Por Patricia Vega
21 Abril 2010
BUENOS AIRES.- Lo inevitable de los fallos es que cada uno reacciona luego de acuerdo a cómo le haya ido en la contienda. Tras el pronunciamiento de La Haya, en la práctica todo sigue igual: la ex Botnia en Fray Bentos y los piqueteros firmes en Arroyo Verde y sin ánimo de ceder en el corte del puente internacional. En Gualeguaychú, la reacción más escuchada fue la de decir que los jueces se habían "vendido" al oro finlandés y que no se iba a aceptar el pronunciamiento, como si de ellos dependiera esa instancia o como si esa ciudad fuese un estado libre asociado a la República Argentina. En Uruguay, al menos amenazaron con ponerse algo colorados, tras la sanción moral que recibieron de los jueces por haber incumplido normas procesales formales, algo que fue un engaño liso y llano a las autoridades argentinas. Para algunos, este aspecto del fallo se da de patadas con que la Argentina, la no culpable de la historia, no haya podido aportar pruebas contundentes que determinaran que la planta contamina.
Los abogados neutrales llaman a este procedimiento "la inversión de la carga de la prueba" y dicen que debió haber sido Uruguay el que tenía que demostrar que la papelera no contamina. Desde la letra fría del fallo, podría interpretarse que la política del hecho consumado de avanzar, terminar y poner a producir un emprendimiento le ha ganado al derecho. Según los expertos, los jueces aplicaron el derecho civil clásico que impone primero verificar el daño y, si no lo hay, no se accede a la querella, en contra del derecho ambiental que es protectivo y anticipatorio.
Para Uruguay, nunca estuvo en juego la posibilidad de relocalizar la planta, sobre todo porque la envergadura del complejo representa una porción inigualable de su PBI.
Pese a todos los deslices uruguayos, de este lado del Plata, la reacción oficial fue de gran prudencia y se habló de inmediato de acatar el fallo y de que se presentaba una oportunidad para profundizar el diálogo. El no cumplimiento del Tratado del Río Uruguay por parte de uno de los países obliga ahora a buscar mecanismos diplomáticos para reencauzar la vida en común.
Ahora se entiende el por qué de la sorpresiva visita del presidente José Mujica de la semana anterior, la de avisar que la cosa venía en dosis salomónicas y que ambos gobiernos debían fortalecerse a partir de los errores propios.
Por eso, ahora se abre la instancia bilateral de poner sobre el tapete negociaciones sobre los impactos visuales, olfativos, sonoros y turísticos, sobre los que el Tribunal no se declaró competente.
Pero Uruguay pide que el corte del puente internacional se levante de inmediato, un statu quo que la Argentina consintió y alentó.
En medio de la distensión que los países parecen reclamar, aquella frase de barricada de Kirchner sobre que el riesgo ambiental era una "causa nacional", hoy se le ha vuelto al Gobierno como un boomerang, ya que costará mucho hacer respetar "estrictamente" los acuerdos que ha firmado la República. (DyN)
Los abogados neutrales llaman a este procedimiento "la inversión de la carga de la prueba" y dicen que debió haber sido Uruguay el que tenía que demostrar que la papelera no contamina. Desde la letra fría del fallo, podría interpretarse que la política del hecho consumado de avanzar, terminar y poner a producir un emprendimiento le ha ganado al derecho. Según los expertos, los jueces aplicaron el derecho civil clásico que impone primero verificar el daño y, si no lo hay, no se accede a la querella, en contra del derecho ambiental que es protectivo y anticipatorio.
Para Uruguay, nunca estuvo en juego la posibilidad de relocalizar la planta, sobre todo porque la envergadura del complejo representa una porción inigualable de su PBI.
Pese a todos los deslices uruguayos, de este lado del Plata, la reacción oficial fue de gran prudencia y se habló de inmediato de acatar el fallo y de que se presentaba una oportunidad para profundizar el diálogo. El no cumplimiento del Tratado del Río Uruguay por parte de uno de los países obliga ahora a buscar mecanismos diplomáticos para reencauzar la vida en común.
Ahora se entiende el por qué de la sorpresiva visita del presidente José Mujica de la semana anterior, la de avisar que la cosa venía en dosis salomónicas y que ambos gobiernos debían fortalecerse a partir de los errores propios.
Por eso, ahora se abre la instancia bilateral de poner sobre el tapete negociaciones sobre los impactos visuales, olfativos, sonoros y turísticos, sobre los que el Tribunal no se declaró competente.
Pero Uruguay pide que el corte del puente internacional se levante de inmediato, un statu quo que la Argentina consintió y alentó.
En medio de la distensión que los países parecen reclamar, aquella frase de barricada de Kirchner sobre que el riesgo ambiental era una "causa nacional", hoy se le ha vuelto al Gobierno como un boomerang, ya que costará mucho hacer respetar "estrictamente" los acuerdos que ha firmado la República. (DyN)
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