03 Agosto 2009
HERIDAS ABIERTAS. Cafiero tendrá que referirse a una polémica decisión adoptada en febrero de 1975. TELAM
A principios de febrero de 1975, la entonces presidenta Estela Martínez de Perón dispuso la implementación del Operativo Independencia en Tucumán. A más de 34 años, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf deberán justificar los alcances del decreto secreto 261/75, que refrendaron como ministros de Economía y del Trabajo, respectivamente. En especial, el significado del primer artículo: "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos".
Ambos políticos peronistas fueron aceptados (y serán citados) por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal como testigos en el nuevo juicio por violaciones a los derechos humanos contra Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Bussi, Albino Mario Zimmerman, Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz, Alberto Luis Cattáneo, Luis Armando y Carlos De Cándido, cuyo comienzo está previsto para mediados de setiembre. Todos están imputados (en 14 causas) por distintos delitos vinculados con el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía entre 1975 y 1979. Las víctimas fueron 17 personas que sufrieron secuestro, torturas o desaparición. Mientras tanto, a María Elena Guerra se le imputa la usurpación de una propiedad.
La estrategia defensiva (planteada por el abogado de Menéndez, Horacio Guerineau) se basará en el argumento de que militares y policías actuaron en cumplimiento de la orden de un gobierno constitucional.
El tribunal estará conformado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi (reemplaza a Alicia Noli, quien se excusó de intervenir. Se trata de los mismos jueces que condenaron hace un año a Bussi y a Menéndez por el secuestro y desaparición de Guillermo Vargas Aignasse. En cambio, aún está en debate si, como sucedió en 2008, actuará como fiscal federal Alfredo Terraf, que ahora fue recusado por Bussi.
Citación a escritores
Guerineau pretende también que se cite a la propia ex Presidenta, que reside en España. La decisión sobre la aceptación de la testigo ofrecida fue derivada por Casas (presidente del TOF) al plenario del tribunal. La importancia del testimonio radica en el marco histórico en el que transcurrió su trunca presidencia.
Casas ya ha admitido la participación como testigos (ofrecidos por las defensas de los imputados) de la esposa e hija del capitán Humberto Viola, María Cristina Picón, y María Fernanda Viola, entre otras personas.
Mientras tanto, a pedido de la acusación, serán citados para que brinden su testimonio el escritor Ernesto Sábato y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que integraron la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y fueron responsables del informe denominado "Nunca Más". Se calcula que serán unos 50 los testigos.
Ambos políticos peronistas fueron aceptados (y serán citados) por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal como testigos en el nuevo juicio por violaciones a los derechos humanos contra Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Bussi, Albino Mario Zimmerman, Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz, Alberto Luis Cattáneo, Luis Armando y Carlos De Cándido, cuyo comienzo está previsto para mediados de setiembre. Todos están imputados (en 14 causas) por distintos delitos vinculados con el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía entre 1975 y 1979. Las víctimas fueron 17 personas que sufrieron secuestro, torturas o desaparición. Mientras tanto, a María Elena Guerra se le imputa la usurpación de una propiedad.
La estrategia defensiva (planteada por el abogado de Menéndez, Horacio Guerineau) se basará en el argumento de que militares y policías actuaron en cumplimiento de la orden de un gobierno constitucional.
El tribunal estará conformado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi (reemplaza a Alicia Noli, quien se excusó de intervenir. Se trata de los mismos jueces que condenaron hace un año a Bussi y a Menéndez por el secuestro y desaparición de Guillermo Vargas Aignasse. En cambio, aún está en debate si, como sucedió en 2008, actuará como fiscal federal Alfredo Terraf, que ahora fue recusado por Bussi.
Citación a escritores
Guerineau pretende también que se cite a la propia ex Presidenta, que reside en España. La decisión sobre la aceptación de la testigo ofrecida fue derivada por Casas (presidente del TOF) al plenario del tribunal. La importancia del testimonio radica en el marco histórico en el que transcurrió su trunca presidencia.
Casas ya ha admitido la participación como testigos (ofrecidos por las defensas de los imputados) de la esposa e hija del capitán Humberto Viola, María Cristina Picón, y María Fernanda Viola, entre otras personas.
Mientras tanto, a pedido de la acusación, serán citados para que brinden su testimonio el escritor Ernesto Sábato y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que integraron la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y fueron responsables del informe denominado "Nunca Más". Se calcula que serán unos 50 los testigos.
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