Dos de los nuevos funcionarios tienen causas en la Justicia

BUENOS AIRES.- Julio Alak, nuevo ministro de Justicia, y Jorge Coscia, flamante secretario de Cultura, enfrentan causas pendientes en la Justicia Federal.
Coscia, designado en reemplazo de José Nun, tiene tres causas penales, una de ellas por supuesto enriquecimiento ilícito, mientras que Alak fue denunciado por incumplir presuntamente una orden judicial de reincorporar a trabajadores a Aerolíneas Argentinas, empresa que presidía hasta ayer.
Al nuevo secretario de Cultura se lo investiga en tres causas derivadas de su paso el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Dos de las causas contra Coscia, quien ejercía como diputado nacional por el Frente para la Victoria porteño, se vinculan a presuntas irregularidades en la administración del presupuesto del Incaa y son tramitadas en el juzgado de Norberto Oyarbide, mientras que la otra está en manos del magistrado Claudio Bonadío.
Las investigaciones se iniciaron a partir de los estudios y análisis que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) hicieron sobre la administraciones de los fondos del Incaa, además de la entrega de subsidios y en las compras y contrataciones.
Esa causa, está pendiente de resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que debe expedirse sobre la apelación hecha por el fiscal federal Eduardo Taiano, al considerar prematuro el sobreseimiento dictado por Oyarbide, y solicitó que se realicen pericias sobre las cuentas del Incaa.
Director de la película 'Luca Vive', Coscia llegó al Incaa en marzo de 2002 de la mano del entonces presidente Eduardo Duhalde y prosiguió con Néstor Kirchner, cuando logró para el instituto un aumento considerable de presupuesto y la autarquía en el manejo de esos fondos, que actualmente llegan a unos U$S 50 millones.
En la causa a cargo de Bonadío se investiga si Coscia manejó en forma discrecional la millonaria caja de créditos y subsidios del Incaa para la industria cinematográfica, un mecanismo indispensable para los cineastas que pretenden llevar sus ideas al celuloide y que en la jerga del ambiente es conocido como "3-J", por el artículo tercero, inciso J, de la Ley de Cine.
Esa norma permite la entrega de subsidios directos por parte de las autoridades del Incaa a los cineastas y, justamente, en la causa están bajo la lupa del juzgado unos 300 expedientes sobre ayudas monetarias, por valores que en cada caso van desde $ 500.000 a $ 3 millones, indicaron fuentes judiciales.
Sobre la evolución del patrimonio de Coscia, se investiga si hacia el final de su gestión en el Incaa compró una casona en el barrio porteño de Colegiales; otra casa en Pinamar; una camioneta 4x4; un automóvil importado; y si fundó una productora audiovisual.
En el caso de Alak, la causa se inició cuando fue denunciado porque se habría rehusado a reincorporar a un grupo de empleados que habían sido separados de Aerolíneas en 2005, a instancias del propio sindicato, por no haberse plegado a un conflicto cuando la empresa estaba aún en manos de la española Marsans.
Un fallo de la Justicia laboral ordenó la reincorporación de los trabajadores, pero al frente de Aerolíneas ya reestatizada, Alak no cumplió con esa decisión. La denuncia, que también recayó ante Oyarbide, apunta a la figura de desobediencia a una orden judicial, que contempla penas de prisión de entre 15 días y un año. (DyN)