Por aire y por tierra, todo siempre pasa

En la Argentina el consumo de hojas de coca no está prohibido. El Código Penal establece en el artículo 15 que la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes. Pero en Argentina no hay producción de hojas de coca. Los vendedores la traen de Bolivia y entonces infringen el Código Aduanero. En otras palabras, la hoja de coca es contrabandeada. O sea, se puede consumir, pero no se puede traer. La contradicción es una permanente en la Argentina.
En estos días, el juez Carlos Fayt, ministro decano de la Corte Suprema de Justicia nacional, afirmó que "se necesita que no siga lloviendo droga" en el norte argentino, al justificar el pedido de que se intensifique el control aéreo en esa región con la instalación de radares, para detectar los aviones que transportan estupefacientes. El requerimiento había sido elevado días antes al Gobierno Nacional por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Los vocales de la Corte dieron conocer lo que habían sugerido el Juzgado Federal Nº 1 y la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. El juez federal de esa provincia Julio Bavio, tiene en sus manos una causa por centenares de kilos de cocaína que habían sido arrojados desde aviones provenientes de Bolivia.

Desprotegidos
Tucumán tampoco tiene equipos de radares para detectar las naves de los narcotraficantes. Ni Santiago del Estero, ni Jujuy, ni Chaco, ni Misiones, ni Corrientes cuentan con estos aparatos. Es decir, las rutas de acceso de la droga (al norte, de cocaína, y al noreste de marihuana), están absolutamente abiertas al tráfico aéreo. ¿Son los radares la solución para este problema? De ninguna manera. Imaginen al operador de la torre de control que ve en el radar una nave, cuyo piloto se niega a identificarse. ¿Qué hará? "Hay un avión sospechoso en el espacio aéreo argentino", le informará a sus superiores. ¿Y entonces?. ¿Quién lo perseguirá?. ¿Quién lo interceptará?. En la Argentina no existe en la actualidad lo que se conoce como ley de derribe, que rige en países como Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. Y en caso de que a la par de la instalación de radares, se sancionara una ley tan polémica como la que permitiría voltear un avión en vuelo, ¿con qué infraestructura se contaría? ¿Se crearían bases de la Fuerza Aérea en todas las provincias del norte y noreste del país con cazas preparados las 24 horas para interceptar vuelos sospechosos? Parece difícil. A los narcos no les preocupan los radares. Utilizan aviones con suficiente autonomía de vuelo como para entrar el país, arrojar la droga desde el aire en una de las miles de pistas clandestinas que existen en nuestra zona y luego volver a Bolivia sin mayores problemas.

Las vías de ingreso
Los grandes cargamentos pasan hacia el sur del país de dos maneras: en avión o en camiones. A raíz de convenios  internacionales, cuando un camión ingresa a la Argentina con su carga precintada, únicamente un juez federal que previamente hubiera estado desarrollando una investigación específica puede ordenar que se rompan los precintos. Así fue como Gendarmería Nacional descubrió 200 kilos de cocaína en Burruyacu el 10 de mayo. Pero mientras no se pueda practicar un examen minucioso de las cargas, los traficantes seguirán utilizando este sistema para trasladar la droga.
Hasta hace dos años, no se identificaba a quienes compraban pasajes de colectivo. Hoy se pide nombre, pero no documento. Tampoco se identifica el equipaje. Ergo, cualquiera puede viajar con un nombre falso y mandar en la bodega del ómnibus dos valijas con 100 kilos de cocaína y, si alguien las descubre, no se sabe a quién pertenecen. Esta última situación se repitió varias veces por ejemplo en los controles que hace la Dirección de Drogas Peligrosas de la provincia en el puesto Cabo Vallejo, cerca del límite con Salta. Se secuestra la droga, pero no se detiene al traficante.
El Gobierno, en la persona del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, promueve una reforma de la ley 23.737, conocida como ley de drogas. Con el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la detención de cinco jóvenes que fumaban porros en un ámbito privado, pretende despenalizar del consumo de drogas. Afirma Fernández que de esta forma se podrá tratar al adicto como un enfermo y darle el tratamiento adecuado, y al mismo tiempo las fuerzas de seguridad podrán dedicarse exclusivamente a perseguir a los narcotraficantes. Pero si las eternas contradicciones que nos identifican no se resuelven será muy difícil ganar esa batalla. Los cargamentos de droga seguirán pasando, y los investigadores tirando manotazos de ahogado o basándose en su intuición para desbaratar el tráfico de estupefacientes, la operación madre del negocio ilícito y pernicioso más grande del mundo.