestión troncal. Vender medicamentos fuera de horario constituye un servicio público de necesidad vital para absolutamente toda la población. No puede admitirse, entonces, que una persona que requiera algún tipo de remedio con urgencia, tropiece con situaciones de enorme dificultad -cuando no de imposibilidad- para obtenerlo, en cualquier punto del territorio provincial.
Resulta verdaderamente prioritario, organizar el expendio de una manera que supere los inconvenientes actuales. Se trata de algo que va mucho más allá del comercio -por lícito y comprensible que el mismo sea- para impactar en requerimientos premiosos del público, que no pueden estar sometidos a obstáculos como los que hemos delineado. En ese sentido, el poder público, por medio de las dependencias respectivas del Siprosa, tiene la obligación de imponer racionalidad en semejante panorama, toda vez que ha dejado que la realidad altere el sistema y convierta todo en un caos. Aparentemente, el sistema debe ser objeto de una revisión integral, que permita superar los graves inconvenientes que actualmente se alzan en contra el bienestar de la población.
El público debe tener la posibilidad de lograr el medicamento que necesita y con la mayor celeridad posible. Casi no vale la pena recordar que en ese asunto está implicado el máximo valor social, que es la salud, y en muchos casos la vida. Enfrentamos una desprotección general, y ella no puede prolongarse por más tiempo.
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