01 Agosto 2009
MIAMI, Estados Unidos.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció en contra del proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" que impulsa el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por considerarlo un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos, al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural.
"Se trata de un golpe devastador contra lo que queda de democracia en Venezuela", sintetizó el titular de la SIP, Enrique Santos Calderón, tras subrayar que la comunidad internacional ya no debe sentirse sorprendida por la forma en que Chávez continúa atacando las pocas libertades que le quedan a los ciudadanos venezolanos.
Según Calderón, del diario colombiano "El Tiempo", la iniciativa presentada por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, viola el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión; legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes; promueve la autocensura y revierte la tendencia actual en América Latina por despenalizar los delitos contra la prensa, ajustándose a los estándares interamericanos sobre la materia.
Cuatro años de cárcel
Se estima que seguramente el Congreso venezolano, de hegemonía oficialista, aprobará el "Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos", que en sus 17 artículos contempla, entre otras cosas, penas de hasta cuatro años de cárcel para quienes, a través de los medios de comunicación, divulguen información "falsa que produzca un perjuicio a los intereses del Estado". Robert Rivard, vocero de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se comenten a través de la prensa, que ya están regulados por leyes. "Esta ley crea en Venezuela ciudadanos de distintas categorías, al crear un marco legal diferente en contra de medios y periodistas", denunció.
El artículo cuarto del proyecto contempla sanciones "contra las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social". La SIP viene continuamente denunciando la estrategia seguida por Chávez en sus 10 años de gobierno para maniatar a la prensa. (Especial para LA GACETA)
"Se trata de un golpe devastador contra lo que queda de democracia en Venezuela", sintetizó el titular de la SIP, Enrique Santos Calderón, tras subrayar que la comunidad internacional ya no debe sentirse sorprendida por la forma en que Chávez continúa atacando las pocas libertades que le quedan a los ciudadanos venezolanos.
Según Calderón, del diario colombiano "El Tiempo", la iniciativa presentada por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, viola el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión; legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes; promueve la autocensura y revierte la tendencia actual en América Latina por despenalizar los delitos contra la prensa, ajustándose a los estándares interamericanos sobre la materia.
Cuatro años de cárcel
Se estima que seguramente el Congreso venezolano, de hegemonía oficialista, aprobará el "Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos", que en sus 17 artículos contempla, entre otras cosas, penas de hasta cuatro años de cárcel para quienes, a través de los medios de comunicación, divulguen información "falsa que produzca un perjuicio a los intereses del Estado". Robert Rivard, vocero de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se comenten a través de la prensa, que ya están regulados por leyes. "Esta ley crea en Venezuela ciudadanos de distintas categorías, al crear un marco legal diferente en contra de medios y periodistas", denunció.
El artículo cuarto del proyecto contempla sanciones "contra las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social". La SIP viene continuamente denunciando la estrategia seguida por Chávez en sus 10 años de gobierno para maniatar a la prensa. (Especial para LA GACETA)
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